En el marco de distintos cambios normativos generados en los últimos años, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) presentó el miércoles una actualización de la guía para detectar y abordar situaciones de violencia en el ámbito de la educación inicial y primaria, cuya última edición era de 2013. El documento aporta información “conceptual y operativa” para tratar situaciones de maltrato hacia niños, niñas y adolescentes. Esto no sólo es para los centros educativos públicos, sino también para los privados, que pueden tomar el mapa ante la detección de un caso de abuso o maltrato.
Según se expone en el documento, la escuela “debe estar preparada para responder a situaciones de violencia que pudiesen ocurrir”. En ese sentido, detalla que el equipo del centro “debe estar sensibilizado en la temática de violencia y en conocimiento de los procedimientos para abordar la situación, así como sobre los diferentes roles y su alcance”.
El presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP, Robert Silva, dijo en una conferencia de prensa que esta guía tiene en cuenta la “realidad interna” de cada centro educativo, además del día a día “de ese niño que compone el centro educativo”. El jerarca señaló que cuando un niño o adolescente vive una situación de violencia “debe tener una comunicación de la educación pública que sea eficiente y efectiva”.
En tanto, la directora general de Educación Inicial y Primaria, Graciela Fabeyro, dijo que “la escuela es una caja de resonancia en todos los aconteceres, en todo aquello que ocurre a nivel familiar, comunitario y social”. Según agregó, para “la denuncia y la intervención oportuna”, la escuela ha sido y es un espacio importante, “porque allí se recepcionan y se perciben las distintas dificultades, emociones y sentimientos que van transitando los alumnos”.
Fabeyro señaló que docentes, equipos de apoyo y auxiliares de servicio “cumplen un rol importantísimo”, ya que “tienen un contacto cotidiano y permanecen en el centro educativo por años”, lo que da “confianza para generar el acercamiento”. Asimismo, la jerarca indicó que la escuela debe “anticiparse a que este tipo de problemas ocurran”, para lo que se debe promover “una convivencia saludable”.
¿Cómo funciona el procedimiento?
La guía resalta que el equipo de dirección de cada centro “debe conocer los recursos institucionales”, como los equipos de referencia y de orientación referentes de la institución, en especial el equipo del Programa Escuelas Disfrutables (PED) que le corresponda. Las direcciones también tienen que tener a disposición una lista de “recursos e instituciones” que integran el sistema de respuesta en territorio y que son parte del Centro de Recepción Local del Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia (Sipiav).
La guía establece una serie de definiciones conceptuales en materia de género y de violencia hacia niños y adolescentes, y plantea distintos escenarios: la que es ejercida por actores externos, la que aplican funcionarios del centro educativo y la que se da entre pares. Según se detalla, el protocolo puede ser activado por el funcionario escolar que detecte una situación de violencia, ya sea física, psicológica, sexual o de otro tipo, que pueda implicar una vulneración de derechos.
A su vez, fija pasos a seguir una vez que una situación de violencia es detectada. En primer lugar, marca que “todas las situaciones que se detecten por maestros y maestras de aula serán comunicadas a la Dirección y de esta a la Inspección, con el principal objetivo de analizar y definir los pasos a seguir”. “En caso de que la Dirección del centro sospeche que está frente a una situación de violencia convocará al PED, que asesorará y apoyará en la intervención a realizarse, incluida la entrevista con el niño, niña o adolescente”, remarca la guía.
El siguiente paso es definir el abordaje del caso, que debe involucrar a los equipos técnicos del PED, referentes del centro educativo, un adulto referente en el que el niño o la niña confíe (si es que se logra identificar) y al propio alumno. Según se agrega, cuando no puede identificarse un adulto o referente familiar de confianza para el niño o la niña se debe “solicitar al Estado que asuma esa responsabilidad”, a través ya sea del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) o del Poder Judicial. Además, para el abordaje “es fundamental” el trabajo coordinado con otros actores, “tanto a la interna del sistema educativo como con instituciones del Sipiav”, plantea el documento.
Para valorar el tipo de acciones que deben llevarse a cabo se establecen distintos niveles de gravedad de la situación de violencia: leve, moderada, grave o muy grave. En todos los casos se apuesta a que las intervenciones sean “lo menos perjudiciales” posibles y “preferentemente de carácter preventivo”. Sin embargo, cuando esas acciones “no hubieren sido suficientes para revertir la situación de vulneración de derechos”, la guía señala que es necesario hacer la denuncia correspondiente.
Bajo este mecanismo, las denuncias son realizadas por “la institución ANEP”, con informes técnicos que pueden elaborar los equipos del PED y dispositivos del Sipiav. A la hora de denunciar, siempre se debe informar a la respectiva inspección departamental de Primaria, que presentará la denuncia en coordinación con asesoramiento jurídico de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria. La única excepción son los casos muy graves, en los que existe riesgo de muerte, cuando los equipos técnicos pueden realizar la denuncia directamente.
Cuestionamientos
La actualización de la guía generó críticas en actores de la oposición y, según pudo confirmar la diaria, también en organismos que trabajan en la prevención y la atención de la violencia contra la niñez y la adolescencia. Una de las críticas tiene que ver con el proceso de trabajo para concretar la actualización, que la ANEP coordinó por su cuenta, sin Unicef ni el Sipiav, que sí habían colaborado con versiones anteriores.
