Las definiciones que están y las que faltan en torno al sistema de ciencia, tecnología e innovación en Uruguay

Muchos de quienes nos dedicamos a la investigación científica y al desarrollo tecnológico vemos con satisfacción el énfasis que el gobierno del Frente Amplio (FA) pretende darles a la ciencia, la tecnología y la innovación (CTI). No es una sorpresa; más allá de las declaraciones, las bases programáticas del FA establecen claramente la importancia que estos temas deberían tener en un gobierno frenteamplista.

En el punto 3 del capítulo “Un país de capacidades, desarrollo sostenible y solidaridad” de las bases programáticas del FA, se enumera una serie de acciones y lineamientos, particularmente relevantes para potenciar el papel de la ciencia en el país. Entre otras cosas, se plantea la discusión de una Ley de Ciencia y Tecnología, la generación de proyectos de investigación y desarrollo orientados en torno a grandes desafíos nacionales, la integración de los pilares científicos y tecnológicos del país (la Universidad de la República, Udelar; el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, IIBCE; el Institut Pasteur de Montevideo, IP Mon; el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, INIA; el Laboratorio Tecnológico del Uruguay, LATU, etcétera) con las empresas públicas y el desarrollo de una institucionalidad para el sector que permita canalizar y articular el potencial del sistema público. Obviamente el sector privado tiene un papel que jugar, pero, como se indica en el programa del FA, subordinado a un modelo de desarrollo en el que el Estado tiene un rol central.

No solamente el gobierno y los empresarios reconocen la importancia de la CTI para los procesos de transformación y cambio. El PIT-CNT, en su reciente Congreso, plantea la necesidad de apalancar las políticas de transformación productiva y de desarrollo social en el sistema de CTI. Específicamente, la central sindical ha planteado la necesidad de un diálogo social tripartito que permita definir una estrategia nacional de desarrollo con base en las capacidades científicas nacionales. Parece haber un amplio consenso en torno a la importancia de generar e incorporar conocimiento en la definición e implementación de políticas públicas de desarrollo productivo.

Ciencia y desarrollo económico-productivo

Desde múltiples ámbitos se enfatiza, con fundamento, en la importancia de la CTI para el desarrollo económico-productivo del país. Sin duda, el efecto que puede tener vincular al sector académico al productivo es clave. Sin embargo, la necesidad de fortalecer la CTI excede largamente la importancia que esto pueda tener desde lo económico. Necesitamos a la ciencia y a las/los científicas/os trabajando en salud, ambiente, adicciones, educación, memoria histórica, nutrición, y muchos otros temas que hacen al desarrollo humano, social y cultural de nuestro país.

Más aún, en un mundo en donde campean la “posverdad” y el “terraplanismo”, necesitamos que la ciencia, es decir, esa manera que la humanidad ha desarrollado para acercarnos a la verdad con base en la argumentación lógica y las evidencias empíricas, nos ayude a navegar la complejidad actual y a tomar mejores decisiones.

Pensar el sistema de CTI con una visión sólo económico-productiva restringe el potencial del sector académico de impactar sobre intangibles tan importantes como el desarrollo del pensamiento crítico en la sociedad o la capacidad de apreciar la naturaleza.

Los enunciados acerca de la relevancia de la CTI tienen, obviamente, que ser bajados a tierra a través de instrumentos y políticas concretas. Este proceso puede ser encarado desde perspectivas diferentes, con énfasis y prioridades distintas. Hay que discutir qué institucionalidad se construye para promover la CTI y cómo debería ser su gobernanza, cuántos recursos se asignan a cada letra del acrónimo (ciencia, tecnología e innovación), qué disciplinas o interdisciplinas se favorecen y cómo se integra la academia con el sector productivo. Estas cuestiones deberían hacerse explícitas y habilitar su discusión.

En esa discusión es clave la visión y propuesta del gobierno, pero también es fundamental incorporar a quienes son parte de la generación de conocimiento y tecnología y a quienes los demandan. Es crítico entonces convocar a los y las investigadores e investigadoras, al sector político, al productivo (público y privado), a los educadores y a los trabajadores organizados. Prescindir de estos actores en la discusión del diseño de la institucionalidad y gobernanza del sistema de CTI y, especialmente, de la definición de los grandes desafíos nacionales de investigación y desarrollo tecnológico puede generar políticas subóptimas o de bajo consenso en un tema que se reconoce como central.

