Julio Vidal Amodeo

No han comprendido datos de la realidad: hace 25 años que el Frente Amplio es la fuerza política mayoritaria y hace 35 que gobierna la capital del país. Todo fruto de la soberanía popular.

Los uruguayos nos preguntamos, repetidas veces, sobre algunas decisiones del gobierno, que no se explican adecuadamente, y cuyos motivos pueden desprenderse del ejercicio abusivo del poder.

Durante la era frenteamplista hubo crecimiento económico constante (crecimiento del PIB) y decrecimiento de la desigualdad basado en una distribución del ingreso sin precedentes.

Los usuarios y la sociedad civil no han participado en esta propuesta o plan del consorcio privado, y el Tribunal de Cuentas no dice una sola palabra sobre este extremo.

Mantengo e insisto como estrategia luchar por cambiar el gobierno y por ley —con suficiente consenso social— legislar sobre toda la seguridad social, sin límites en su financiamiento.

¿Quiénes son los responsables de esta grave situación? ¿Otra vez el Ministerio del Interior involucrado? ¿La Cancillería, qué papel cumplió? ¿Quiénes son los amigos de Marset en el Gobierno de Uruguay? ¿Quién se hace cargo?

Cuando los relatos son confusos y la agencia de publicidad del actual gobierno no tiene más material, y se acumulan los desaciertos y aumenta la desigualdad, es bueno recordar cuáles fueron los aportes del Frente Amplio.

El elenco de confianza del gobierno no se conoce entre sí y no se conocen sus antecedentes, todo es sorpresivo y nadie sabía nada, pero todos ocupaban cargos de relieve y de confianza.

El Frente Amplio, próximo partido de gobierno, debe articular un proyecto de seguridad social (no sólo de sistema de jubilaciones y pensiones) y levantarlo como gran bandera electoral para ganar en octubre de 2024.

La política exterior de este gobierno ha sido errática y poco congruente, pretendiendo ejercer una forma de soberanía que en lo internacional no es imaginable en un complejo mundo lleno de intereses contrapuestos.

Se ha hablado de una “empresa unipersonal” y esto es grave y peligroso. Lacalle Pou se “hace cargo” de todo, pero esto no resuelve nada, y encierra una patología del sistema democrático que debemos ayudar a cambiar.

¿Existe alguna necesidad de privatizar un aspecto de la gestión del agua que aumenta las tarifas a los usuarios? ¿Repetiremos el oscuro e ilegal acuerdo del puerto de Montevideo?

Todos los ministros del gobierno y todos los miembros de la alianza gobernante son responsables políticamente, y eso habrá que tenerlo en cuenta. Especialmente si esto llega a un juzgado, como se ha anunciado.

Por más explicaciones que se brinden, lo dispuesto hasta 2081 para el puerto de Montevideo viola la Constitución, es ilegal y carece de efectos jurídicos.

El acuerdo es nulo –carece de efectos jurídicos– porque quien firmó y se obligó no tenía legitimación para obligar al Estado uruguayo, y menos aún por la razón invocada.

La elección de una legislación extranjera o de jueces extranjeros, en general, es un artilugio para no responder, para ser impune.

Balotaje: la alternativa es clara