El gobierno uruguayo decidió que se retomarán las clases presenciales en todas las escuelas rurales del país el miércoles 22 de abril, algo que despertó una fuerte crítica de los sindicatos de la educación. Ante los planteos de los trabajadores, el gobierno convocó a una reunión entre los ministros de Educación y Cultura y de Salud Pública, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, autoridades del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) y representantes de la Federación Médica del Interior, la Sociedad de Medicina Rural del Uruguay y la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay (CSEU). Como resultado de ese encuentro, se logró flexibilizar el inicio de clases: sólo comenzarán la semana que viene las escuelas que estén habilitadas por el Sinae.

Según informó Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT, los trabajadores fueron a la reunión con la propuesta de postergar la fecha anunciada por el gobierno, pero “esa posición no pudo ser acordada”. Sin embargo, destacó que “se discutió sobre determinadas flexibilidades para ese inicio” y se solicitó que cualquier otro cambio eventual en la educación, en cualquier nivel, “se negocie con la CSEU, y que ese mecanismo sea previo y no luego de un anuncio”.

Elbia Pereira, secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio-Trabajadores de Educación Primaria (FUM-TEP), aseguró a la diaria que no comenzarán las 973 escuelas rurales, sino sólo aquellas que tengan la aprobación sanitaria del Sinae, que tomará como insumo un informe que realizó el Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP) para corroborar las distintas situaciones en las que se encuentran las instituciones.

Del informe que elaboró el CEIP, al que accedió la diaria, se desprende que hay 953 escuelas rurales activas, que reúnen a 13.629 alumnos. Poco más de la mitad tiene maestros que se trasladan al centro en transporte propio, mientras que los demás lo hacen en transporte público; sin embargo, son 162 las escuelas que tienen niños que concurren en ómnibus; la mayoría se traslada en los vehículos de sus familias o se reúnen en grupo para que los lleve algún adulto.

El informe también relevó la cantidad de escuelas con maestros que viven en las propias instituciones y aquellos que viven cerca. De las más de 900 escuelas, sólo un centenar tiene maestros que viven en el local y 124 tiene docentes de la zona, por lo que más de 700 escuelas tienen a sus maestros lejos de la institución.

Además, según los datos del CEIP, alrededor de 300 escuelas no cuentan con conectividad fluida y 170 escuelas no tienen las condiciones sanitarias necesarias para tomar las extremas normas de higiene que requiere la pandemia en curso en el país.

Más medidas

Según informó Pereira, se acordó que a todo el personal de las escuelas que deba trasladarse desde un poblado con casos de covid-19 a otro en el que no haya casos registrados, deberá realizarse un hisopado para corroborar si es vector de la enfermedad y solamente en caso negativo podrá retomar las tareas en la escuela. Pereira subrayó que en la reunión con las autoridades no se marcaron fechas exactas, sino que se dijo que comenzarán a trabajar “lo antes posible para que den los tiempos para garantizar el comienzo de clases, siempre teniendo presente que la fecha de inicio es algo flexible”. Por otra parte, están exonerados de concurrir a las escuelas todos los trabajadores que tengan factores de riesgo, es decir, si tienen alguna enfermedad preexistente o son mayores de 65 años.

Además, se mantiene el regreso voluntario, algo que ya había sido anunciado por Delgado la semana pasada. Aquellos padres o tutores que no entiendan correcto mandar a los niños a las escuelas estarán exonerados de hacerlo.

Pereira comentó que en la reunión el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, afirmó que la fecha del 22 se iba a mantener y esgrimió como argumentos los índices de contagio y de recuperados, y destacó que hay departamentos donde no hay personas con esta enfermedad. Otro de los argumentos manejados para mantener la fecha de la próxima semana es el valor de las clases presenciales y las dificultades que se pueden seguir sumando si se dilata la reincorporación de los estudiantes a las escuelas.