Pasos cortos: el nuevo escenario de la actividad paralímpica en Uruguay

Tras las denuncias por irregularidades que en 2015 llevaron al Ministerio de Educación y Cultura (MEC) a intervenir el Comité Paralímpico Uruguayo (CPU), las disciplinas paralímpicas de nuestro país sobreviven. Entre la falta de recursos y carencias estructurales, los deportistas ponen en juego estrategias y esfuerzos para entrenar y competir.

En 2012, varias instituciones denunciaron al CPU por corrupción. A pesar de que el MEC comprobó los hechos, desplazó a las autoridades y llamó a elecciones, las irregularidades no se disiparon y el electo vicepresidente Daniel Facal presentó nuevas denuncias. A partir de eso, en noviembre de 2015 se resolvió una segunda intervención, con el objetivo de la creación de un estatuto que propiciara el orden y se adecuara a la reglamentación internacional.

Hasta ese momento, el CPU estaba integrado por personas físicas e instituciones sin atletas paralímpicos, cuyo voto en la asamblea general tenía el mismo valor que el de federaciones afiliadas que sí los tenían. Esta condición generaba un desequilibrio en términos de representación, que se esperaba eliminar con la nueva normativa. Como su redacción no fue ejecutada en el período de un año establecido legalmente, una vez finalizada la intervención, el Comité Paralímpico Internacional (IPC) suspendió al CPU, que continuó su actividad con un reglamento provisorio, aprobado en 2017 por el MEC y el IPC.

Luego de la postergación, que se prolongó más allá de lo estipulado, el CPU presentó este año el nuevo estatuto, que aún resta aprobar por parte del MEC. Sobre la demora, Pablo Maqueira, exdirector de Asuntos Constitucionales del MEC, explicó que las autoridades “tenían para saldar temas bastante importantes”, vinculados a la integración de la directiva y sus diferentes potestades. Según contó, el organismo estatal debía acompañar y garantizar la legalidad del nuevo estatuto, pero “había cosas que tenían que decidir ellos”.

En la versión final del documento se reafirma algo ya planteado en el reglamento de 2017: sólo tienen voz y voto las federaciones y asociaciones nacionales, que a su vez deben estar integradas por paratletas en actividad. Además de estar afiliado a federaciones y asociaciones, el CPU tutela directamente a las disciplinas de atletismo, natación, potencia y tiro. Otros deportes, como el fútbol y el judo para ciegos, quedan por fuera porque dependen de su asociación internacional, International Blind Sports Association (IBSA).

Los fondos que sustentan a la entidad provienen de la Secretaría Nacional del Deporte (SND). Según explicó Facal, reelecto presidente en las elecciones desarrolladas el 24 de setiembre, cada año reciben 740.000 pesos para gastos de mantenimiento. Además, las federaciones solicitan un presupuesto particular, que se traslada a la SND, en dónde se analiza cuánto financiar.

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Pablo Hernández fue coordinador del área de Programas Especiales de la SND durante el período 2015-2020 y trabajó junto al MEC en la intervención. Debido a que en su momento “era impensable trabajar en políticas de desarrollo, con un comité intervenido, que no estaba funcionando”, su estrategia apuntó a la financiación de la participación de deportistas en la competencia internacional. Ahora que la intervención culminó y el antiguo estatuto fue modificado, el clima se presta para la construcción de una estructura sólida, que permita pensar en planes de crecimiento y programas a largo plazo. “Lo primero que hay que hacer es sentarse y discutir un proyecto, para no quedarnos solamente en el apoyo circunstancial y generar una continuidad que supere al acontecimiento que estamos apoyando”, explicó.

