Gabriel Oddone: “A nadie se le puede ocurrir que un equipo económico en Uruguay está rifándose la sostenibilidad fiscal”

Un límite les pido

Luego del intercambio sobre las potenciales implicancias de las transformaciones que podrían surgir del Diálogo Social –que tuvo lugar el sábado pasado en el marco del cierre de un curso orientado a periodistas–,¹ el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, volvió a abordar ayer los cuestionamientos sobre este proceso en el marco de un almuerzo organizado por ADM.

En ese sentido, aseguró que los dos cambios que serán promovidos por el gobierno en las próximas semanas en materia de transferencias a la infancia y causal jubilatorio –que serán priorizados y se convertirían en proyecto de ley– no comprometen la estabilidad fiscal: “A nadie se le puede ocurrir que un equipo económico en Uruguay se está rifando la sostenibilidad fiscal”, y señalar eso “es temerario”, sentenció.

En particular, expresó: “Sostener que estas medidas están conspirando contra la sostenibilidad fiscal es una discusión temeraria que yo, como analista, nunca la presencié”. Al respecto, enfatizó que “en las últimas semanas hemos pasado límites que comprometen la estabilidad económica en Uruguay por dar un debate doméstico [...] yo me he tenido que dedicar varias semanas –también reconozco que por algunos errores de comunicación del gobierno, de los que me hago cargo– a explicarle a un conjunto de gente del exterior, que dedica cinco minutos del año a pensar en Uruguay, que lo que está ocurriendo no es como aparentemente se está discutiendo”.

Las transferencias a la infancia

Sobre este tema dijo que es clave fortalecer la red de protección para “mantener la cohesión social” y que los costos estimados para 2027 están en línea con las restricciones fiscales imperantes. En concreto, el costo de estas medidas sería del orden del 0,03% del PIB y la implementación supondrá la incorporación progresiva de cohortes por año.

El retiro anticipado

“Créanme que lo que estamos intentando hacer, a partir de lo que son sugerencias y recomendaciones, es mejorar y corregir un conjunto de cosas que la ley aprobada en el período anterior no terminó de resolver”, comenzó diciendo Oddone respecto de esta segunda medida.

Sobre los costos asociados a esta iniciativa, el ministro indicó que no afecta la sostenibilidad financiera del sistema y que se prevé que “el retiro anticipado será utilizado por un número acotado de personas, debido a que aproximadamente el 50% ya se jubila en la actualidad a partir de los 65 años o por otras causales”.

Más allá de las estridencias políticas

Las advertencias de CPA Ferrere

La semana pasada se difundió un informe elaborado por la consultora CPA Ferrere para sus clientes, que analiza parte de las recomendaciones que emergen del Diálogo Social. En el informe se advierte, antes que nada, que la divulgación parcial y extraoficial de algunos de los puntos contenidos en el documento final de este proceso causaron “incertidumbre respecto a elementos clave como la eventual estatización de la actividad realizada por las AFAP [administradoras de fondos de ahorro previsional] y el impacto fiscal de algunas iniciativas, elementos que no fueron bien comunicados por parte de las autoridades en primera instancia”. De esta manera, la discusión ya arrancó torcida.

Más allá de estas consideraciones, el análisis de la consultora aborda tres grupos de recomendaciones, teniendo en cuenta sus implicancias políticas y sus potenciales efectos económicos y fiscales. Concretamente, el perímetro del abordaje se restringe a las recomendaciones en el ámbito del combate a la pobreza y la protección a la primera infancia, la causal de retiro anticipada en 60 años y los cambios en el diseño del régimen previsional.

A su vez, distingue entre las propuestas que serán incorporadas en la próxima Rendición de Cuentas y algunas recomendaciones que constituyen “orientaciones de largo plazo de carácter aspiracional, sobre las que el Diálogo Social no evaluó costos ni fuentes de financiamiento de las medidas”.

En el caso de las primeras, y en particular las que refieren a la matriz de protección social y el combate a la pobreza, se advierte que las iniciativas que serían adoptadas en el corto plazo agregan “presión sobre un escenario fiscal que ya presentaba ciertas fragilidades en un contexto de crecimiento menor al esperado y de un presupuesto quinquenal que proyecta una reducción del déficit hacia 2029 sustentado en la recaudación de nuevos impuestos y en la eficiencia de la Dirección General Impositiva, potencialmente amenazada por el ciclo electoral”.

Esta es la primera de las tres conclusiones que se adelantan en el documento, que refiere a la situación de las finanzas públicas ante el eventual aumento del gasto que supondrán a partir del año que viene. En concreto, la consultora enfatiza que esto agudiza el riesgo de incumplimiento de las metas fiscales, dado que el menor crecimiento económico ya generaría un desvío durante este año.

