Dos policías en actividad fueron condenados por los delitos cometidos el miércoles 19 en Rosario, cuando colocaron un falso artefacto explosivo en una automotora e intentaron rapiñar un local de cobranzas. Ambos recibieron una pena de 16 meses y 15 días de prisión efectiva, tras un proceso abreviado acordado con la fiscalía.
Uno de los policías involucrados en estos ilícitos prestaba servicios de carácter eventual, mientras que el otro cumplía funciones en una dependencia policial de Nueva Helvecia y, en el momento de los hechos, se encontraba certificado por licencia médica. El segundo de ellos ya había sido investigado y sancionado administrativamente meses atrás por exhibir en su vehículo particular adhesivos con simbología nazi –entre ellos un águila con una cruz de hierro– y mensajes discriminatorios.
El caso fue motivo de denuncias públicas y derivó en actuaciones de la Fiscalía de Rosario. En aquella oportunidad, la Jefatura de Policía de Colonia informó que el funcionario contaba con antecedentes de indisciplina y calificó el episodio de “procederes impropios de la ética policial y posible apología del nazismo”.
En una conferencia de prensa realizada este jueves, el jefe de Policía de Colonia, Paulo Costa, puso el foco en el impacto institucional del caso y condenó con dureza la corrupción policial. “Los corruptos no tienen lugar en la Policía”, afirmó, y sostuvo que, cuando este tipo de conductas son detectadas por la institución, “nos encargamos, dentro de la legalidad y los derechos humanos, primero desde la persecución penal, de condenarlos y formalizarlos si corresponde, y después, desde la institución, de sacarlos de nuestras filas”.
Costa recordó conceptos del exdirector nacional de Policía Julio Guarteche, a quien definió como “uno de los principales líderes de la Policía Nacional”, y citó una de sus reflexiones sobre el tema: “La corrupción es el principal delito a combatir”. Según expresó, este tipo de prácticas “debilitan la institución” y afectan tanto los derechos de los ciudadanos como la seguridad de los funcionarios policiales.
“Sin duda, esto afecta lo institucional”, reconoció el jerarca policial al ser consultado sobre las consecuencias del caso en la imagen de la Policía. No obstante, remarcó que la Jefatura de Policía de Colonia trabaja “firmemente para combatir el crimen” junto con la Fiscalía y el Poder Judicial.
Por su parte, el fiscal de Rosario, Hugo Pereira, explicó que la investigación comenzó el 19 de mayo, cuando la Policía fue alertada sobre daños en una automotora y la presencia de un supuesto artefacto explosivo. Aproximadamente 40 minutos después, ocurrió el intento de rapiña a dos trabajadoras de un local de Abitab de esa ciudad.
Según detalló el fiscal, el trabajo de la Unidad de Investigaciones de Zona 2 permitió establecer rápidamente que quienes habían dejado el artefacto eran las mismas personas que intentaron cometer la rapiña. A partir del relevamiento de cámaras de videovigilancia, vigilancia y tareas de calle, los investigadores lograron identificar a los sospechosos durante la tarde de ese mismo día y constataron que ambos eran funcionarios policiales.
Pereira señaló que posteriormente se solicitaron allanamientos y otras medidas judiciales que permitieron reunir “evidencia suficiente y objetiva” para imputar a ambos efectivos por “rapiña especialmente agravada en grado de tentativa” y daños. Los dos imputados aceptaron los hechos y la condena propuesta por la fiscalía mediante un proceso abreviado.
Consultado sobre el supuesto explosivo hallado en la automotora, el fiscal indicó que, de acuerdo con los informes técnicos, el dispositivo “no iba a explotar nunca” y que pretendía funcionar “como un medio de distracción”.