El Comité de Estabilidad Financiera (CEF), un ámbito interinstitucional integrado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Banco Central del Uruguay y su Superintendencia de Servicios Financieros y la Corporación de Protección del Ahorro Bancario, difundió un comunicado en el que ratifica la estabilidad y resiliencia del sistema financiero uruguayo.
En el comunicado se concluye que el sistema financiero uruguayo “es capaz de continuar apuntalando el desempeño de la economía”, con “adecuados niveles de solvencia, liquidez y capacidad de absorción de choques adversos”. Explica además que dichas afirmaciones obedecen a una “evaluación del sistema financiero doméstico” efectuada por el CEF en una reunión que se celebró este martes, y en la que “se analizaron los riesgos macrofinancieros actuales y potenciales, así como las principales vulnerabilidades y la capacidad del sistema para mitigarlas”.
Con respecto al panorama económico internacional, desde el órgano identificaron “riesgos asociados a tensiones geopolíticas persistentes, fragmentación del comercio global y condiciones financieras restrictivas”. En particular, sus integrantes apuntaron a “la escalada del conflicto en Medio Oriente durante el primer semestre del año”, algo que impactó en los mercados internacionales de la energía, el transporte y las cadenas de suministro global. También a “la continuidad de la guerra entre Rusia y Ucrania y las tensiones estratégicas entre Estados Unidos y China”. Sumado a ello, desde el CEF reconocieron que a nivel regional “persisten los desafíos macroeconómicos en los países relevantes para Uruguay”.
A nivel local, el comunicado recoge que durante el encuentro “se señaló que la evolución del crédito muestra un crecimiento moderado”, y que “el sistema financiero mantiene niveles de solvencia y liquidez adecuados”, con niveles de morosidad que “permanecen reducidos desde una perspectiva histórica”. En consecuencia, añade, “las pruebas de tensión realizadas indican que el sistema se encuentra bien preparado para absorber escenarios adversos hipotéticos”.
“En este marco, el comité ratificó su decisión de mantener su política de monitoreo continuo de los riesgos identificados y de continuar coordinando las acciones necesarias para preservar la estabilidad financiera”, concluye el comunicado.
Camino de consolidación fiscal propuesto por el gobierno es “insuficiente para estabilizar la deuda pública”
El comunicado del CEF se da a pocos días de que trascendiera un reporte conformado por la calificadora Moody’s, en el que se advierte que, producto de la revisión a la baja de las cifras de crecimiento esperadas, el camino de consolidación fiscal propuesto por el MEF resulta “insuficiente para estabilizar la deuda pública”. En función de las proyecciones, la calificadora espera que la deuda supere el 65% del producto interno bruto (PIB) para 2030.
Desde Moody’s constataron que si bien las cifras son coherentes con la regla fiscal del gobierno, la “estructura rígida del gasto” acota el margen para posibles ajustes en el caso de eventos adversos, “agravando las vulnerabilidades fiscales a medida que aumenta el peso de la deuda”. Al respecto, indicaron que la revisión de las metas “confirman desembolsos estructuralmente elevados” de entre el 31% y 32% del PIB y, en específico, apuntaron a la posible introducción de una casual de jubilación anticipada a los 60 años de edad como un factor que podría incrementar el gasto en jubilaciones “dependiendo de su diseño final”.
Asimismo, y sobre las finanzas, desde Moody’s destacaron “la gradual expansión de la deuda en moneda local a 56% de la deuda total”, algo que “reduce el riesgo cambiario”. También mencionaron “el cambio hacia la emisión de deuda en moneda local a tasa fija no indexada”, algo que permite que “el crecimiento del PIB nominal erosione gradualmente el peso de la deuda real” y “fortalece el control del gobierno sobre su trayectoria fiscal a mediano plazo”.
Por último, el informe de la calificadora internacional explica que la instancia de diálogo instalada por el gobierno con las AFAP, que se espera que concluya este mes, debería “brindar claridad” con respecto al mecanismo de administración de los fondos de ahorros jubilatorios privados propuesto en el documento del Diálogo Social. Según indicaron, dichos fondos –que representan alrededor de 30% del PIB– proporcionan “una base de inversores institucionales clave”, que es “crítica para el desarrollo y la profundidad de los mercados locales”.