Diego Olivera

La actual coyuntura permitiría proponer el desarrollo de una estrategia nacional integral que aborde los problemas de seguridad y convivencia, basada en datos rigurosos y análisis continuos.

Se dijo desconocer lo que se venía manejando hacía meses. Se hizo lugar a los requerimientos de un delincuente, en desmedro del interés nacional. ¿Qué más debería pasar para que reaccionemos?

Lo que resulta inadmisible es que, en el momento de mayor turbiedad de este gobierno, se venga a señalar con el dedo a un colectivo que cada día resigna su tiempo para dar la pelea junto a quienes menos tienen y más precisan.

El hacinamiento y la violencia en las cárceles están rompiendo récords históricos; los casos de mala administración y acusaciones de corrupción en la Policía se han hecho permanentes.

La reducción de problemas complejos a una caricatura de buenos o malos, policías o ladrones, libertad o miedo, rinde en la cortita. Por eso, más que nunca, la disputa de ideas está en el mano a mano.

Dos terceras partes del ajuste global propuesto se explican por reducciones en las asignaciones referidas a salud, vivienda y educación.

Aunque el marco regulatorio cambie, hay ciertos esquemas de pensamiento y de trabajo que permanecen apegados a los principios y visiones prohibicionistas.

De no alcanzarse modificaciones en los breves tiempos de trámite parlamentario que restan, la LUC será una nueva pieza legal aprobada bajo la orientación de un populismo punitivo de infértiles resultados.