Laura Cafaro

Consideramos que el proyecto aprobado por la Cámara de Representantes no aseguraría gran parte de las garantías para el cumplimiento de derechos que el Estado les debe a las personas que ejercen el trabajo sexual.

Es entonces a través del accionar colectivo persistente que los asesinatos pasan de ser un “asunto privado”, de los tantos invisibilizados, a un asunto político que debe incumbirle a la sociedad en su conjunto.

Preocupa que se achique el presupuesto cuando aumentaron las situaciones de violencia, así como las denuncias que llegan a través de la Línea Azul y la judicialización de la vida de niñas, niños y adolescentes.

Para quienes se jactan con el “ahorro presupuestal”, debería avergonzarles que muchos niños, niñas y adolescentes y sus familias están alimentándose gracias al trabajo solidario y sostenido de las ollas populares, cuando el Uruguay es productor de alimentos.

Hoy las familias del asentamiento de Santa Catalina siguen viviendo en condiciones de extrema vulnerabilidad. Hoy siguen sin respuestas. Hoy siguen las acciones de desalojo.

En el INAU parece desandarse el sinuoso camino hacia la profesionalización; niños, niñas y adolescentes terminarán pagando la vuelta.