Énfasis controvertidos

Celebramos la proactividad del gobierno, canalizada a partir del asesor presidencial Bruno Gili, en torno al diseño de una nueva institucionalidad para el sector de CTI y a las políticas a implementar. En una entrevista en la diaria Gili destaca la necesidad de ampliar la cantidad de investigadores e investigadoras, de aumentar el presupuesto dedicado al sector y de transformar la matriz productiva, todos aspectos de enorme importancia. La lectura del artículo citado y de algunas entrevistas previas muestra, a su vez, algunos énfasis controvertidos que aquí se abordan.

1) Una visión fundamentalmente instrumental y económica de la importancia del sistema CTI. El agregado de valor, la productividad del trabajo y el desarrollo de capital humano son los aspectos más destacados del papel de la CTI. El valor de la CTI en las dimensiones culturales, humanas, sanitarias o ambientales queda invisibilizado y/o marginado en una visión centrada en lo estrictamente empresarial y financiero.

2) La mención destacada de la innovación y la capacidad innovadora sugiere un desbalance, al menos en lo discursivo, entre las letras del acrónimo CTI en favor de la I final. Esto es un riesgo: sin una ciencia fuerte, se compromete el desarrollo tecnológico y, por lo tanto, la innovación en cualquier ámbito de la vida económica, cultural y social.

3) Una gran confianza en el sector empresario privado como motor de la incorporación de conocimiento en el sector productivo, fundamentalmente a través de su rol “innovador”. En los últimos años el nivel de innovación (e inversión) privada en CTI fue bajo. Evidentemente, la capacidad innovadora del sector empresarial tiene limitaciones. Más allá de los incentivos implementados por parte de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) u otras agencias, la inversión privada en este aspecto no es relevante. Hay distintos factores que pueden explicar esto. Una baja dotación de capital y un mercado potencial pequeño para las empresas nacionales que restringe el desarrollo de departamentos de investigación y desarrollo (I+D) es una de las explicaciones. La inversión privada en ciencia y tecnología en el mundo es liderada por grandes compañías (multinacionales farmacéuticas, de biotecnología agrícola, TIC, tecnologías militares). Los laboratorios de I+D de esas empresas se instalan, fundamentalmente, en sus casas matrices. Esta es otra explicación potencial de la baja inversión privada en CTI en un país periférico como Uruguay. Las únicas empresas que tienen en Uruguay el tamaño y el mercado como para hacer ciencia y desarrollo de tecnologías son las empresas públicas. Es desde ese lugar, las empresas públicas, desde donde se puede traccionar la innovación pública y privada.

Hay temas que, por ahora, no aparecen en el discurso del contador Gili. Por ejemplo, se enfatiza en el rol de empresarios, pero se omite mencionar el papel de los principales actores en la generación y transferencia del conocimiento: la Udelar, el IIBCE, el INIA, el LATU, el IP Mon, etcétera.

Otros ausentes en el discurso, clave cuando se enfatiza en lo productivo, son los trabajadores organizados. Los sindicatos tienen un papel central en definir objetivos y caminos de aumento de la productividad, en evaluar y problematizar los impactos de los cambios tecnológicos, en los procesos de formación y desarrollo de capacidades humanas, etcétera.

Otro aspecto que se extraña en la discusión de la orientación de la política científica que promueve Gili es una mención a cuáles serán los desafíos nacionales de investigación y desarrollo tecnológico, o cómo se procesará su definición. Este es un tema crítico. ¿En torno a qué temas se promoverá innovar? ¿En cuestiones informáticas asociadas a la operación de fintechs o en las tecnologías para transiciones agroecológicas en rubros exportables? La promoción por parte del Estado de la innovación privada debe estar claramente orientada a satisfacer necesidades específicas alineadas con los desafíos estratégicos de investigación y desarrollo.

En un plano más operativo faltan señales acerca de los mecanismos que permitan la inserción de jóvenes investigadoras e investigadores al sistema, la recuperación/integración de la diáspora científica, la integración de investigadores formados en ministerios y empresas públicas, la definición y financiación de una carrera científica integral (desde la beca de iniciación a la inserción en el sistema).

Faltan definiciones, es cierto, pero hemos avanzado. Hace cinco años, en el sistema de CTI discutíamos y nos movilizábamos en contra del decreto promovido por el entonces director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie, que fijaba un límite máximo de ejecución presupuestal para el ejercicio 2020 en el 85% de los créditos comprometidos del ejercicio 2019. De enfrentar los recortes en 2020 pasamos hoy a discutir cómo y cuánto aumentamos el presupuesto de CTI y cuál debería ser el arreglo institucional para el sector. ¡No es poco el avance!

José Paruelo es investigador del INIA, profesor grado 5 del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias de la Udelar y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel III.