La diputada frenteamplista Tatiana Antúnez y el senador suplente Claudio Arbesún, ambos de la lista 1001 del Frente Amplio (FA), recorrieron recientemente la Unidad 14 de Piedra de los Indios, en el departamento de Colonia, acompañados por la presidenta del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Ana Juanche. La visita se produjo luego de que dirigentes locales plantearan a los legisladores su preocupación por la situación que atraviesa el establecimiento penitenciario.
En diálogo con la diaria, Antúnez describió un escenario marcado por el deterioro edilicio, el hacinamiento y las dificultades para garantizar condiciones mínimas de reclusión. “Lo primero con lo que te encontrás es con un gran deterioro del centro en sí”, señaló. La legisladora explicó que la cárcel fue concebida para albergar entre 100 y 150 personas, pero actualmente tiene 332 internos.
Relató que durante la recorrida ingresaron a los distintos módulos e intercambiaron con personas privadas de libertad. Allí constataron que varias de ellas duermen en el piso y que, para enfrentar la sobrepoblación, se instalaron estructuras de tres y hasta cuatro niveles de cuchetas. “Terminan siendo torres casi tocando el techo para evitar que duerman en el piso”, comentó.
Antúnez también observó graves problemas en la infraestructura de servicios. Mencionó el deterioro de la cocina, fallas eléctricas recurrentes, baños en mal estado y filtraciones de agua cuando llueve. Para la diputada frenteamplista, el hacinamiento termina desbordando todos los servicios de la unidad y afecta la alimentación, la higiene, la convivencia y el propio mantenimiento del edificio.
La diputada sostuvo que la situación actual de Piedra de los Indios refleja “problemas más amplios del sistema penitenciario uruguayo. A su juicio, los cambios introducidos durante el período anterior en materia penal a través de la ley de urgente consideración (LUC), especialmente para delitos vinculados al microtráfico de drogas, contribuyeron al crecimiento de la población carcelaria sin que existiera una planificación adecuada para alojar a los nuevos reclusos.
“Cuando vos cambiás la política criminal de cualquier país deberías planificar cuál va a ser la respuesta que vas a dar, ya que si vas a tener más gente privada de libertad deberías haber resuelto antes en qué condiciones iban a estar esas personas privadas de libertad. Eso no pasó”, afirmó.
Durante la recorrida, la delegación se reunió con familiares de personas privadas de libertad. Antúnez señaló que una parte importante de los internos son jóvenes, especialmente en el módulo destinado a primarios. “Muchas de las historias que escuchamos refieren a personas con escasos recursos, baja escolarización y condenas vinculadas a delitos menores asociados al mercado de drogas”, detalló la diputada.
La legisladora expresó preocupación por la imposibilidad de realizar una adecuada clasificación de los internos debido a la falta de personal y al volumen de ingresos. Explicó que hoy en día el establecimiento carece de dirección estable y “tampoco cuenta con el equipo técnico necesario para elaborar informes y hacer seguimientos destinados a los juzgados”.
“Por la cantidad de gente que ingresa y por la cantidad de gente que hoy hay presa en esta cárcel en particular, no están pudiendo ni siquiera clasificarla”, sostuvo. Agregó que los funcionarios también trabajan bajo una fuerte presión, concentrados principalmente en tareas de seguridad y control.
Otro de los aspectos que impactaron a la diputada fue la situación de las mujeres privadas de libertad y de los niños que viven junto a sus madres dentro del establecimiento. Antúnez señaló que, aunque los menores acceden a actividades fuera de la unidad, como ir a los centros CAIF, su vida cotidiana transcurre “en un entorno atravesado por gritos, rejas y conflictos permanentes”.
La recorrida permitió constatar situaciones extremas derivadas de la sobrepoblación. Antúnez relató que la antigua sala de visitas debió ser transformada en alojamiento para internos y que hay personas que pasaron meses sin acceder al patio ni a la luz solar. También recogieron reclamos por la falta de colchones, frazadas y abrigo ante la llegada del invierno.
Antúnez destacó el involucramiento de la presidenta del INR, quien permaneció en el establecimiento recabando demandas y coordinando respuestas inmediatas para algunas de las necesidades planteadas. No obstante, la legisladora frenteamplista consideró que las soluciones de fondo requieren una combinación de reformas normativas, inversión edilicia y aumento de recursos humanos.
La diputada respaldó iniciativas parlamentarias orientadas a revisar aspectos de la legislación vigente sobre microtráfico y ampliar el uso de medidas alternativas a la prisión en determinados casos. Asimismo, valoró proyectos destinados a favorecer la inserción laboral de personas liberadas, aunque advirtió que la rehabilitación resulta difícil cuando las condiciones de encierro son tan precarias.
“Si la gente viera más cómo se dan estos procesos que en teoría se llaman de rehabilitación, se daría cuenta de que la cárcel no va a resolver ningún problema de esa naturaleza; al contrario, los va a agravar”, afirmó.
Antúnez valoró los esfuerzos del INR para atender la situación de las cárceles más comprometidas –entre las cuales se encontraría la Unidad 14– y destacó que se está formando nuevo personal penitenciario y policial para incorporarse al sistema.
También mencionó programas impulsados por el gobierno para fortalecer los procesos de egreso e inserción social de las personas privadas de libertad. Sin embargo, advirtió que las respuestas previstas aún son insuficientes frente a la magnitud del problema. “Las iniciativas son muy positivas, muy auspiciosas, pero también es necesario que el sistema carcelario funcione mejor. Eso requiere una inversión grande en recursos humanos y también en la parte edilicia”, sostuvo.
La legisladora agregó que “la cantidad de gente que está previsto que ingrese en función del presupuesto que está votado no va a ser suficiente”, en un contexto en el que Uruguay tiene cerca de 17.000 personas privadas de libertad.