La segunda conclusión refiere al riesgo de que el spread (diferencial de tasa que se paga para acceder a financiamiento por sobre la tasa libre de riesgo) aumente y que se deteriore la calificación crediticia del país, dada la “reversión parcial de la reforma previsional”. Al respecto, el informe destaca que “Uruguay consolidó su calificación crediticia dos escalones por encima del Grado Inversor y el spread soberano más bajo de la región luego de la aprobación de la Ley 20.130 en el año 2023, que permitió mejorar la sostenibilidad financiera del sistema previsional”.

Si bien la información no permite calibrar completamente los potenciales impactos de estas recomendaciones, la consultora estima que “una reversión del spread del orden de 50 puntos básicos (a niveles preaprobación de la Ley 20.130) implicaría un aumento del servicio de deuda del gobierno central-Banco de Previsión Social (BPS) de unos 270 millones de dólares anuales a largo plazo” (0,3% del PIB)” y demandaría “un mayor superávit primario para estabilizar la deuda [...] restringiendo el espacio para incrementar el gasto público social”.

Finalmente, el tercer bloque de advertencias se circunscribe a los riesgos institucionales que generarían los cambios en el diseño del régimen previsional. En este marco, CPA Ferrere destaca el rol “relevante” que tienen las AFAP “en el mercado internacional de deuda soberana, operando como contraparte de los inversores internacionales que adquieren deuda uruguaya en las emisiones internacionales”. A la luz de lo anterior, un rediseño que afecte la estructura del mercado de AFAP generaría incertidumbre y, por esa vía, erosionar la percepción sobre la estabilidad institucional del pilar de capitalización a largo plazo”.

Las advertencias de Exante

Algunas de estas advertencias fueron también identificadas por el socio de la consultora Exante, Pablo Rosselli, quien días atrás abordó el impacto potencial de los cambios en el régimen de las AFAP en el programa radial En perspectiva.²

Entre los principales mensajes, el especialista argumentó que los beneficios potenciales de las transformaciones que podrían impulsarse no compensan los riesgos que conllevan, y que además se dejaron por fuera iniciativas que tendrían “impactos notoriamente más importantes en las pasividades y que resultan mucho más simples de implementar”.

En ese sentido, destacó que las ganancias en materia de reducción de costos (uno de los fundamentos detrás de las propuestas) son acotadas, dado que equivalen a “solo 0,05% del fondo de ahorro previsional y a un 3% de los costos operativos del BPS y las AFAP tomados conjuntamente”. Además, indicó que, si bien podrían generarse algunos ahorros en materia de costos, “es extremadamente difícil creer que una entidad de carácter público logrará mantener esas eficiencias en el largo plazo”.

En esa línea, destacó también que las comisiones de las AFAP están en el “límite inferior” de la comparación internacional, considerando unas 20 referencias de países con sistemas similares. En efecto, el socio de Exante entiende que “no parece haber mucho espacio de reducción de comisiones”.

Por el lado de los riesgos, Rosselli sintetizó que esta “reforma entraña riesgos de ‘captura de los fondos’ y de gobernanza, riesgos de diseño de las subastas, riesgos institucionales y riesgos de reputación y credibilidad del país”. No obstante, explicó que no se trata de una “confiscación lisa y llana de los fondos” y enfatizó que no se refiere “a que el estado termine apropiándose directamente de esos recursos”, como han sugeridos las intervenciones estridentes de algunos actores políticos de la oposición. Por el contrario, explicitó que el riesgo es que “en algún momento la asignación de la gestión de los fondos a las AFAP termine privilegiando intereses del Estado y del gobierno de turno, ya sea el financiamiento del sector público o el financiamiento de proyectos de inversión en el país de dudosa rentabilidad para los afiliados pero que se consideren necesarios y beneficiosos desde la perspectiva del gobierno y de las políticas públicas”.

Finalmente, sobre las iniciativas que podrían tener mayor impacto y que no forman parte del documento final del Diálogo Social, señaló la posibilidad “de flexibilizar las restricciones de inversión que enfrentan las AFAP en materia de inversiones en el exterior”, dado que configuran una “ineficiencia enorme” en el proceso de asignación de fondos y que no son de compleja implementación.

En la misma línea, lamentó la “falta de discusión acerca de la falta de ofertas para la fase de desacumulación”. Con esto se refiere a que las personas que se jubilan cuentan con una única alternativa para obtener una renta vitalicia, que es la que ofrece el Banco de Seguros. “En este caso, no se trata de un asunto sencillo, pero si realmente queremos mejorar el diseño del pilar de capitalización, este no puede ser un capítulo ausente”, sostuvo.