Gabriel Vidart

La posibilidad de un diálogo entre Uruguay y Canadá para coordinar estrategias contra las drogas, centradas en un enfoque que priorice la salud pública y el respeto a los derechos humanos, no sólo es viable, sino que podría ser un ejercicio político pionero a nivel global.

Milei no es un topo antisistema, sino la punta de lanza de un capitalismo depredador que desnacionaliza recursos estratégicos bajo la retórica libertaria.

El reciente ataque a la escultura de Osvaldo Bayer, historiador y defensor de los derechos humanos, investigador de la masacre de la Patagonia de la década de 1920, es un nuevo escalón en este proceso de barbarie.

Es muy importante que Uruguay, en su nueva realidad política que se inició el 1º de marzo de 2025, recupere el liderazgo en la promoción de alternativas al prohibicionismo.

La relativa debilidad de los vínculos de mediación y regulación entre la policía y las bandas criminales locales podría estar explicando parcialmente la mayor tasa de homicidios de Uruguay respecto a otros países.

En los últimos años, la lucha contra el narcotráfico ha sido uno de los mayores desafíos para los gobiernos. Tal como afirmó el futuro ministro del Interior, Carlos Negro, esta guerra está perdida. Las cifras lo demuestran.

El nuevo gobierno del Frente Amplio tiene una enorme responsabilidad que trasciende las fronteras del país. Debe lograr un crecimiento económico sostenible, acompañado de políticas redistributivas de carácter inclusivo.

El allanamiento nocturno posee desde el punto de vista preventivo y represivo una eficacia bastante marginal. Pero instalarla como eje de un debate nacional es un acto que está cargado con un fuerte tinte ideológico.

La acumulación de desastres llevada a cabo con lenguaje en clave progresista ha servido para desvirtuar de manera absoluta los compromisos más básicos de los sectores hegemónicos del peronismo con el pueblo.

La lucha contra el narcotráfico, tal como se la planteó esta administración, ha sido una batalla contra los pobres. Quienes son claros partícipes y llenan las cárceles son en su gran mayoría pobres.

Nadie puede poner en duda que Uruguay es una ruta consolidada por las que transitan grandes volúmenes de mercadería ilegal hacia los centros de consumo internacionales.

Es completamente prioritario encarar una reforma del sistema penitenciario. Este debe mejorar los mecanismos de control, pero también complementarse con una activa política de rehabilitación.

Es necesario también librar una batalla en el campo cultural, donde en la actualidad el narcodelito ofrece alternativas concretas a aquellos sectores sociales excluidos.

En Uruguay estamos transitando un camino que representa un caldo de cultivo perfecto para que los fenómenos que hoy suceden en Ecuador encuentren terreno fértil en nuestro país.

El circuito del narcotráfico es uno solo y de carácter global. Pero la persecución militarizada y la estrategia represiva se concentran en el ámbito en el que se genera la oferta de mercadería.

Ello no quiere decir que haya que renunciar a la represión de las bandas organizadas, pero centrar toda la estrategia solamente en esa dimensión es esencialmente no entender la naturaleza del fenómeno.

Lo mejor es oponer al esquema triunfante un modelo viable y alternativo capaz de concitar las expectativas y el apoyo del pueblo argentino.

Es absolutamente ridículo y torpe quedar atrapado en el episodio y desconocer los inmensos problemas que de manera creciente se han instalado en Uruguay en materia de violencia y narcotráfico.