Azul Cordo

Se podría decir que la figura convocante fue la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, pero lo cierto es que ayer en el Paraninfo de la Universidad de la República (Udelar) se vivió la jornada de reflexión a 42 años del último golpe cívico militar en Uruguay desde la indignación ante ciertas continuidades represivas, la falta de verdad y justicia, y una insistencia casi oficial en formalizar la teoría de los dos demonios.

La Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) evaluó ayer en asamblea nacional de delegados que habrá una “profundización del conflicto” si no hay “avances sustantivos en los ámbitos de negociación”, dijo José Olivera, secretario general de ese gremio a la diaria. Se decidió realizar un paro general nacional de 24 horas, con movilización y eventual ocupación de centros de estudio en la última semana de junio. La medida se coordinará con otros sindicatos de la educación.

Siete de las 40 víctimas representadas por el abogado Pablo Chargoñia (que llevan adelante una denuncia contra 25 militares por delitos cometidos entre 1972 y 1985), pudieron efectuar ayer una inspección ocular en el Batallón de Infantería Blindada N° 13, autorizados por el juez penal de 2º Turno de Montevideo, Pedro Salazar. Chargoñia señaló que las “alteraciones en lugares de represión” son “perturbadoras” y exhortó a que el Ministerio de Defensa Nacional “resguarde” estos sitios.

“No se puede continuar con la respuesta represiva [hacia los adolescentes], como si ellos no fueran parte de la sociedad y como si ésta no fuera la responsable de que terminen agrediendo”, indicó el intendente electo de Montevideo, Daniel Martínez, en la apertura de un seminario que el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa) realizó ayer en la Intendencia capitalina.

El Consejo Nacional Consultivo de Lucha contra la Violencia Doméstica, integrado por el Instituto de las Mujeres y el Sistema Integral de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes contra la Violencia, entre otras instituciones y organizaciones de la sociedad civil, impulsará la creación de una ley integral contra la violencia de género, y ayer debatió la posibilidad de crear normas específicas contra la trata y explotación de personas, así como fortalecer la protección de niños, niñas y adolescentes.

Esta semana, Uruguay abrió el debate institucional en torno a incorporar la figura legal de feminicidio. La directora del Instituto de las Mujeres (Inmujeres), Mariella Mazzotti, afirmó que buscarán incorporar esta figura en el Código Penal y en el anteproyecto de una ley integral contra la violencia basada en género que presentarán al Parlamento a fines de este mes.

En el marco de la movilización de repudio a femicidios cometidos en Argentina y bajo la consigna “¡Ni una menos!”, la Coordinadora de Feminismos de Uruguay decidió sumarse a la protesta. Aquí se agrega la consigna “¡Si tocan a una tocan a todas!”. Además de la concentración montevideana en la plaza Independencia y la marcha desde allí hasta la plaza Libertad a las 19.00, habrá movilizaciones en otros departamentos.

Ana Agostino, quien está al frente de la Defensoría del Vecino de Montevideo, ayer presentó el 8º informe anual de esta institución. La Defensoría “es un punto de partida desde el cual se identifican problemas de la ciudad. Muchas veces los casos que llegan son de difícil resolución, casos que la intendencia no puede resolver por sí misma porque no se trata de un trámite”, expresó. Las consultas, reclamos o propuestas están relacionados con problemas comunitarios.

El juez penal Pedro Salazar ordenó que el 11 de junio se efectúe una inspección ocular en el sitio conocido como “300 Carlos”, ubicado en el Batallón de Infantería Nº 13.

Los derechos sexuales y reproductivos han logrado convertirse en objeto de políticas públicas durante la última década, “algo impensado en la lucha que las feministas y las organizaciones de la sociedad civil dábamos en los 90”, señaló ayer la psicóloga Alejandra López durante la presentación del informe editado por Mujer y Salud en Uruguay (MYSU) titulado “Asegurar y avanzar sobre lo logrado”, que monitorea el estado de situación de dichos derechos entre 2010 y 2014. No obstante, “en algunas cuestiones estamos lloviendo sobre mojado”.

“La actitud de este ministerio ha sido siempre la de aportar la información al alcance de sus posibilidades, abriendo el camino a las investigaciones e investigadores en todo momento”, afirmó el ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro, en un comunicado de prensa publicado ayer en la página web de Presidencia. Estos dichos se contraponen a las numerosas expresiones de organizaciones de derechos humanos y familiares de víctimas del terrorismo de Estado.

Uruguay volvería al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas medio siglo después de su primera vez, y comenzaría su participación presidiéndolo desde enero de 2016. El embajador Martín Vidal, director general de Asuntos Políticos del Ministerio de Relaciones Exteriores, señaló que hay que “prepararse a conciencia” para la candidatura uruguaya, a la que se presentaron siete años atrás.

Gabriela Fulco tomó las riendas del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa). Psicóloga de profesión y ex asesora en Asuntos Penitenciarios del Ministerio del Interior, Fulco aspira a una mayor modernización del sistema y a mejorar y generar nuevas estructuras en este cambio de gestión.