La semana pasada, el alcalde de Carmelo, Pablo Parodi, solicitó ante la Comisión Especial de Ambiente de la Cámara de Diputados la extracción de tres embarcaciones abandonadas en el arroyo Las Vacas.
Durante su comparecencia, Parodi recordó que los barcos permanecen en la zona desde 2006 y que en 2018 protagonizaron un incidente grave al desprenderse y chocar contra el emblemático puente giratorio de Carmelo, ubicado en el principal acceso a la ciudad.
El alcalde advirtió además que las embarcaciones continúan deteriorándose, con derrames de óxido y residuos que afectan la calidad del agua. En episodios de crecida, esa contaminación ha llegado a viviendas cercanas, lo que agrava el impacto ambiental y sanitario.
Tras la exposición de Parodi, el diputado del Partido Nacional Mario Colman adelantó que estos planteos serían trasladados al ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, en la reunión mantenida el martes 14 en el Parlamento. En esa instancia, la Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados recibió a Ortuño junto a su equipo. Allí, el director de la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental, Alejandro Nario, explicó que, una vez resuelta la situación judicial –algo que, estimó, podría ocurrir este año–, la Dirección Nacional de Hidrografía (DNH) del Ministerio de Transporte y Obras Públicas avanzará con el retiro de las embarcaciones.
En diálogo con la diaria, Nario explicó que en esa reunión que se desarrolló en el Parlamento “informamos que, en cuanto se solucione la situación judicial que hay sobre este tema –que esperamos que sea este año–, la DNH va a instrumentar el retiro de los barcos”.
Nario comentó que “la historia que hay detrás de todas estas embarcaciones la conozco muy bien”, porque cuando “fui director de la Dirección Nacional de Medio Ambiente, entre 2015 y 2020, se dio el suceso del accidente de los tres barcos con el puente”.
Nario recordó que los inconvenientes se originaron en 2017, cuando las embarcaciones del astillero Maffoni fueron rematadas y adquiridas por privados, lo que derivó posteriormente en dificultades de mantenimiento.
A partir de esa situación, y ante problemas similares ocurridos en distintos puntos del país, la DNH obtuvo financiamiento para retirar las naves abandonadas. De las diez embarcaciones que estaban en el lugar, siete ya fueron removidas. Las tres restantes, explicó Nario, no pudieron ser retiradas debido al litigio judicial vigente sobre su propiedad. “Esa maraña jurídica es la que hoy impide actuar”, indicó.
Mientras tanto, las embarcaciones son monitoreadas por la Subprefectura de Carmelo, que interviene bajo protocolos establecidos ante eventuales situaciones de riesgo o contaminación.
“La situación actual es que los fondos presupuestales están disponibles y se han mantenido durante esta administración, pero no podemos iniciar el retiro hasta que se resuelvan los aspectos judiciales”, concluyó Nario.