Opinión

El viernes pasado leí, con gran sorpresa, que se atribuía al “catedrático de la Facultad de Derecho, Óscar Sarlo”, la afirmación de que “la Ley de Caducidad “fracturó a la academia” y la dejó “casi sin Cátedra de Derecho Constitucional”, porque “el Derecho terminó siendo absorbido por la política”. A pesar del entrecomillado que figura en el original, espero que las citas sean erróneas, porque su contenido es absolutamente falso. La “Ley de Caducidad” (mejor llamada “de impunidad”) no “fracturó a la academia”.

Esquina de Zelmar Michelini y San José a las 15.00 de ayer en pleno Centro de Montevideo. “¿Una moneda?”, preguntó. Un muchacho que pasaba por ahí -que minutos después se llamaría Maximiliano y contaría que estaba haciendo trámites- paró y le extendió la mano. Pasé por atrás y algo extraño me llamó la atención. Me detuve. En la cabeza la señora que pedía una moneda tenía un corte muy profundo, sangrante, encima de la ceja izquierda. El muchacho también se detuvo. “¿Qué te pasó?”, le preguntamos a la mujer que ahora se llama Laura y que vive en la calle y que va a un refugio por las noches y que está vestida con ropa que le queda grande y apenas se le sostiene puesta. Dice que la atropelló un taxi por la madrugada y que el conductor no se detuvo.

El 30 de abril de 2013 quedará guardado en la memoria por ser la primera vez que se celebró el Día del Trabajador Rural en Uruguay. Es un hecho que, sin lugar a dudas, tuvo un impacto simbólico, entre otras cosas debido a la presencia del presidente José Mujica durante la celebración. Más allá de lo anecdótico, el tratamiento parlamentario de la Ley 19.000 (que consagra el Día del Trabajador Rural el 30 de abril de cada año) dejó en evidencia algunos problemas de claridad conceptual.