La gran mayoría eran mujeres, pero también había algunos varones. Algunas fueron acompañadas por las directoras de las escuelas donde trabajan, para que todo estuviera en orden y se pudiera concretar aquello que, en algunos casos, reclaman desde 2009. Es que el martes, el primer día hábil del año, 656 auxiliares de servicio en todo el país debían firmar su contrato como funcionarios públicos del Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP). En Montevideo la firma fue en la sede del CEIP en Ciudad Vieja, y el cuarto piso estaba lleno de personas que iban a entrando a medida que las llamaban. Se sentían el entusiasmo y los nervios por que todo estuviera bien.

Los auxiliares de servicio de cada escuela son los encargados de la limpieza, la higiene, el mantenimiento del local y además, en algunos casos, de apoyar en los comedores a la hora del almuerzo. Estas 656 personas que desde el martes son funcionarias eran, hasta ahora, contratadas por las comisiones de fomento de las escuelas, lo que implicaba que los directores y el presidente de la comisión tuvieran que crear una empresa para contratar a la persona, y responder ante los organismos públicos y la trabajadora con una partida de dinero que enviaba el CEIP. Por eso es que para Elbia Pereira, la secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio-Trabajadores de Educación Primaria (FUM-TEP), el cambio del martes regulariza la situación “en dos sentidos: tanto para las compañeras contratadas como para los directores”. Asimismo, las auxiliares de servicio que hasta ahora eran contratadas por las comisiones de fomento trabajaban seis horas por día, media hora más que los que son funcionarios públicos, y ganaban entre 3.000 y 4.000 pesos menos que ellos.

La regularización fue posible a partir de la Rendición de Cuentas votada en 2017, en la que se aprobaron 195 millones de pesos para el rubro. Son 917 las auxiliares de servicio que podían regularizar su situación; los recursos de la rendición permitieron financiar la regularización de 620, a los que se sumaron 36 que se pudieron regularizar por otros fondos del CEIP que quedaron disponibles. La lista de ingreso de las auxiliares se confeccionó entre quienes que recibieron un informe favorable de los directores de las escuelas – que fue la enorme mayoría, según agregó Héctor Florit, integrante del CEIP– y en segundo lugar por la fecha de ingreso al organismo, es decir, la antigüedad. Para la FUM-TEP es “un avance” y una “inmensa alegría” la presupuestación que comenzó el martes, pero Pereira recordó que resta regularizar a unas 250 auxiliares que no pudieron ingresar en esta oportunidad, para lo que se requieren recursos. La Asociación de Funcionarios de Primaria (Afuprim), sindicato que representa a los auxiliares e integra la FUM-TEP, también manifestó en un comunicado: “No nos olvidamos de las compañeras que no han ingresado en esta oportunidad y vamos a luchar para que suceda el año próximo, al mismo tiempo que nos vamos a preocupar por las auxiliares que están contratadas sin partida del CEIP”, esto último en referencia a que hay otros trabajadores del área de limpieza en las escuelas cuyos salarios pagan directamente las comisiones de fomento –y no a través de partidas del CEIP, como los sueldos de los más de 600 que fueron regularizados el martes–.

Irupé Buzzetti, directora general del CEIP, se refirió a las cerca de 250 auxiliares que faltan regularizar: “Si todo sale como pensamos, podremos estar contratando al resto” entre enero y octubre de este año. Después del 30 de octubre comienza el año electoral, en el que el Estado no puede tomar más funcionarios. Florit estimó que este ingreso podrá darse de dos maneras: a partir de las vacantes que se vayan produciendo en el correr del año y en caso de que la Rendición de Cuentas de este año se apruebe antes de octubre.

La directora general destacó que muchas de las personas que el martes ingresaron a la función pública comenzaron a trabajar en las escuelas de forma voluntaria, colaborando con las comisiones de fomento, y luego fueron contratadas. En particular esto se da mucho en las escuelas rurales, en las que “no iría nadie a trabajar si no fuera la señora de la comunidad, que siente la escuela como parte suya”. Florit, por su parte, aseguró que la medida que se concretó el martes está “lejos del clientelismo y de engordar al Estado”. Afirmó que ninguno de los nuevos funcionarios “fue designado por el Consejo ni por una autoridad, sino que son vecinas, personas que la comunidad educativa reconoce por su compromiso con la escuela y su disposición”, y a la vez resaltó que ya recibían dineros públicos por su trabajo, por lo que “tampoco es una visión de engordar el Estado, sino de que su relación jurídica laboral se corresponda con la situación de hecho”. Defendió, además, que pocos funcionarios “pasan un concurso tan exigente como haber estado a prueba cinco o seis años, siendo seleccionados año a año al ratificar el contrato”.

Para este año

La secretaria general de la FUM-TEP aseguró que de cara a la discusión por la Rendición de Cuentas de este año será “fundamental que se trate el tema salarial de los directores de las escuelas”. El sueldo de los directores tiene un componente variable en función de la cantidad de alumnos de la escuela, explicó Elbia Pereira, lo que hace que en algunos casos incluso perciban un salario menor que el de los maestros de esa misma escuela. En la Rendición de Cuentas pasada se aprobó una partida de 95 millones de pesos que se distribuirá a todos los directores, aunque todavía no está definido el monto, informó Buzzetti. Pereira explicó que este año quieren trabajar en el escalafón de directores, ya que “es una tarea que tiene una muy profunda responsabilidad de gestión de una institución, que tiene que estar remunerada de forma adecuada”.

En contexto

Héctor Florit, integrante del CEIP, recordó que en 2002, cuando era secretario general de la FUM-TEP, en una reunión con el entonces ministro de Economía, Alejandro Atchugarry, y la directora del Consejo de Primaria, Teresita González, se constató que había 2.056 personas que tenían vínculos laborales regulares o irregulares con las escuelas, a cambio de retribuciones en dinero en algunos casos, en otros a cambio de la comida, o trabajando en negro. “Eso llevó a una iniciativa que compartimos, que era asegurarles a las escuelas que esas personas iban a tener algún tipo de retribución y que se iba a disponer de una partida de 1.500 pesos para contratarlos; se les aseguraba un mínimo de derechos y estabilidad”, añadió. En 2005, en el Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, se formó una comisión para incorporar a la función pública a esos trabajadores, y así se hizo hasta 2010, cuando fueron presupuestados los últimos auxiliares de aquella lista.

“Nos llevó diez años, prácticamente, esa regularización, pero, simultáneamente, las demandas de las escuelas, los nuevos formatos escolares que requieren servicio de alimentación fueron exigiendo más auxiliares, y en casos en que no se disponía de cargos el CEIP transfería las partidas a las comisiones de fomento como gastos de funcionamiento”, resumió. Así se generó esa lista de 917 personas, de las que se regularizaron ayer 656.

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