Para ir haciendo boca de cara al cierre del tercer Congreso Nacional de Educación (CNE), los organizadores convocaron a una conferencia en la que integrantes de todos los subsistemas de la educación expusieron sobre los cuatro ejes propuestos para el congreso. Durante la mañana del sábado 25 de noviembre, organizados en dos mesas, docentes, estudiantes y autoridades de primaria, secundaria, UTU, formación docente y la Universidad de la República (Udelar) intercambiaron sobre distintos aspectos, que abarcaron desde la elaboración de un plan nacional de educación hasta la necesidad de garantizar la inclusión de todos los jóvenes y niños en el sistema, además de que logren mejores aprendizajes.

Respecto del eje 1 del congreso, que trata sobre la elaboración de un plan nacional de educación, Limber Santos, director del Departamento de Educación para el Medio Rural de primaria e integrante del Grupo de Reflexión sobre Educación (GRE), habló de la necesidad de contar con un plan. Justamente, el GRE ha sido el impulsor de la iniciativa, que es entendida por ese colectivo como un documento “de visión comprensiva, racional y complejo” que plasma una forma de planificar, que implica delinear la educación que tendrán generaciones futuras. Como “conformar un plan es una tarea de largo plazo” y se necesita que obtenga legitimidad, Santos planteó que “no debe quedar en manos de un pequeño grupo” y que, debido al carácter autónomo de la educación en Uruguay, es necesario consultar a la ciudadanía.

En suma, señaló que un plan no equivale a una reforma educativa, ya que funciona como un “telón de fondo conceptual en el que las políticas pueden aplicarse” y una reforma es “un conjunto de programas en relación con problemas particulares a los que dar solución con acciones puntuales, en tiempos demandados de inmediatez”. Agregó que un plan nacional de educación tampoco es “una suma de políticas ni [significa] dar cuenta de las llamadas crisis de la educación”, que “al parecer forman parte de un ambiente de discusión en distintos ámbitos”. Aludiendo al investigador Antonio Romano, señaló que el término “crisis de la educación” como eslogan “es débil para explicar el estado de situación” porque de un relevamiento histórico surge que la educación siempre está en crisis. Por el contrario, sostuvo que un plan implica dar respuestas a preguntas históricamente planteadas por la pedagogía o por las disciplinas vinculadas a ella, y, por lo tanto, funcionaría como “un reasignador de sentidos de la educación”. Para Santos, ello implica repensar conceptos complejos y relaciones hegemónicas, al mismo tiempo que se recupera la reflexión colectiva, por ejemplo respecto del vínculo entre educación y economía, o educación, trabajo y empleo. Además, llamó a retomar algunas “preguntas fundacionales” que a veces se obvian: qué persona se contribuye a formar desde lo educativo, a qué sociedad aspiramos, qué es educar, por qué y para qué, y para qué país.

Edith Silveira, integrante de la Asamblea Técnico Docente del Consejo de Educación Secundaria, planteó que ese órgano entendió que debe elaborarse un único plan nacional de educación y que este no debe determinar una propuesta de contenido curricular. Según dijo, la propuesta de la ATD “va en la línea del pensamiento crítico, en contraste con la línea del pensamiento afirmativo”. Según entendió, el pensamiento crítico considera la contradicción, apunta a describir lo implícito, apela al diagnóstico y a la transformación de la realidad para el futuro. Por el contrario, el pensamiento afirmativo “estimula el pensamiento en el aquí y el ahora, y por eso se propone resolver las situaciones que se plantean en el momento; busca el disciplinamiento de la corriente de pensamiento hacia lo positivo y la vivencia del presente como la única realidad apropiable y modificable por los individuos”, además de “ocultar lo que no está presente en la afirmación explícita”. La profesora consideró que la elaboración del plan debe surgir desde las bases sociales, con el acuerdo y la participación de toda la sociedad. Para la ATD, el plan es la herramienta para superar los problemas de vínculo entre los subsistemas de la educación en cuanto a los contenidos curriculares, pero no sobre las prácticas didácticas. En suma, la profesora señaló que “se debe contar con condiciones administrativas y presupuestales para aplicarlo”, y planteó tres componentes para su elaboración: la educación como uno de los derechos humanos fundamentales; que se imponga la tarea política de seleccionar un corpus de contenidos e instituirlo como universal para que los sujetos “se hagan cargo críticamente de la cultura y la civilización de la que son parte”; y la necesidad de que la educación sea integral, sin divorciar teoría de práctica. Silveira también reclamó la existencia de autonomía y cogobierno en todo el sistema educativo.

El dos

Acerca del eje 2 del CNE, titulado “democratización, universalización y educación de calidad”, Miguel Álvarez, Amalia Días y Soledad Rodríguez, integrantes del grupo del Marco Curricular de Referencia Nacional (MCRN) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), explicaron el alcance de dicho marco, que tiene el objetivo de mejorar aprendizajes de niños y jóvenes. Días recordó que el MCRN se conceptualiza como “un conjunto coherente y secuenciado de orientaciones flexibles y versátiles que a nivel nacional habiliten y apoyen el desarrollo de ambientes de aprendizajes y ofertas educativas a cada tramo, contemplando los territorios de aplicación, las capacidades y los recursos disponibles, así como las estrategias de evaluación correspondientes”. Además, establece y define los aprendizajes fundamentales que se espera que obtengan los estudiantes de todo el país a lo largo de las distintas etapas educativas, al tiempo que “habilita y apoya el desarrollo de ambientes de aprendizaje y propuestas educativas diversas, con saberes adaptados a cada etapa”. Otra de sus características es que actúa como documento base para establecer criterios y desarrollar currículos, al tiempo que es flexible para dar respuesta a las particularidades de cada subsistema y expresa confianza en los colectivos docentes para establecer definiciones curriculares, programáticas, organizacionales y de gestión. En suma, la docente remarcó que el MCRN “no establece la prescripción de un texto curricular, sino que ofrece el contexto conceptual para su construcción”.

