La semana pasada el Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley por el que crea el Instituto Nacional de Acreditación y Evaluación de la Educación Terciaria (INAEET), que ya ingresó al Poder Legislativo y entró para su discusión en la Comisión de Educación y Cultura del Senado. Actualmente es el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) el encargado de habilitar la oferta privada de carreras de educación superior, con el asesoramiento del Consejo Consultivo de Enseñanza Terciaria Privada, pero, según explicó la directora nacional de Educación, Rosita Angelo, desde hace unos años se trabaja “con la idea de que Uruguay tenga un espacio que no sea sólo de habilitación de las carreras de la oferta privada, sino que sea un espacio que permita avanzar sobre procesos de acreditación”. Angelo aseguró que la acreditación de carreras universitarias que 31 instituciones uruguayas lograron en el ámbito del Mercosur “ha impulsado este proceso, para poder por fin consolidar una institución de acreditación de oferta pública y privada”. “La creación del INAAET contribuirá a superar el rezago institucional de Uruguay en materia de promoción y aseguramiento de la calidad de la educación terciaria”, establece el proyecto de ley en su exposición de motivos.
El texto explica que en 2018 el MEC creó el Grupo de Trabajo de Acreditación, integrado por representantes de la Universidad de la República (Udelar), la Universidad Tecnológica, el Consejo de Formación en Educación, el Consejo de Enseñanza Técnico-Profesional y las universidades privadas ORT, Católica, de la Empresa, de Montevideo y Claeh, que trabajó y propuso el documento. Argumentan que en las últimas décadas los sistemas de educación superior nacionales, regionales e internacionales están viviendo cambios relevantes: “La proliferación de instituciones, el aumento de la matrícula, la diversificación de programas y la incursión de ofertas transnacionales. Esta evolución plantea la necesidad de mecanismos confiables para asegurar su calidad y pertinencia, integrándolos en un proceso progresivo que contemple la evaluación a través de estándares consensuados en la acreditación institucional y de carreras”.
El texto explicita la “necesidad de cristalizar una institucionalidad nacional de acreditación”, en el entendido de que Uruguay es el único país de América Latina que no tiene un sistema de evaluación y acreditación de la educación terciaria, y se entiende “imprescindible un marco normativo para contar con una estructura institucional, profesional, que promueva la calidad de la educación terciaria en el país”. En Uruguay funciona una Comisión ad hoc de Acreditación, un órgano honorario creado en 2008 e integrado por dos representantes del MEC, dos de la Udelar y uno del Consejo de Rectores de las universidades privadas, que representa al país en la Red Iberoamericana para la Acreditación de la Calidad de la Educación Superior y la Red de Agencias Nacionales de Acreditación, que gerencia el Sistema de Acreditación de Carreras Universitarias del Mercosur. Esta comisión fue la que actuó en los 31 procesos de acreditación de carreras o instituciones uruguayas (17 de la Udelar, ocho de la Universidad Católica y seis de la Universidad ORT).
Criterios comunes
Según manifestó la directora de Educación del MEC, un sistema de acreditación “permite establecer en acuerdo determinados criterios para validar las ofertas de grado y de posgrado, así como un espacio de evaluación de esos criterios”, aplicados a las instituciones, carreras o unidades académicas. Una vez generado el consenso, señaló, esta institución es la encargada de responder “si un doctorado público o privado cumple con los criterios para ser considerado un doctorado”. Angelo recordó que desde 2014, por el Decreto 104, se establecieron los requisitos que deben cumplir las carreras terciarias privadas, “pero hoy tenemos una oferta terciaria pública que está creciendo, y es importante que esos criterios se apliquen en todo el sistema, tanto en el público como en el privado”. Por otra parte, los principios propuestos en el proyecto “están en acuerdo con lo que se establece en el marco regional, lo que nos permite estar en sintonía con criterios de acreditación que hoy se manejan en la región, algo que es importante para la navegabilidad en el Mercosur y otros países”, añadió. Angelo destacó además que lo interesante de este proyecto es que contó “con el trabajo de toda la educación terciaria de Uruguay, tanto pública como privada, por lo que va con este aval al Parlamento”. Por esto mismo, la jerarca confía en que, más allá de las particularidades del año electoral, el tratamiento parlamentario del texto será “lo más rápido posible”.
El proyecto crea el INAAET como una persona jurídica de derecho público no estatal, que estará dirigido por un consejo directivo integrado por nueve miembros, todos nombrados por el presidente en acuerdo con el MEC: cinco propuestos por el Sistema Nacional de Educación Terciaria Pública, tres por las instituciones terciarias privadas reconocidas y uno por el MEC, que lo presidirá.