A pocos días de que se cumpla un año de la muerte de Juan Ignacio Suárez, un hincha de Peñarol que falleció cuando intentó entrar al Campeón del Siglo saltando una reja, no hay avances en la investigación del caso.

“A Nacho lo mataron” y “Justicia por Nacho” son banderas que se pueden ver partido tras partido del aurinegro, en todas las canchas. Mientras que la versión policial indica que Suárez fue asistido después de quedar incrustado a la altura de la pelvis en una reja, hay testigos que aseguran que los efectivos de la Guardia Republicana lo reprimieron hasta dejarlo inconsciente.

Rodrigo Rey, el abogado de la familia de Suárez, sostuvo públicamente que las pruebas que tienen hasta ahora son “insulsas, impertinentes, inconducentes y que en síntesis no sirven para nada”, a la vez que confirmó que fue la propia hinchada de Peñarol la que aportó el material audiovisual, no Peñarol como institución sino como movimiento social. “Esa gente sí nos ha apoyado y sin su ayuda no hubiese sido posible llevar adelante esta causa, pero el club como institución poco y nada, incluso le pedimos al fiscal el 4 de abril de 2024 que le pida a Peñarol la lista de funcionarios de la empresa de seguridad y los planos de cámaras completos y que se identifique a un funcionario de la empresa de seguridad puntual que tiene un arnés y una cámara gopro que apunta directamente a Nacho, y todavía no tienen nada”, explicó.

El hecho

Fue el 13 de mayo de 2023, antes del encuentro de Peñarol ante Wanderers en el Campeón del Siglo por la última fecha del Torneo Apertura, que Suárez, un hincha de 21 años falleció tras incrustarse una reja cuando intentó entrar al recinto saltando por una de las entradas. Según los registros fílmicos y algunos testigos, Suárez fue bajado bruscamente por efectivos policiales.

Según la Policía Suárez recibió asistencia médica en el momento, y luego fue trasladado a un hospital de Pando, donde perdió la vida tres horas después, a causa de un paro cardiorrespiratorio mientras era intervenido quirúrgicamente. Desde entonces, la familia y la hinchada reclaman justicia.

En marzo se sumaron a la defensa los abogados Tamara Samudio y Rodrigo Rey, del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), pero no hubo avances en la investigación.

Los defensores sostienen que hay falta de colaboración de parte del club y que la Fiscalía tiene una actitud pasiva ante eso. La investigación del caso está a cargo del fiscal de flagrancia Leonardo Morales.