Pablo Caggiani, exconsejero de Primaria y actual director en representación del Frente Amplio en el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, dijo que le “llama mucho la atención” que ni el Sipiav ni Unicef hayan participado en la actualización. En ese sentido, afirmó que la nueva guía “desconoce muchos años de acumulación en protección de derechos e interinstitucionalidad, que han ido generando más posibilidades de intervención en situaciones de violencia”. Además, sostuvo que con estas reglas de juego los equipos técnicos del PED quedarán “muy sobrecargados”, ya que no son muy numerosos, tienen a cargo varias escuelas y también abordan otro tipo de situaciones en los centros educativos.
Si bien entiende que una actualización era necesaria, para Caggiani, esta guía “desprotege” a las infancias y la persecución del delito. A su entender, el trámite de los casos en la Justicia penal queda relegado y “no tiene la relevancia que tenía en otros mapas de ruta”, ya que en la actual versión se prioriza “el acceso a la Justicia de familia”, expresó.
Por su parte, Andrea Tuana, directora de la asociación civil El Paso, consideró que la guía “sigue los lineamientos tanto conceptuales como metodológicos del mapa de ruta anterior y se enmarca dentro de los marcos conceptuales de la legislación vigente”. Sin embargo, consultada por la diaria, la especialista hizo hincapié en la necesidad de fortalecer el PED, debido al lugar “tan central” que tiene en este protocolo. Según estimó, si el programa de Primaria no cuenta “con equipos técnicos capacitados y formados en cantidad suficiente, se pueden generar muchas dificultades para la respuesta”, advirtió.
Por otro lado, si bien valoró como positivo que sea la institución la que haga la denuncia, señaló que esto no debería implicar “la burocratización, las demoras y la dilación en las respuestas”, como ha sucedido en algunos casos.
Reivindicación del trabajo interinstitucional
En la presentación de datos de violencia contra niños, niñas y adolescentes que realizó el Sipiav este viernes, si bien no se nombró explícitamente la guía de la ANEP, la reivindicación del trabajo interinstitucional fue una constante. María Elena Mizrahi, directora del Sipiav, recordó que en 2019 la Ley 19.747 refrendó la necesidad de que el modelo de atención sea integral y que se base en “la intervención armónica” de todas las instituciones. Mizrahi sostuvo que el Sipiav trabaja de forma individual con cada víctima, pero también lo hace con las familias y “con un enfoque comunitario” para “superar la distinción entre espacios públicos y privados”, clave para la protección de la niñez y la adolescencia.
Pablo Abdala, presidente del INAU, señaló que los organismos públicos y quienes tienen responsabilidades de gobierno tienen que cooperar para llegar a medidas que se canalicen en un plan de acción conjunto. “Juntos podemos hacer más cosas y con más eficacia que por separado”, fundamentó. En la misma línea, Luz Ángela Melo, representante de Unicef en Uruguay, también reconoció los avances legislativos de 2019 y planteó que las instituciones estatales deben “trabajar en forma coordinada para dar un abordaje adecuado a la violencia contra niños, niñas y adolescentes”.
Por su parte, Mariela Solari, directora de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía General de la Nación, hizo énfasis en que “no hay un solo equipo técnico de una sola institución que pueda abordar en solitario este problema, por la complejidad que tiene y por las secuelas que genera”. “El trabajo interinstitucional es crear una trama de acuerdos, tener un tejido para poder sostener estas situaciones, para llegar antes y tener mecanismos claros de qué le toca hacer a cada uno”, definió.
Solari destacó que los equipos técnicos que hacen llegar la mayor cantidad de denuncias provienen de la salud y la educación, ya que “tienen mayor capacidad de detección” de los casos. La funcionaria de la Fiscalía afirmó que el trabajo conjunto con esos actores “ha impactado en que aumente la capacidad de recepcionar denuncias”.
En la presentación de datos también estuvo la integrante del Codicen Dora Graziano, designada por Cabildo Abierto, quien coincidió en la necesidad de abordar estos temas a través de la “interrelación” de los organismos del Estado. En particular, nombró la guía para Primaria y explicó que su elaboración fue coordinada por la Dirección de Derechos Humanos del Codicen. En suma, valoró el documento como “un importante avance para enfrentar situaciones de violencia”. Entre otras acciones que contribuyen con esa acción, la consejera mencionó el “plan educativo cultural”, que, por ejemplo, comprende la organización de un torneo de debate. Según consideró, esa acción propicia “la socialización y aprender a escuchar al otro, respetando las distintas posturas”, y “constituye un camino para la convivencia pacífica y armoniosa” entre los niños, niñas y adolescentes.
Graziano sostuvo que “la violencia es un tema complejo” y se refirió al rol de la comunicación, que permite que “la violencia penetre a través de las redes sociales, películas, series, videos, noticias o juegos”. “Si no se da una auténtica comunicación con familia y docentes para analizar críticamente todo esto, los niños y adolescentes son permeables a los peligrosos efectos que esto produce. Es imprescindible una labor interinstitucional para implementar acciones que contrarresten este flagelo”, concluyó.