“Con la discapacidad no se puede hacer promesas muy grandes, sino aquellas que se vayan a cumplir”, dijo José Luis Bringa, coordinador del área de Deporte Comunitario de la SND. Para avanzar con certezas, “hay que trabajar en conjunto” y llegar a acuerdos con otras instituciones, porque de lo contrario “en Uruguay sería muy difícil competir”. Entre los costos elevados de los materiales y las inscripciones a campeonatos, y la carencia de autonomía económica del CPU, los deportistas apelan a la obtención de becas o colaboraciones. “Si no pueden llegar a ellas, la SND está dispuesta a aportar y ayudar”. Sin embargo, Bringa destacó que “a veces no se trata sólo de aportar dinero”, y que también intervienen en la búsqueda de otros contactos que los puedan asistir o acompañar.

De acuerdo al coordinador, que este año acompañó al CPU en Tokio, hay que dar “pasos cortos y seguros”. Para comenzar, ampliar la base: “que haya una mayor masa de personas con discapacidad, que empiecen a practicar deporte en forma comunitaria”. Más allá del deporte paralímpico, fomentar la práctica de deporte adaptado. Después, evaluar quiénes están dispuestos y capacitados para continuar por el sendero de la competencia de alto rendimiento. En el trayecto, las organizaciones deben garantizar las posibilidades. Docentes calificados, infraestructura accesible y la descentralización de las actividades son sólo algunos de los aspectos claves para propiciar el crecimiento esperado.

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Durante los primeros meses de pandemia, la selección de básquetbol en silla de ruedas debió movilizarse para seguir entrenando. Apenas les alcanzaba para pagar la luz del gimnasio, pero los deportistas emprendieron una campaña de visibilización que les permitió encontrar sponsors y clasificarse al Sudamericano que se disputó entre el 7 y el 13 de octubre en Buenos Aires. Tras negociaciones, consiguieron que la SND costeara la inscripción y que Tenfield comprara cinco sillas nuevas, porque, según el entrenador Miguel Acosta, con las antiguas “no podían competir más”.

En los últimos días, la Intendencia de Canelones anunció que otorgaría a la selección una silla profesional e invertiría en la fabricación de otras diez. El jueves, en un encuentro amistoso en el Polideportivo de Empalme Olmos, la entrega se hizo efectiva, dejando constancia del apoyo de la comuna canaria al equipo celeste.

A pesar de celebrar los logros y reconocer su suerte, Acosta rechazó la situación de desamparo que impulsó al proceso. “Lo logramos porque dijimos: o salimos a pelear, o no tenemos cómo competir. Y eso es bravo”. El capitán Richard Huelmo agregó que la problemática no es una novedad: “Siempre hubo que pelear”, independientemente de quiénes fueran las autoridades. Tal como relataron ambos, las razones por las que no cuentan con el apoyo suficiente responden a intereses y discusiones internas “de más arriba” y aunque no tienen ninguna relación con los jugadores, suelen ser ellos los más perjudicados.

Actualmente, la selección se encuentra a la espera de que el MEC apruebe el estatuto para poder integrar la Federación Uruguaya de Básquetbol y, por lo tanto, regresar al comité. Si aún no lo hicieron, fue por factores económicos: no llegan a cubrir el monto de afiliación a la federación internacional. Una vez que lo logren, esperan contar con mayor seguridad y un sustento que les otorgue la estabilidad suficiente para focalizarse en el entrenamiento y ya no en la búsqueda de recursos. Aunque reconoció lo complejo del entramado, Acosta señaló que “no es un tema de dinero, sino de reparto” y organización. Es necesario que “los dirigentes se encarguen de sus responsabilidades”, dijo, antes de destacar que su campaña funcionó y que les fue bien “pero no puede quedar acá, porque en unos años va a pasar lo mismo”.

A Ivonne Gómez, campeona nacional de remo adaptado, también le preocupa lo que le espera a las próximas generaciones. Como Acosta, se ha manifestado y movilizado en búsqueda de financiamiento para materiales, porque entiende que cuando ella se retire vendrán otros que merecen más de lo que se les ha ofrecido. Al evaluar el presente del deporte paralímpico en Uruguay, Gómez puso el acento en la actual administración del CPU, a la que consideró ausente y escasa en materia de apoyo. Según contó, nunca se comunicaron con ella y “si llamás, nunca hay nadie”. La única oportunidad en la que tuvo un contacto fue mediante una conversación telefónica con Facal, quien, según cuenta, se ofreció a conseguirle unos vales de nafta que jamás recibió, para trasladarse desde su casa en el Prado hasta el club La Estacada, en donde entrena.