Por su parte, Gabriela Castro, directora del Programa de Educación Terciaria de UTU, contó sobre la implementación de dicho programa (ver http://ladiaria.com.uy/AKFO). En particular, habló del proceso de generación de las herramientas tecnológicas que permiten realizar varios cursos en forma semipresencial, lo que favorece la continuidad educativa de muchos jóvenes. Sobre el eje 3 del congreso, dirigido a abordar la diversidad y diversificación de la educación, habló Eloísa Bordoli, docente de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Udelar. Si bien consideró que la Ley de Educación logró consagrar la educación como un derecho universal, “desigualdades estructurales o persistentes están instaladas en nuestra sociedad”, a nivel de relaciones de producción y de acceso desigual a los bienes materiales y simbólicos. Según entendió, las políticas educativas tienen que estar orientadas a la distribución de bienes simbólicos para la integración y, al mismo tiempo, asumir el reconocimiento de lo diverso.

Bordoli señaló que las políticas de inclusión educativa implementadas refieren a dos grupos: aquellas destinadas a incluir a sujetos en situación de discapacidad y a la de grupos y sujetos en situación de pobreza y exclusión. Añadió que los programas cuentan con un carácter focal, pero están integrados en perspectiva de lo universal. Entre algunos ejemplos de este tipo de políticas que, al mismo tiempo, cuestionan el formato escolar tradicional, nombró el Programa de Maestros Comunitarios y el sistema de seguimiento de trayectorias educativas de la ANEP. La docente explicó que este tipo de experiencias “habilitan a interpelar formatos escolares para que alberguen a los chicos y no los expulsen”. Entre los elementos intraescolares que contribuyen a tal fin nombró la concepción de una escuela abierta a la relación con la familia y la comunidad, repensar la organización de espacios de aula y la estructuración de asignaturas, y la articulación de nuevos perfiles y roles profesionales para los educadores, que tuvieron que redefinir su vínculo con los otros. A nivel de elementos a la interna de la ANEP, Bordoli habló de la necesidad de la coordinación interciclos y, por lo tanto, de “pensar trayectorias formativas en clave más integral y no cada uno en su chacra”. Hacia el afuera del sistema educativo y en clave de la política de territorios socioeducativos que implementa la ANEP, habló positivamente de la generación de las coordinaciones interinstitucionales que se generan en ese ámbito.

En tensión

De cara al eje 4 del CNE, referido a “los desafíos de la educación”, Rafael Ibarzábal, director del Colegio Jesús María de Montevideo y director nacional de la Asociación Uruguaya de Educación Católica, habló de la necesidad de lograr un acuerdo social para “resolver tensiones no resueltas que han afectado a la buena marcha de la escuela”. Según detalló, dichas tensiones se dan entre derechos fundamentales y no se pueden eliminar, “porque los polos son legítimos”. “La solución es convertirlas en polo de progreso y no intentar la victoria de unos polos sobre los otros, porque eso nos condena a un destructivo hacer y deshacer permanente”, señaló. Ibarzábal dijo que para lograrlo “se precisa un poderoso pensamiento dialéctico que no pretenda anular ni la tesis ni la antítesis”, ya que ambas pueden ser legítimas, y llamó a “intentar superarlas y colocarlas como dinamizadores del crecimiento”. Entre las tensiones en torno a la calidad educativa, nombró la que se presenta entre calidad y equidad, pero también dijo que existen a nivel del modelo de educación pública: entre competencias educativas del Estado y los derechos de las familias; entre gestión social y gestión estatal; entre el currículo nacional y las necesidades de los territorios concretos; y entre la concepción laica de la enseñanza y el derecho de la familia a elegir la educación de los hijos. En cuanto a la gestión de los centros educativos, dijo que se da una tensión entre el respeto a su autonomía y el control de la administración, y también entre la participación democrática de la gestión de los centros y la profesionalización de su dirección.

Rosana Cortazzo y Gastón Rodríguez, docente y estudiante del Consejo de Formación en Educación (CFE) respectivamente, hablaron de la necesidad de la creación de la Universidad Nacional de la Educación (Uned). Según Cortazzo, el nuevo ente debe ser autónomo, gratuito y cogobernado, y recordó que el actual es el tercer CNE que discutirá el tema. Según consideró, la Uned es imprescindible para “formar educadores que estén en un constante análisis de deconstrucción y reconstrucción de sus identidades para ubicarse en nuevos escenarios” y se debe aspirar a lograr “los mejores niveles académicos y científicos”. Rodríguez, por su parte, se centró en defender la idea de cogobierno, y planteó que puede ser una buena herramienta para mejorar la participación estudiantil en los 33 centros que actualmente tiene bajo su órbita el CFE.

Desde UTU, Nelson Manente y Andrea Cabot expusieron sobre la “cultura Steamed” como posibilidad de fortalecer la educación media tecnológica. Cabot explicó que este término proviene de la sigla STEM, que en inglés responde a las iniciales de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Para formar Steamed se le agregan tres letras más que corresponden a arte, emprendedurismo y diseño. Según señaló, esta es una línea que se desarrolla desde los distintos cursos de la educación técnico-profesional y consta de una metodología de trabajo que se basa principalmente en el desarrollo de competencias antes que el desarrollo de contenidos, en el trabajo en proyecto y el abordaje interdisciplinario.