Opinión

Necesitamos una cultura de cuestionamiento radical ante las voces que dicen hablar por la “opinión pública”. Necesitamos desnaturalizar el poder simbólico acumulado por el complejo mediático-encuestador para legitimar otras maneras de entender y hacer la política.

Para muchísimos uruguayos, el domingo 26 de octubre se acabó una ilusión. Esos uruguayos vivían (vivíamos) en una especie de burbuja, en una realidad imaginaria. Hay un cierto consenso entre los analistas en que los resultados de las elecciones de ese domingo mostraron que el Uruguay real es un país mucho más corrido a la izquierda de lo que la mayoría de los uruguayos creía hasta entonces. Para muchos fue una grata sorpresa; para otros, una constatación terrible. Para casi todos fue algo así como el desmoronamiento de un mundo ficticio. Porque hasta entonces creían (creíamos) estar viviendo en un país que en realidad no existe.

Hace no mucho tiempo, el apoyo de la ciudadanía al proyecto de aplicación del código penal adulto a menores de edad presentado por Lacalle y Bordaberry contaba, según encuestas, con más de 65% de apoyo popular. Quizás el elemento sorpresa para la izquierda descansaba en el posicionamiento favorable a priori de electores de todos los partidos: los frenteamplistas marcaban porcentajes de apoyo superior a 50%. Sin embargo, el domingo 26 de octubre la propuesta fue derrotada de forma contundente en las urnas, al no alcanzar el umbral constitucional establecido de más de la mitad de los votos emitidos. ¿Por qué no salió la baja, si era un tema transversal a los partidos?

Se ha dicho muchas veces desde las elecciones que la situación del Partido Colorado (PC) es delicada. Esto es evidente para cualquiera que haya visto los resultados, pero creo que todavía no se ha tomado conciencia de la magnitud de la catástrofe que sufrió el partido de Rivera y Batlle y de sus perspectivas de recuperación.

El Estado es un instrumento de poder, por más que se omita toda consideración a palabras que no suenan demasiado new age como “clases” y “lucha”. Por más que se asegure que juega para todos y que el encuentro en él es posible, el Estado es un juez que hace más que aplicar reglas: las define, y esa definición es intrínsecamente política. Es juez y parte, siempre.

Como es público y notorio, los resultados electorales del 26 de octubre no coincidieron con lo que mucha gente esperaba, y está en curso un debate para identificar quiénes fueron responsables de esto. Muchos señalan a las empresas encuestadoras, otros apuntan hacia los analistas, hay quienes atribuyen culpas a los dueños de los medios de comunicación masivos. Es oportuno considerar también el papel que desempeñamos los periodistas.

En Uruguay las encuestadoras cambian sus pronósticos con los resultados del trabajo de campo a la vista: con los resultados a la vista, el encuestador jefe y sus allegados cercanos van puliendo el resultado, multiplicando a los distintos grupos hasta que el valor les resulta razonable.

Las fojas leídas no dejan lugar a dudas: ustedes [Señores ministros José Balcaldi y William Corujo] fallan a favor de los explotadores, de los hombres que disfrutan de tener sexo con niñas, de aquellos que invocan como justificación el consentimiento de las víctimas entre engaños y regalos de todo tipo, incluyendo la provisión de alimentos (por si quedaba en duda la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las niñas explotadas).

Profesionales, políticos y periodistas tienen pleno derecho a criticar los resultados de los estudios previos, los pronósticos y las proyecciones. También deberían hacerlo con seriedad, sobre todo porque la gran mayoría de ellos ha usado la técnica como un insumo habitual para su trabajo.