“El comité tiene que estar atento a los atletas”, subrayó Gómez, y agregó que extraña la gestión anterior porque, a pesar de sus irregularidades, se comunicaba con ellos “para ver qué les pasaba, cuál era su problema y qué necesitaban”. Hoy, esa respuesta la encuentra en la Federación de Remo y en la SND, a la que le solicitará la compra de un nuevo bote.

Otro aspecto que interpela a la remera es la deficiencia en cuanto a visibilización e incentivo. “Hay muchas personas que no van a los clubes porque los técnicos no saben cómo manejarte”, aseguró. Según Gómez, además de trabajar en la capacitación y accesibilidad, es fundamental promover la práctica deportiva en poblaciones con discapacidad. “Hay que hacer charlas a nivel nacional e incentivar las escuelas de desarrollo deportivo” para propiciar el incremento de las competencias.

El judoca Henry Borges, cuatro veces paralímpico –es el uruguayo con más presencias en el torneo–, destaca la necesidad de pensar e implementar un proyecto de desarrollo de las disciplinas. Cree que entre “impulsos de aquellos que quieren trabajar con las discapacidades” y los “objetivos diferentes” de cada nueva directiva del CPU, se pierde lo indispensable: la creación de un programa estratégico. Para terminar con la tendencia, Borges considera que “faltan personas que muevan y consigan cosas, de verdad”. No es que no haya intenciones ni avances, pero lo obtenido “siempre es poco, o no alcanza para todos”, aclara.

Para Borges, el vínculo entre los atletas y el CPU “es bastante complicado” por la inexistencia de becas y fondos para asistir a los eventos. De diez competencias clasificatorias para un Juego Paralímpico, los uruguayos van, como máximo, a tres. Si bien entiende que se debe al escaso dinero con el que cuenta el organismo, que nunca logró cubrir todas las actividades de los diferentes deportes, el judoca piensa que debería apelarse a “ampliar el espectro de búsqueda de apoyos”.

Activar

“Yo no estoy conforme con cómo está el comité hoy en día”, confesó Facal. El presidente, que se vincula a la dirigencia desde 2012, planteó que “durante todos estos años no se trabajó en tratar de construir un plantel nuevo”. “No es que no haya deportistas discapacitados en Uruguay, lo que pasa es que no había interés” en sumarlos, dijo.

Ahora, el objetivo es “volver a reactivar el deporte paralímpico”. Además de rastrear nuevas incorporaciones y “ampliar el plantel deportivo, con miras a París 2024”, las autoridades buscarán generar convenios para sustentar la locomoción de los atletas a sus centros de entrenamiento. Los costos del traslado representan una dificultad para varios deportistas y planean acceder a una camioneta gracias a la embajada de Japón.

En su análisis, Facal identificó dos problemas: la falta de atletas y la limitación financiera. “Si tengo más deportistas y no los puedo llevar a ningún lado, seguirán los problemas”, dijo. Luego de reconocer que cuentan con acompañamiento y compromiso de parte de la SND, Facal destacó la necesidad de llegar a más competencias. Empresas públicas y privadas deberían colaborar, dijo, aunque tendrían que evitar el lugar de la donación: “Hay que cambiar la cabeza, el deportista paralímpico es igual que el olímpico pero con una discapacidad. Entrenan las mismas horas y tienen un nivel de exigencia muy alto”.

El dirigente destacó el papel que toman las federaciones con las modificaciones del estatuto. Según explicó, al CPU le corresponde acompañar los Parasudamericanos, Parapanamericanos y Paralímpicos, pero son las federaciones las que deben fomentar el desarrollo y estimular la actividad. “Ahora es a las federaciones a las que hay que apurar”, sentenció.