La Asamblea Técnico Docente (ATD) del Consejo de Formación en Educación (CFE) invitó a los precandidatos presidenciales a debatir sobre el proyecto de ley que crea la Universidad de la Educación (Uned), cuando el texto se encuentra a discusión en la Comisión de Educación y Cultura del Senado y fue tomado por los senadores del Frente Amplio (FA) como uno de los prioritarios para tratar este año. En el oficialismo se está “buscando los votos”, ya que para aprobar la creación de un ente autónomo se necesita mayoría especial, para lo que le faltan tres votos. El panorama no es muy alentador: el Partido Colorado, a través de senador José Amorín, ya anunció que no acompañaría el proyecto, al igual que el Partido Independiente y varios dirigentes del sector Todos. En la sesión del miércoles, en la que el senador de Alianza Nacional Carlos Camy asumió la presidencia de la comisión –Verónica Alonso dejó de integrar el organismo y entró él–, se acordó que el proyecto de ley en cuestión será el primer punto del orden del día del próximo encuentro.
Al debate de este jueves finalmente no concurrieron los precandidatos, pero sí representantes de algunos de los partidos políticos: José Carlos Mahía y Yerú Pardiñas por el FA, Guillermo Fossati en nombre de Jorge Larrañaga, de Alianza Nacional, Javier Lasida por el Partido Independiente (PI) y Milton Rodríguez por Unidad Popular.
Mahía aseguró que el rango universitario de la formación docente es “un gran debe” de la sociedad y el sistema político, y aseguró el respaldo al proyecto: “Mucho se habla de la necesidad de mejorar la calidad del sistema educativo; una de las condiciones básicas es mejorar la calidad de la formación docente”, mencionó. Afirmó que no se busca solamente el “título universitario” sino “la acreditación y conocimiento que conlleva tener un título universitario”, y aseguró que el FA mantiene la “voluntad de diálogo para construir con todos los partidos políticos esta universidad”. Recordó la aprobación de la Universidad Tecnológica y se preguntó: “Teniendo como base tan cercana un acuerdo en esta materia, ¿por qué no somos capaces de dar ese paso?”. “Todavía estamos a tiempo de hacer posible esta demanda”, manifestó.
Lasida manifestó que en el PI hay acuerdo en que la formación docente “tiene que ser universitaria”, pero apuntó que no comparten “el modelo que inspira este proyecto”, además de que no les parece “un buen proyecto en sí mismo”. Consideró que el texto propone “una estructura de decisión pesada, compleja, basada en lo territorial, en perjuicio de lo académico. No se mencionan otros institutos, sólo los regionales, lo que demuestra la lógica de elaboración, de reagrupar o reorganizar la formación docente que ya existe antes que la de crear un instituto universitario”. Además, cuestionó que el proyecto establezca la movilidad académica “sólo en el sector público”.
Criticó también “la oportunidad y la estrategia”. “Uruguay sufre una situación de estancamiento” en materia educativa, opinó, y “la reforma de la formación docente no debería hacerse sin interactuar con una reforma educativa general”. Por otra parte, aseguró que desde el PI “no hemos percibido ningún esfuerzo real de acercamiento de posiciones”.
Fossati también afirmó que el objetivo es tener formación docente de nivel universitario, y dijo que la discusión es “cómo hacerlo” y “sin trampas al solitario”. Realizó una serie de preguntas, como el peso que tendría la investigación en esta universidad y si sería “de transmisión de conocimientos o generadora de conocimientos”, y señaló que muchos países optaron “por transferir a las universidades nacionales la formación docente”. En relación a uno de los planteos que había hecho Lasida, Fossati se preguntó “qué importancia le vamos a dar a la maximización de los recursos públicos. No podemos darles la espalda a todos los recursos disponibles”. También, en el mismo sentido que lo había planteado Lasida, cuestionó que no hubo grandes cambios entre el proyecto de ley que se discutió en la anterior legislatura y este: “Si uno atropella en una iniciativa pasa a tener bastante de capricho y menos de propósito real”.
Por su parte, Rodríguez planteó que los funcionarios no docentes también deberían tener un lugar en el cogobierno de la institución.
Mahía planteó que por parte de la oposición “el problema fundamental está radicado no tanto en la autonomía sino en el cogobierno”, ante lo que Lasida respondió luego que si el proyecto no incluyera el cogobierno tampoco cree que sería “aceptado por el PI”. Manifestó, no obstante, que “antes de pensar en replicarlo en nuevas instituciones universitarias hay que hacer una evaluación a fondo del modelo de cogobierno que tiene la Universidad de la República”.
Mónica Suárez, la presidenta de la ATD del CFE, cerró el debate planteando por un lado aspectos técnicos que propusieron cambiar del proyecto y una postura política al respecto. Aseguró que se está incumpliendo la Ley General de Educación, que plantea la creación de un instituto universitario de formación docente, y se refirió a inequidades con los docentes que egresan de las universidades privadas, que tienen título de licenciado. También cuestionó que el CFE tenga que pagar por la formación de posgrado a los docentes en universidades privadas: “Tengo derecho a elegir y a que el dinero público se use en la Uned”.
Por otra parte, Suárez expresó su preocupación por el “desconocimiento” que tienen algunos legisladores sobre el CFE, y aseguró que la creditización y semestralización ya existen en las carreras, así como un programa de investigación para centralizar las producciones de docentes y estudiantes. “Si la clase política hasta ahora no ha dado la talla reconociendo el carácter universitario a los educadores, nosotros, a la interna de la ATD y desde el CFE, seguimos construyendo una nueva institucionalidad, porque creemos que es necesaria”, finalizó.