La Comisión Nacional para la Educación en Derechos Humanos, integrada por representantes de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia de la República y la Universidad de la República, concurrió a la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Diputados para presentar el Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos. Según consta en la versión taquigráfica de la sesión, Macarena Gómez, representante del MEC en la comisión, explicó el proceso de elaboración del plan, que partió del trabajo con las comisiones departamentales en 2013 y 2014, hasta que se aprobó en diciembre del año pasado. Fernando Willat, representante de la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia, explicó que el plan es, de alguna forma, “una síntesis política” de la visión estratégica sobre los derechos humanos, con cuatro objetivos: promover una cultura en derechos humanos mediante campañas concretas; modificar en clave de derechos humanos las experiencias e instituciones educativas; involucrar a actores que por su función tienen un rol protagónico en la promoción de los derechos humanos, como funcionarios públicos y aquellos vinculados a la seguridad; y clarificar la institucionalidad de la educación en derechos humanos. Willat aclaró que “no estamos inventando la educación en derechos humanos con la creación de este plan, porque dicha educación ya existe, aunque esté dispersa, contradictoria y fragmentada”.

Fernanda Blanco, representante de la ANEP en comisión, afirmó que el proceso de elaboración del plan “procuró ser lo más participativo posible”, y sobre esto último cayó la primera crítica de la diputada nacionalista Graciela Bianchi. “Lo de participativo, lo digo con total honestidad, no lo vi, y vengo de la educación”, afirmó, y añadió que “los que participan son siempre los mismos”. Como Blanco afirmó que el lanzamiento de la campaña del plan “está siendo trabajosa y, diría, llevada a cabo casi como una tarea militante”, Bianchi afirmó que los que participaron en el proceso “son los militantes”. También preguntó si el trabajo sobre violaciones a los derechos humanos “con un sesgo determinado es de la historia reciente”. Más adelante dijo no entender “por qué en Uruguay hay que hacer una educación con un plan estratégico de derechos humanos. ¿Qué quieren? ¿Una Constitución más garantista que la que tenemos? ¿Un instituto de derechos humanos y direcciones de derechos humanos en todas partes?”. “Todas estas cosas son nombramientos, sueldos, presupuestos, publicaciones, pero el aterrizaje no lo ve nadie. Yo voy a las escuelas, a las escuelas técnicas, a los liceos de Montevideo y del interior varias veces a la semana. Será que no lo veo porque soy ciega”, continuó, y finalmente dijo que le preocupa “la intervención de la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia de la República, porque el sistema educativo uruguayo es autónomo, y si vamos a violar la Constitución, lo decimos”. “Quería dejar claro que en lo que a mí y a mi sector político respecta, vamos a hacer un seguimiento estricto de lo que se está haciendo con la cabeza de los chiquilines”, aseguró.

Por su parte, Mario García, también diputado por el Partido Nacional, sugirió que al hablar de derechos humanos “sería una buena oportunidad para hablar también de las obligaciones”. “Capaz que es una idea un poco loca que se me acaba de ocurrir. Pero considero que siempre que hay un derecho, hay una obligación”, afirmó. Finalmente, Susana Montaner, diputada del Partido Colorado, se sumó a las inquietudes planteadas por los otros diputados de la oposición.

Los diputados del Frente Amplio Sebastián Sabini y Manuela Mutti destacaron la presentación del Plan. Sabini consideró muy positiva “la idea de generar ciertos consensos en las instituciones sobre cómo encarar este tema”, mientras que Mutti dijo que el plan debe abarcar a actores de la salud, de las cárceles y, en forma general, a todo el Estado: “Es muy bueno que se entienda que la educación no sólo pasa por la escuela”.

Blanco aclaró luego que el plan no determina “acciones específicas para todos y cada uno de los espacios de la sociedad”, sino que “sugiere algunas acciones”. Puntualizó también que no son funcionarios presupuestados específicamente para estas tareas, sino que son designados por las instituciones a las que pertenecen, y señaló que no es equivocado decir que la tarea que cumplen es militante, “por lo que conlleva de esfuerzo y de compromiso de cada uno”. Además, afirmó que la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia tiene voz pero no tiene voto en la comisión y finalmente respondió al diputado García: “No sería coherente hablar de derechos humanos y decir que para que uno pueda reclamar sus derechos, debe cumplir con obligaciones porque, entonces, no serían derechos inherentes a la persona”.