Se ha instalado en la agenda pública la discusión sobre si el modelo en materia de seguridad pública del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, podría aplicarse en nuestro país.
El primer paso es tener debida información sobre el tema para luego pasar a su análisis. En el caso de El Salvador hay acuerdo. Se estableció un régimen de excepción, medida aprobada en marzo de 2022 que suspende garantías constitucionales, permite detenciones sin orden judicial, intervenciones telefónicas y amplía el tiempo de detención administrativa. Asimismo, Bukele amplió su mandato violando la constitución de su país.
La política de seguridad en El Salvador se basa en la mano dura, el despliegue militar y la suspensión de garantías constitucionales para desmantelar las pandillas criminales. Lanzada en junio de 2019, la estrategia está estructurada en varias fases. Sus ejes principales son la recuperación de territorios, el control penitenciario y la modernización del reclutamiento de las fuerzas de seguridad en tareas de inteligencia e investigación.
Algunas consecuencias de estas medidas son, por ejemplo, la ocurrencia de arrestos masivos que llevaron a la captura de más de 89.000 sospechosos de pertenecer o colaborar con pandillas. También ocurrieron reformas legales, como la extensión de la detención administrativa de 72 horas a 15 días; la posibilidad de realizar intervenciones telefónicas sin orden judicial y juicios masivos por videollamada. Además, se apostó por “megacárceles” como el Centro de Confinamiento del Terrorismo, una prisión de máxima seguridad diseñada para recluir de por vida a decenas de miles de pandilleros.
Nadie discute, además, que la mayoría de esos casi 100.000 encarcelados no pasaron por ningún Tribunal Judicial, no tuvieron un juicio ni abogado defensor y que son repartidores periféricos de drogas. Los jefes de las maras no están en prisión porque acordaron con el gobierno su impunidad. En suma, el régimen de la República de El Salvador es una dictadura.
Organizaciones como Amnistía Internacional denuncian detenciones arbitrarias, torturas sistemáticas dentro de las prisiones y la muerte de inocentes bajo custodia estatal. El sistema penal sufre una saturación extrema y miles de detenidos esperan años para recibir una acusación formal o juicio. Los analistas críticos señalan que la estrategia se enfoca en el castigo inmediato y la fuerza, pero ignora las causas socioeconómicas profundas de la violencia.
El sistema revela también que esos 100.000 encarcelados sin el debido proceso no se rehabilitarán nunca, pues los centros penitenciarios no están diseñados para ello. Las pocas imágenes que se han discutido muestran un estado de semiesclavitud.
¿Es preferible ese sistema o un Estado de derecho con garantías?
Analistas internacionales señalan que el mayor riesgo de las políticas de Bukele en estos momentos no es que otros países copien su estrategia de seguridad, de la que desconocemos todavía muchos detalles y resulta inaplicable en otros contextos, sino que se copie su discurso público. En una parte importante de América Latina, la fascinación por el discurso de mano dura de Bukele infravalora los estragos constitucionales y los riesgos en derechos y libertades que han comportado sus políticas. Los cantos de sirena del bukelismo amenazan con ahondar todavía más en el deterioro continuo y sistemático de la democracia en el continente.
Además de cuestionar severamente la falta de garantías, también se ha cuestionado la fiabilidad de las estadísticas oficiales y se ha criticado que el enfoque de seguridad del modelo de Bukele es muy parcial. Por ejemplo, la estadística oficial de los homicidios no incluye feminicidios y desapariciones, el abuso de poder y las violaciones, entre otros delitos. Los responsables de la seguridad etiquetan como “terroristas” a los pandilleros y a los descontentos, mientras que a los corruptos los tratan con consideración.
En una parte importante de América Latina, la fascinación por el discurso de mano dura de Bukele infravalora los estragos constitucionales y los riesgos en derechos y libertades que han comportado sus políticas.
El periodista Gabriel Pereyra ha analizado el modelo de Bukele como un caso de destrucción de la democracia a través de un liderazgo carismático. Pereyra enfatiza la "otra cara" de la gestión, y examina las negociaciones políticas y los vínculos con las maras. Además, el periodista ha llamado al realismo sobre los costos de este modelo, sobre todo para el sistema carcelario.
Mi opción es indubitable: prefiero las garantías del Estado de derecho y el gobierno democrático. Esto no implica que no reconozca la necesidad de mejorar sustantivamente la seguridad pública y el sistema carcelario, así como otras inequidades sociales. Sin embargo, ello debe ocurrir dentro del orden constitucional.
No es fácil informarse y menos, con una cuota de inocencia, tratando de copiar experimentos de otras latitudes, de otras culturas y de otros principios. Al respecto, resulta oportuno citar a Cicerón: “El que no conoce la historia, toda su vida será un niño”.
Julio Vidal Amodeo es doctor en Derecho y Ciencias Sociales.