La Asociación de Docentes de la Universidad de la República (ADUR) se manifestó este miércoles respecto del fallo de la Justicia sobre los carteles en contra de la reforma constitucional Vivir sin Miedo, que fueron colocados por agrupaciones estudiantiles en la fachada de varios centros educativos. Primero fue el gremio estudiantil del liceo 28, pero luego los carteles se multiplicaron en liceos, facultades y centros de enseñanza terciaria. A raíz de esto, el diputado Pablo Abdala (Alianza Nacional), presentó un recurso de amparo ante el Juzgado Letrado de lo Contencioso Administrativo para que la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) retire los carteles, que fue lo que terminó dictaminando la resolución judicial.
Los docentes universitarios expresaron su rechazo a “las estrategias políticas de judicialización de los razonables desacuerdos que tenemos por vivir en sociedades plurales; especialmente, si la judicialización supone forzar una interpretación normativa excesivamente restrictiva de la libertad de expresión de las asociaciones gremiales”. Es que, según señalan los docentes, “el alcance del concepto constitucional de laicidad ha estado en los últimos años en la discusión pública”: ponen como ejemplo que “las diferencias entre las nociones de laicidad positiva y de laicidad negativa forman parte de esa discusión”, así como “la cuestión de si la relación entre laicidad y libertad de cultos es la de una noción vinculada con la promoción de la tolerancia o a una restricción de lo religioso a la esfera privada”.
ADUR, que participa en la campaña en contra de la reforma constitucional, respalda “la difusión de las resoluciones de las asociaciones gremiales del ámbito educativo en relación a la iniciativa de reforma constitucional que está a consideración de la ciudadanía”, y resolvió proponer en el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República (Udelar) que “el cogobierno universitario se pronuncie sobre el tema y difunda públicamente lo resuelto”. El martes, los consejeros de ADUR presentaron la declaración en el CDC y se incluyó en el orden del día de la próxima sesión, de forma que los órganos universitarios discutan su contenido y el cogobierno adopte una postura.
La Udelar creó una comisión especial para discutir un posicionamiento respecto de la reforma constitucional promovida por Jorge Larrañaga, a raíz de una declaración del Consejo de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación que se manifiesta en contra. La comisión trabajará los próximos meses para llegar a un pronunciamiento al respecto, pero más allá del debate de fondo, ADUR busca una declaración en particular sobre la resolución judicial.
En un comunicado, los docentes consideran que la resolución del Juzgado Letrado de lo Contencioso Administrativo de Primer Turno “supone la judicialización de asuntos que ordinariamente se tramitan habilitando el diálogo entre los distintos actores de las instituciones de enseñanza, sobre la base del reconocimiento de la relevancia de la participación, la asociación y la expresión de los colectivos estudiantiles”, y opina que el involucramiento judicial es inadecuado: “La limitación a la posibilidad de comunicar en el espacio público la opinión de asociaciones gremiales sobre temas de incidencia constitucional resulta de un ámbito (el judicial) que no es el adecuado para laudar sobre el contenido de un principio sobre el cual los uruguayos tenemos razonables desacuerdos”.
Formar ciudadanía
En tanto, los docentes de Secundaria también manifestaron su respaldo al movimiento estudiantil, a la vez que se pronunciaron en contra de la reforma constitucional. En un comunicado divulgado este miércoles, la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) asegura que “enorgullece que los estudiantes se manifiesten en torno a la realidad nacional”, porque “un objetivo central de la educación pública es formar ciudadanía”. Además, señalan que “la potestad de colgar carteles se enmarca en el derecho constitucional a la libertad de expresión”.
Para Fenapes, el principio de laicidad “garantiza la pluralidad de opiniones y la confrontación racional y democrática de saberes y creencias. El derecho a la educación exige la laicidad como principio. También lo exige el modo de vida democrático, si queremos que la democracia sea algo más que un ejercicio de sufragio”. Al igual que ADUR, los docentes consideran “muy grave la judicialización que busca callar a los estudiantes y la denuncia presentada por un parlamentario cuando su propio partido coloca propaganda en los alrededores de los centros educativos”.
“En los medios de comunicación vemos, día tras día, cómo se estigmatiza a los jóvenes tildándolos de que no les interesa nada de la realidad en la que viven y cuando gremios estudiantiles se expresan se judicializa su derecho a la libertad de expresión”, se queja el comunicado, que afirman sentir “profunda indignación cuando se ataca a los estudiantes”. Además de solidarizarse con los jóvenes, el comunicado informa que Fenapes “iniciará una campaña contra la mencionada reforma constitucional, conjuntamente con el resto del movimiento sindical, y no permitiremos que se avasallen las libertades públicas”.