10.241 personas mayores de edad están privadas de libertad en Uruguay. Si bien aproximadamente 70% de la población carcerlaria está a la espera de su sentencia, con ese panorama que no deja ver claro el futuro, 21% decide participar en instancias de educación formal. La Universidad de la República (Udelar) y el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) firmaron en 2016 un acuerdo para empezar a crear mecanismos de integración de los estudiantes privados de libertad. En ese marco, la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (FCEA) de la Udelar presentó un dossier digital en el que se explica el trabajo realizado hasta el momento en contextos de encierro y se pueden consultar documentos y visualizar estadísticas sobre la situación carcelaria en el país.

En la presentación, el decano de la FCEA, Rodrigo Arim, felicitó los avances logrados, que entre otros elementos incluyen la creación de un protocolo de acción y el acompañamiento a los siete estudiantes que están cursando carreras de su servicio. Asimismo, advirtió que las dificultades que se perciben, sobre todo relacionadas a la falta de articulación de los diferentes actores, pueden llevar a un desánimo tanto de docentes como de estudiantes y a un cuestionamiento “de parte de externos sobre la pertinencia de lo que se está haciendo, y eso es algo mucho más grave”.

Según el decano, hay que continuar profundizando en las políticas de integración y evitar caer en “ciertos mecanismos que traducen el debate sobre seguridad en clave bélica, pensando qué se puede hacer para combatir al otro”. Opinó que “esa es una respuesta disfuncional en el mediano y largo plazo, porque construye sociedades desde la exclusión social”. “Cuando tendemos a militarizar los procesos de seguridad terminamos teniendo sociedades más fragmentadas y, generalmente, también más violentas”, agregó el decano.

Arim destacó que la Udelar no es el principal actor en la “dinámica de repensar los mecanismos de integración social, pero sí uno relevante”. Dijo que la universidad no puede percibirse con un rol marginal en el cambio que debe lograrse en materia educativa, y, en ese sentido, planteó que tiene el deber de expresar políticas y crear instrumentos para que la educación pueda llegar a todos los interesados. El decano señaló: “Tenemos que ser capaces de construir las herramientas, de tener la flexibilidad docente y estudiantil para poder atender de forma efectiva; nada de esto es sencillo, pero sin estos ingredientes es muy difícil poder trabajar de forma sistemática”.

Una guía

En la presentación también intervino Analía Rivero, coordinadora de la Unidad de Extensión de la FCEA, quién centró su intervención en explicar el protocolo, que busca orientar a la comunidad educativa en el trabajo en contextos de encierro. El documento se estructura en cuatro puntos que hacen a la vida universitaria, y si bien Rivero aclaró que en algunos casos el servicio ha logrado cumplir con lo establecido, en otros se sigue trabajando de cara a los próximos semestres. Un aspecto exitoso fue en la creación de un mecanismo de inscripción especial para los estudiantes privados de libertad: se habilitó el ingreso sin carné de salud y con documentos alternativos a la cédula de identidad. Entre los aspectos a mejorar, queda el acceso a instancias presenciales con docentes que alivianen el trabajo de tutorías entre pares, que viene haciendo el Centro de Estudiantes de Ciencias Económicas y Administración (CECEA).

Otro elemento que se destaca en la gestión de la FCEA en cárceles es la evaluación. Según explicó Rivero, lograron que las primeras pruebas en todos sus formatos se tomaran en el día y horario previstos en el calendario académico, con la presencia de un docente del área sobre la que se hacía la evaluación. Sin embargo, para lograrlo debieron trasladar a los estudiantes a un mismo centro penitenciario, lo que implicó un desgaste logístico para el INR.

A su turno, Gabriela Pasturino, del área de derechos humanos de la Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio de la Udelar, destacó que la universidad entiende la educación “como un derecho y no como una herramienta para combatir la delincuencia”. Además, dijo que más allá de que entiende a quienes sostienen este último punto de vista, la Udelar no está en las cárceles “para eso”, sino porque se trata de la institución que puede “acercar el acceso a la educación terciaria”.

Al respecto, destacó que cada servicio de la Udelar ha interpretado las resoluciones del Consejo Directivo Central –que impulsan la inclusión de las personas privadas de libertad al sistema universitario– de forma variada, de acuerdo a su autonomía. Pasturino señaló que la FCEA “viene resolviendo las distintas problemáticas que surgen en el proceso de manera muy interesante” y, al igual que Arim, resaltó la creación del protocolo y el trabajo de las tutorías entre pares.

Tanto Guillermo Sánchez, tutor del CECEA, como Lionella Parentelli, encargada de Educación de la Unidad 4 de Santiago Vázquez, resaltaron el compromiso de la facultad y el buen clima que se logró para trabajar en coordinación. Por otra parte, estaba previsto que Leonardo, un estudiante de la FCEA recluido en la Unidad 6 de Punta de Rieles, participara en la actividad y pudiera brindar su testimonio; sin embargo, por “razones de seguridad” no se le permitió el traslado. Ante esto, el joven decidió mandar un mensaje que se leyó en la presentación, en el que agradecía el esfuerzo de todos los actores por las mejoras en sus condiciones de estudio y sugirió “tener más apoyo docente, porque sería más fácil aprender la materia en curso, sin quitar el gran esfuerzo de las tutorías”. “Esperemos seguir avanzando y apostando a que de este lado hay mucha gente que quiere progresar”, concluyó.