Azul Cordo

El directorio del INAU resolvió a comienzos de mes regularizar la situación de casi 1.300 trabajadores contratados como talleristas pero que cumplían funciones de arquitectos, obstetras, electricistas, diseñadores gráficos, educadores y cocineros, tanto en el INAU como en el Sirpa.

Para que el trabajo con adolescentes en conflicto con la ley sea “con compromiso y cargado de afecto”, según palabras de la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, ayer quedó constituida la Comisión Asesora Gubernamental del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa).

Las mujeres afrouruguayas siguen viviendo herencias de discriminación y desigualdad: una de cada cinco de las que están ocupadas se encuentran insertas en el sector del trabajo doméstico.

Legislada como un trabajo, vivida a veces como esclavitud, la prostitución es una práctica que tensiona a quienes la consideran un empleo -con sus respectivos derechos y obligaciones- y aquellos que ven detrás los hilos de las redes de trata y situaciones de explotación sexual que empiezan desde la infancia. “Un oficio particular para tomar desde la Sociología del Trabajo”, señaló Pablo Guerra, profesor de Relaciones Laborales en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República.

Mediante el análisis de 49 videos recogidos del canal oficial del Ministerio del Interior (MI) en Youtube, entre diciembre de 2014 y abril de 2015, cuyas imágenes de origen son los registros de las cámaras de videovigilancia instaladas en algunos barrios montevideanos, un estudio sociológico determina que estas producciones audiovisuales “crean una imagen positiva de la Policía y difaman la figura del delincuente”, constituyendo al Estado en “difusor y reproductor de la sensación de inseguridad, a la vez que se encarga de salvaguardar la vida de esa inseguridad”. Éstas son algunas de las conclusiones expresadas en “De Robocops y máquinas vigías. Sobre el control, la vigilancia y militarización policiales en la sociedad uruguaya”, ponencia que presentarán Gustavo Medina Pose y Sebastián Sansone, docente y estudiante, respectivamente, de la carrera de Sociología, en el III Congreso de Sociología.

El directorio del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) brindó ayer una conferencia de prensa en la que aceptó las recomendaciones emitidas en ocho informes por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), que depende de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), respecto de la situación en la que se encuentran 44 de los 182 centros del sistema de protección de tiempo completo para niños, niñas y adolescentes.

El jueves 16 el equipo de antropólogos de la Universidad de la República (Udelar) retomará las excavaciones en el Batallón de Infantería Nº 13 y en el Servicio de Materiales y Armamentos, confirmó a la diaria la titular de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente de Presidencia de la República, Isabel Wschebor. El juez Pedro Salazar ingresará al predio junto con el Grupo por Verdad y Justicia.

El anteproyecto de ley integral contra la trata de personas estará redactado en noviembre.

El senador Sergio Botana presentó un proyecto de ley para procesar con prisión a padres o adultos responsables de adolescentes que comentan una infracción, como parte de una “batería de soluciones” para la seguridad pública. Organizaciones sociales opinan que la propuesta responde a la “alarma social” y fomenta el “populismo punitivo”.

En Uruguay, las mujeres realizan el 53% del trabajo remunerado y no remunerado. Las mujeres dedican unas 37 horas semanales al no remunerado y los varones, 20. En trabajo remunerado, ellas dedican en promedio 38 horas y ellos, 45. Éstos son algunos de los principales resultados que se desprenden del informe "Los tiempos del bienestar social: género, trabajo no remunerado y cuidados en Uruguay", que fue presentado ayer en la Torre Ejecutiva.

Washington Vázquez trabaja como limpiador desde hace 28 años en la Junta local de Centenario, un pueblo de 1.100 habitantes ubicado al noroeste de Durazno, a orillas del río Negro. En 2009, Miguel Denis ingresó como encargado de la Junta. Desde entonces, Vázquez registra varias situaciones de acoso moral laboral por las que ha acusado a ese funcionario ante la Policía y la Justicia. Las denuncias fueron infructuosas hasta junio de este año, cuando el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tomó cartas en el asunto.

Cientos de personas decidieron movilizarse en el 42° aniversario del golpe de Estado en Uruguay, para recordar la resistencia al terrorismo de Estado mediante la Huelga General, exigir la renuncia del ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro y reclamar cambios “en el rumbo de las políticas de derechos humanos”.

En diálogo con la diaria, los comisionados de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Jorge Cardona y Sara Oviedo, sostuvieron que el país necesita cambiar el paradigma tutelar de tratamiento hacia los niños y “crear las condiciones básicas" para que una serie de recomendaciones emitidas por el Comité de los Derechos del Niño de la ONU "hagan raíz en la sociedad”. Eso supone algo que todavía falta en Uruguay: “La inclusión y participación de niños y adolescentes en la toma de decisiones sobre políticas públicas que les competen”.

La pancarta quedó colgada en el ingreso al edificio ubicado en José Martí 3077: “Gavazzo: a donde vayas ¡¡te iremos a buscar!!”. Estaba dirigida al vecino del cuarto piso que quizá estaba de visita por dos días, luego de que el juez penal Martín Gesto dispusiera que la primera tobillera electrónica para un caso de salida transitoria especial domiciliaria fuera otorgada el viernes a José Gavazzo, privado de su libertad desde 2006 tras ser condenado por delitos de lesa humanidad.

El eje central de la Asamblea Nacional de Derechos Humanos fue la igualdad de trato y no discriminación, analizado en el abordaje de cinco temas: acceso a la Justicia; salud y salud mental; personas en situación de encierro o privadas de libertad; medioambiente y educación. Más de 100 personas integrantes de colectivos y organizaciones sociales se dividieron en cinco equipos de trabajo que discutieron y acordaron en subgrupos qué era imprescindible abordar respecto de cada uno de estos temas y qué papel debía jugar la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) en cada caso.

El Ministerio del Interior (MI) es el organismo con mayor porcentaje de denuncias en su contra (16,5%) registradas por la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH). Estos datos pueden cruzarse con las denuncias por violaciones a la integridad personal, que representan 20,5% del total.

Detenciones arbitrarias, hostigamiento e incomunicación en comisarías por tiempo prolongado son situaciones que aparecen en relatos juveniles de Las Piedras. “Conocimos muchas historias de abuso y ahora pudimos comprobar que son ciertas”, dice John Díaz Cortés, educador del proyecto Minga, que el 5 de junio lo vivió en carne propia. Una camioneta policial llegó a su casa, donde estaba junto a uno de los adolescentes que participan en el mencionado proyecto salesiano.