Ante la inminente reestructura de los cursos de Formación Profesional Básica (FPB), la Asociación de Funcionarios de UTU (Afutu) exigió a la Dirección de Educación Técnico Profesional (DGETP) que la reformulación sea postergada hasta 2023 para que sea “elaborada con la participación real de todos los colectivos afectados”.
Según un comunicado que difundieron el lunes, esa reestructura “implicaría una severa disminución de las horas docentes de diferentes áreas” del programa, dirigido a retener a adolescentes con dificultades para continuar estudiando. “Entendemos que esta omisión deliberada responde a políticas públicas y a una forma de entender el mundo, donde los sectores de menores recursos son nuevamente afectados ante el recorte de recursos a corto plazo sin miramientos de los perjuicios que esto trae a mediano y largo plazo”, entiende Afutu.
A su vez, el sindicato indica que “hoy no puede existir ninguna política en educación que no involucre a los verdaderos protagonistas en ella”, como son los docentes, estudiantes, familias y comunidades educativas, que son las que “conocen de primera mano las necesidades de una sociedad golpeada por el avance del capital feroz y la privatización contra el papel benefactor que debe cumplir el Estado”.
La DGETP hizo un estudio sobre la puesta en marcha del FPB, que vio vida en 2007. En paralelo, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed) también hizo un informe, a pedido de la UTU. Este concluyó que, dado el contexto de los “magros resultados” de la educación media básica en el país, “parece relevante mantener esta oferta y atender las preferencias de las familias que manifiestan interés en que sus hijos asistan al FPB, pero no lo logran”.
A su vez, el informe indica que reducir la oferta de 28 orientaciones con las que cuenta el programa “podría contribuir a mejorar su eficiencia”. Para ello se propone tomar en cuenta “cuáles son las que nuclean mayor matrícula y las más innovadoras” y las que se enmarcan en áreas “estratégicas para la generación de conocimiento y desarrollo del país”.
La UTU, por su parte, resaltó que las “debilidades” del FPB refieren a su “implementación” y se plantea la necesidad de una mejor formación de docentes y equipos de dirección. Asimismo, se apunta que el “desconocimiento” de la propuesta por parte de esos actores “se manifiesta en dificultades para resolver la integralidad en la práctica educativa en los EDI [espacios docentes integrados]”.
Según los datos promoción de la DGETP, que se presentaron el viernes pasado, el FPB se consolidó como la segunda propuesta con mayor cobertura de matrícula en la EMB. Los niveles de aprobación también han sido muy positivos (90,1%): “Hay que tener presente el criterio de flexibilidad y apoyo que también esta propuesta requiere”, indicaron en el informe.
“La estamos rediseñando, la estamos haciendo más flexible, más atractiva. Estamos cambiando el sistema de evaluación no tribunalizado porque eso causa un estrés en el alumno, y a veces por un mal día el alumno pierde”, adelantó en esa oportunidad el director general de la DGTEP, Juan Pereyra. Además, según dijo a la diaria, en los próximos días enviarán la propuesta de reestructura del programa a las Asambleas Técnico Docentes de UTU para que las estudien y que su implementación pueda estar lista en 2022.