En tres años, la Universidad de la República (Udelar) pasó de tener cuatro estudiantes privados de libertad a tener 104 preinscriptos en 19 carreras. Este salto exponencial no se hizo sin dificultades: la principal casa de estudios terciarios del país no estaba preparada para el aluvión de estudiantes de los últimos años, producto del trabajo de un equipo coordinador que se formó a partir de la demanda estudiantil. La semana pasada, el Consejo Directivo Central (CDC), órgano rector de la Udelar, discutió un informe presentado por el equipo. Entre las principales dificultades que se señalaron están la falta de un referente en cada servicio que siga el tema, la coordinación entre los distintos órganos y el transporte para llegar a las cárceles.

El informe señala que algunas dificultades tienen que ver con la falta de recursos, pero otras se derivan directamente del desconocimiento y falta de compromiso por parte de los servicios con las resoluciones tomadas por el CDC en años anteriores. En consecuencia, el trabajo se sostiene principalmente en base a una “red de voluntades de docentes y estudiantes”, señalan.

El informe, elaborado por Gabriela Pasturino, de la Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio, junto con Alicia Álvarez y Alejandro Bouzó de la Comisión Sectorial de Enseñanza, señala diez problemas a solucionar de cara al aumento en la cantidad de alumnos privados de libertad. Según Pasturino, una de las principales dificultades tiene que ver con la coordinación con las facultades: “Muchas veces no tenemos un referente claro en los servicios para poder consultar y avanzar en algunas cuestiones diarias. En algunos servicios no están creditizadas las tutorías, por lo que en esos servicios, si no tienen tutores voluntarios, no podemos contemplar que haya estudiantes inscriptos, porque no podemos darles alguna respuesta de seguimiento”.

Otras complicaciones mencionadas en el informe se relacionan con el acceso e ingreso de materiales de estudio, y el acceso de los propios docentes. Asimismo, tanto en el informe como en la presentación en el CDC, se hizo énfasis en las dificultades de trasladar a los docentes y a los estudiantes que hacen tutorías entre pares hasta los centros penitenciarios del área metropolitana y la casi inexistente posibilidad de llegar al interior del país, donde hay varios preinscriptos a los que no se les pudo dar respuesta.

El CDC resolvió “solicitar a los servicios universitarios involucrados la designación de un representante para coordinar con el equipo”, así como “encomendar a los prorrectores que en sus respectivas comisiones sectoriales se estudien las formas de viabilizar las propuestas presentadas en el informe y las sugerencias presentadas en sala”.

Logros y responsabilidades

Los decanos de distintas facultades se expresaron sobre el informe. Rodrigo Arim, de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, subrayó en varias oportunidades que la Udelar debería exigir “con firmeza” mejores condiciones de estudio para los privados de libertad al Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), con quien ya tiene un acuerdo base. “Tenemos que solicitar, desde la Universidad, como institución, que se construyan las condiciones adecuadas para que haya una educación terciaria de calidad. De lo contrario, corremos el riesgo de que se transformen en una barrera. Cumplimos nuestro deber, pero por la vía de los hechos no se visualizan trayectorias de éxito razonables en estos contextos”, afirmó y agregó: “Tenemos que trascender el convenio actual y construir sanamente, con mesura pero también con decisión, un conjunto de demandas que hacen a las condiciones mínimas desde las cuales la Universidad puede operar”.

En esta línea, aunque con ciertas diferencias, se expresó también el decano de Humanidades y Ciencias de la Educación, Álvaro Rico. “No nos convirtamos en un naturalizador o un simple promotor de mínima reforma dentro de un contexto que exige una transformación radical”, aseguró, y marcó como “contradictorio” que un programa que “tiene esta potencialidad se instale en un medio y en un entorno muy difícil, muy castigador, poco formativo, donde las personas son sucesivamente castigadas más allá del delito que cometieron”. A su entender, la Udelar no debería “naturalizar ni adaptarse por el solo hecho de que se permita la entrada”, porque lo que busca es “cambiar el entorno”.

María José Bagnato, decana de Psicología, intervino en el CDC para señalar que su servicio fue de los primeros en incorporar a estudiantes privados de libertad, y que desde el consejo de esa casa de estudios “hay una disposición política”, a pesar de las carencias presupuestales, a que el programa siga funcionando. De todas formas, y en sintonía con Arim y Rico, la decana señaló que “este compromiso no puede ser asumido sólo por la Universidad. Debería haber una mayor colaboración en la contraparte, porque no se puede asumir una responsabilidad que después no se puede cumplir”.

La que cambió la línea del discurso fue la decana de Química, María Torre, quien destacó los logros que su servicio y la Udelar alcanzaron en los últimos años, e hizo referencia al trabajo de su facultad en el Centro Penitenciario Santiago Vázquez: “Creo que hicimos una buena tarea dentro del establecimiento; si no hubiera sido por nosotros los tanques de agua no tendrían tapas o, por ejemplo, como trabajo final les hacíamos hacer auditorías en las cocinas de los privados de libertad y de los oficiales y había grandes errores que ellos mismos pudieron notar y arreglar en base a lo que les enseñamos. Nosotros ahí adentro podemos hacer cambios importantes, aunque no se pueda cambiar todo”.