Azul Cordo

El anteproyecto de ley integral contra la trata de personas estará redactado en noviembre.

El senador Sergio Botana presentó un proyecto de ley para procesar con prisión a padres o adultos responsables de adolescentes que comentan una infracción, como parte de una “batería de soluciones” para la seguridad pública. Organizaciones sociales opinan que la propuesta responde a la “alarma social” y fomenta el “populismo punitivo”.

En Uruguay, las mujeres realizan el 53% del trabajo remunerado y no remunerado. Las mujeres dedican unas 37 horas semanales al no remunerado y los varones, 20. En trabajo remunerado, ellas dedican en promedio 38 horas y ellos, 45. Éstos son algunos de los principales resultados que se desprenden del informe "Los tiempos del bienestar social: género, trabajo no remunerado y cuidados en Uruguay", que fue presentado ayer en la Torre Ejecutiva.

Washington Vázquez trabaja como limpiador desde hace 28 años en la Junta local de Centenario, un pueblo de 1.100 habitantes ubicado al noroeste de Durazno, a orillas del río Negro. En 2009, Miguel Denis ingresó como encargado de la Junta. Desde entonces, Vázquez registra varias situaciones de acoso moral laboral por las que ha acusado a ese funcionario ante la Policía y la Justicia. Las denuncias fueron infructuosas hasta junio de este año, cuando el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tomó cartas en el asunto.

Cientos de personas decidieron movilizarse en el 42° aniversario del golpe de Estado en Uruguay, para recordar la resistencia al terrorismo de Estado mediante la Huelga General, exigir la renuncia del ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro y reclamar cambios “en el rumbo de las políticas de derechos humanos”.

En diálogo con la diaria, los comisionados de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Jorge Cardona y Sara Oviedo, sostuvieron que el país necesita cambiar el paradigma tutelar de tratamiento hacia los niños y “crear las condiciones básicas" para que una serie de recomendaciones emitidas por el Comité de los Derechos del Niño de la ONU "hagan raíz en la sociedad”. Eso supone algo que todavía falta en Uruguay: “La inclusión y participación de niños y adolescentes en la toma de decisiones sobre políticas públicas que les competen”.

La pancarta quedó colgada en el ingreso al edificio ubicado en José Martí 3077: “Gavazzo: a donde vayas ¡¡te iremos a buscar!!”. Estaba dirigida al vecino del cuarto piso que quizá estaba de visita por dos días, luego de que el juez penal Martín Gesto dispusiera que la primera tobillera electrónica para un caso de salida transitoria especial domiciliaria fuera otorgada el viernes a José Gavazzo, privado de su libertad desde 2006 tras ser condenado por delitos de lesa humanidad.

El eje central de la Asamblea Nacional de Derechos Humanos fue la igualdad de trato y no discriminación, analizado en el abordaje de cinco temas: acceso a la Justicia; salud y salud mental; personas en situación de encierro o privadas de libertad; medioambiente y educación. Más de 100 personas integrantes de colectivos y organizaciones sociales se dividieron en cinco equipos de trabajo que discutieron y acordaron en subgrupos qué era imprescindible abordar respecto de cada uno de estos temas y qué papel debía jugar la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) en cada caso.

Detenciones arbitrarias, hostigamiento e incomunicación en comisarías por tiempo prolongado son situaciones que aparecen en relatos juveniles de Las Piedras. “Conocimos muchas historias de abuso y ahora pudimos comprobar que son ciertas”, dice John Díaz Cortés, educador del proyecto Minga, que el 5 de junio lo vivió en carne propia. Una camioneta policial llegó a su casa, donde estaba junto a uno de los adolescentes que participan en el mencionado proyecto salesiano.

El Ministerio del Interior (MI) es el organismo con mayor porcentaje de denuncias en su contra (16,5%) registradas por la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH). Estos datos pueden cruzarse con las denuncias por violaciones a la integridad personal, que representan 20,5% del total.

Se podría decir que la figura convocante fue la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, pero lo cierto es que ayer en el Paraninfo de la Universidad de la República (Udelar) se vivió la jornada de reflexión a 42 años del último golpe cívico militar en Uruguay desde la indignación ante ciertas continuidades represivas, la falta de verdad y justicia, y una insistencia casi oficial en formalizar la teoría de los dos demonios.

La Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) evaluó ayer en asamblea nacional de delegados que habrá una “profundización del conflicto” si no hay “avances sustantivos en los ámbitos de negociación”, dijo José Olivera, secretario general de ese gremio a la diaria. Se decidió realizar un paro general nacional de 24 horas, con movilización y eventual ocupación de centros de estudio en la última semana de junio. La medida se coordinará con otros sindicatos de la educación.

Siete de las 40 víctimas representadas por el abogado Pablo Chargoñia (que llevan adelante una denuncia contra 25 militares por delitos cometidos entre 1972 y 1985), pudieron efectuar ayer una inspección ocular en el Batallón de Infantería Blindada N° 13, autorizados por el juez penal de 2º Turno de Montevideo, Pedro Salazar. Chargoñia señaló que las “alteraciones en lugares de represión” son “perturbadoras” y exhortó a que el Ministerio de Defensa Nacional “resguarde” estos sitios.

“No se puede continuar con la respuesta represiva [hacia los adolescentes], como si ellos no fueran parte de la sociedad y como si ésta no fuera la responsable de que terminen agrediendo”, indicó el intendente electo de Montevideo, Daniel Martínez, en la apertura de un seminario que el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa) realizó ayer en la Intendencia capitalina.

El Consejo Nacional Consultivo de Lucha contra la Violencia Doméstica, integrado por el Instituto de las Mujeres y el Sistema Integral de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes contra la Violencia, entre otras instituciones y organizaciones de la sociedad civil, impulsará la creación de una ley integral contra la violencia de género, y ayer debatió la posibilidad de crear normas específicas contra la trata y explotación de personas, así como fortalecer la protección de niños, niñas y adolescentes.

Esta semana, Uruguay abrió el debate institucional en torno a incorporar la figura legal de feminicidio. La directora del Instituto de las Mujeres (Inmujeres), Mariella Mazzotti, afirmó que buscarán incorporar esta figura en el Código Penal y en el anteproyecto de una ley integral contra la violencia basada en género que presentarán al Parlamento a fines de este mes.