En noviembre de 2019, Milton Cumellas, un trabajador que entonces tenía 31 años, cayó desde un andamio ubicado a más de tres metros de altura, tras haber recibido una potente descarga eléctrica mientras realizaba tareas de pintura en la pared exterior de un galpón perteneciente al Parque Industrial de Juan Lacaze.

Si bien el edificio en el que está enclavado ese complejo pertenece a la comuna coloniense, en ese momento su funcionamiento era gestionado por la Agencia de Desarrollo Económico (ADE) local.

Según recordaron miembros de ADE a la diaria, Cumellas “sufrió el accidente en un galpón que había sido devuelto por la agencia a la Intendencia de Colonia para transformarlo en depósito de maquinaria municipal”.

En ese momento, el joven trabajador cumplía tareas para una supuesta empresa perteneciente a su padre –Milton Cumellas Barreto– que había sido contratada por la Intendencia de Colonia.

De acuerdo a la documentación a la que tuvo acceso la diaria, Cumellas padre presentó la cotización para hacer ese trabajo al entonces director del taller municipal, Hugo Durán, a nombre de la empresa Río Turbio Servicios y Mantenimiento, un emprendimiento que no figuraría en el Registro Único de Proveedores del Estado (Rupe).

Tras la caída, en primera instancia Cumellas fue socorrido por integrantes de Prefectura Nacional Naval, cuya base se encuentra ubicada a unos 200 metros de ese lugar, y por personal de salud.

Producto de la potente descarga eléctrica recibida y de la caída, el joven sufrió daños en diferentes órganos y múltiples fracturas que pusieron en riesgo su vida y que implicaron una larga internación en unidades de cuidados intensivos (CTI).

“Cuando internaron a mi pareja en la mutualista, la médica que lo atendió dijo que él tenía cobertura por Fonasa porque yo lo había registrado junto a mis hijos, pero que él estaba en negro, que no tenía cobertura ni del Banco de Previsión Social [BPS] ni del Banco de Seguros del Estado [BSE]”, relató Melani Zurbrigk, pareja de Cumellas, a la diaria.

A cinco años del accidente, Cumellas padece secuelas que le impiden trabajar en la construcción, así como cualquier otro tipo de tareas que impliquen esfuerzo físico sostenido.

En 2022, el trabajador y su pareja, con el patrocinio de los abogados Fernando Blanco y Mónica García Zapata, entablaron una demanda laboral contra Cumellas padre, así como contra Hugo Durán y la Intendencia de Colonia. Posteriormente, Zurbrigk, con la asesoría de García Zapata, también inició una demanda penal contra su suegro. Ambas demandas se sustancian en el Juzgado Letrado de Rosario.

Lista de proveedores

Juan Lacaze ha sido un territorio poco fértil para las pretensiones del Partido Nacional (PN) de tomar el control de su municipio, que está en manos del Frente Amplio (FA) desde 2010, cuando se implementaron los gobiernos locales.

Casi un año después del accidente, en la última elección municipal celebrada en setiembre de 2020, el moreirismo pretendió competir con la coalición de izquierda en esa localidad presentando una lista encabezada por Mario Clara, un exfrenteamplista, hijo de un legendario militante sindical y comunista local, Lorenzo Clara, ya fallecido.

La lista 3904 B, encabezada por Clara, estuvo mayoritariamente integrada por proveedores de servicios de la comuna coloniense y por funcionarios de ese organismo.

Milton Cumellas padre estaba inscrito en esa hoja de votación, así como otros empresarios locales que también han sido contratados en los últimos años por la Intendencia de Colonia para distintos tipos de tareas.

En tanto, Clara, tras haber perdido la elección con el FA, hace un par de años se transformó en el gerente del Parque Industrial, que desde 2021 es gestionado únicamente por la Intendencia de Colonia.

Para los ediles de la oposición, el parque industrial sabalero se ha transformado en una suerte de comité político que ofrece oportunidades laborales a los militantes nacionalistas.

Demanda y presiones

Los últimos cinco años han sido muy duros para Melani Zurbrigk, una joven que se desempeña como empleada en una red de cobranzas. Además de hacer frente al sostén del hogar, al cuidado de los hijos y de su marido, ha tenido que lidiar con presiones realizadas por familiares de su pareja y de actores vinculados a la comuna coloniense para que “retiremos las demandas que hemos presentado”, según relató a la diaria. “Era una situación totalmente irregular, y alguien tiene que hacer frente a lo que sufrió mi pareja y nuestra familia por ese accidente”, dijo. “Han llegado al punto de negar que él estaba trabajando para su padre, quien había sido contratado por la intendencia, y que estaba totalmente en negro”, agregó.

La mujer ha recibido “amenazas del ámbito familiar y político”, “llamadas desde varios números y seguimiento de un vehículo”, que “tuve que denunciar”. Además, jerarcas, ediles y funcionarios de la comuna coloniense pertenecientes al PN “presionan y cuestionan por haber presentado las demandas” y “también nos ofrecen cosas que nunca hemos pedido”, dijo Zurbrigk, y relató: “En los últimos días un funcionario de la Dirección de Acción Social de la intendencia me llamó para decirme que harían una visita a mi casa para darnos una ayuda”, a pesar de que “nosotros nunca pedimos nada”. “Es evidente que están buscando que retiremos la demanda”, subrayó.

Proceso legal

En diálogo con la diaria, el abogado Fernando Blanco, uno de los patrocinantes en la demanda laboral, estimó que a mediados de este año la Justicia emitirá un fallo de primera instancia.

“Actualmente estamos aguardando pericias que fueron encargadas al Instituto Técnico Forense [ITF] para determinar el estado de salud actual y el pronóstico para el futuro” de Cumellas. “Una vez que estén prontas las pericias del ITF no habrá más prueba para diligenciar, y se fijaría fecha para alegatos para las partes, así como el día de sentencia”, agregó.

La demanda apunta a lograr un resarcimiento por “lucro cesante, daño moral, daños y perjuicios generados por el accidente”.

El abogado comentó que “ya declararon los testigos propuestos” por las partes. “La Intendencia de Colonia ha realizado una defensa formal” en este caso, “pero no controvierte el fondo del asunto, sobre la culpa grave que tuvo en este accidente debido a la omisión de la seguridad del joven en el trabajo”, donde “no contaba con las condiciones mínimas para cumplirlo”.

Según Blanco, “está claro que las reparaciones que estaban haciendo en el parque industrial de Juan Lacaze fueron pagadas por la Intendencia de Colonia, y están los comprobantes correspondientes”.

“No hubo ningún tipo de control de la intendencia; no controló la situación de los trabajadores, ni inscripción en BPS, BSE, que la empresa pagara los salarios tal como lo exige la ley de tercerizaciones. Nosotros estamos convencidos de que hubo una tercerización, por eso está demandada la Intendencia de Colonia, y por tanto debe aplicarse la responsabilidad solidaria o subsdiaria” ante los incumplimientos de la empresa subcontratada, consideró.

A pesar de la grave omisión en la que habría incurrido Cumellas padre, dos años después del grave accidente sufrido por su hijo, en 2021, ya con una empresa registrada a su nombre, la comuna coloniense lo contrató para realizar tareas de reparación en una oficina ubicada en Colonia del Sacramento, de acuerdo a lo registrado en el sitio web Compras Estatales.