La resolución del Consejo de Educación Secundaria (CES) de prohibir la utilización de tapabocas con la leyenda #EducarNoLUCrar” dentro de los liceos generó polémica entre las autoridades y los gremios de profesores, y este lunes se expresó el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira. En su cuenta de Twitter escribió que un docente “está en situación de superioridad psicológica, funcional y simbólica respecto de sus alumnos”, por lo que “debe autolimitarse en lo que dice y en lo que hace. Cuando ese ejercicio de responsabilidad profesional se aplica a las ideas y opiniones, lo llamamos ‘laicidad’”.

El fin de semana el director de Televisión Nacional, Gerardo Sotelo, y el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, salieron al cruce del relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, quien opinó que la decisión del CES “bordea la censura”. Mieres respaldó la respuesta de Sotelo y añadió: “Hacer propaganda política por parte de un docente en un centro educativo es violar la laicidad”.

El intercambio también se dio con el diputado por el Frente Amplio Sebastián Sabini, quien anunció que convocará a las autoridades del CES a la Comisión de Educación.

A su vez, el ex director de Planeamiento Educativo de la ANEP Antonio Romano respondió a las declaraciones de la directora general de Secundaria, Jenifer Cherro, quien afirmó que el rechazo al proyecto de ley de urgente consideración (LUC) no es lo mismo que la pelea por el 6% del producto interno bruto (PIB) para la educación: “Son temas distintos; yo también quiero el 6%”, había dicho Cherro a la diaria.

“Lejos de aclarar, producen mayor confusión”, afirmó. “En ambos casos los docentes se estarían pronunciando, a favor o en contra, de un proyecto de ley que se encuentra a discusión en el Parlamento, y resulta muy difícil definir por qué en un caso se estaría violando la laicidad y en el otro caso no”, escribió Romano en su Facebook, y se preguntó: “¿La diferencia acerca de por qué se violaría la laicidad en un caso y no en el otro sería por la diferente opinión que tiene la directora general respecto a los dos temas? Porque no se puede negar que hay personas, que pueden incluir docentes y estudiantes, que pueden estar en contra del 6% para la educación”.

Consideró que es “bastante preocupante esta judicialización de discusiones que deberían ser pedagógicas y que son delegadas en otros cuerpos profesionales, que en general tienden a utilizar otros criterios diferentes a la hora de pronunciarse”, y agregó que queda en evidencia que “el criterio docente está ausente a la hora de tomar decisiones que afectan de forma importante la forma en que se debe regular la resolución de conflictos en un centro educativo. Había creído que este gobierno apostaba por la descentralización educativa, dando mayor autonomía a los directores y equipos docentes para decidir sobre el proyecto educativo. ¿Este es el modo en que lo van a hacer?”.