El diputado colorado Felipe Schipani hizo un pedido de informes a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) para aclarar la situación en torno a las supuestas faltas que tuvo Marcel Slamovitz, dirigente de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes), en 2017.
El diputado hace la consulta a raíz de las declaraciones de la exdirectora del liceo departamental de San José, Miriam Arnejo, quien en la radio Carve señaló que Slamovitz intentó justificar en 2017 más de 140 horas de ausencia de su cargo docente “bajo el encubrimiento” de un integrante del Consejo de Educación Secundaria que dispuso el archivo de la denuncia.
Según Arnejo, Slamovitz presentaba un formulario en el que solicitaba días libres, en base a una disposición del Estatuto del Funcionario Docente, más allá de las “20 horas de licencia correspondientes por su actividad gremial”. En su momento la presidenta del Consejo de Secundaria, Celsa Puente, definió que Slamovitz no podía justificar esa cantidad de horas. La exdirectora afirmó que la causa entró a Jurídica de Secundaria pero fue archivada, y se dispuso que Slamovitz recuperara las horas con horas de apoyo, aunque aseguró que eso no ocurrió.
Marcel Slamovitz (archivo, febrero de 2021).
Foto: Federico Gutiérrez
A partir de esa denuncia, el diputado colorado decidió consultar a la ANEP si tomó alguna medida al respecto, cuántas fueron las horas que se tomó en 2017 Slamovitz, si es “una práctica habitual que se soliciten horas adicionales para actividades sindicales adicionales a las horas legalmente establecidas” y solicita el expediente que archivó la denuncia de la exdirectora, entre otros puntos.
Durante la sesión de la Comisión de Educación de Diputados del miércoles, a la que fueron los representantes sindicales, hubo un cruce entre Schipani y el secretario general de la Fenapes, José Olivera. Mientras que Olivera planteó que la medida tomada contra los docentes de San José se trata de una acción de persecución política y que las autoridades violan el artículo 57 de la Constitución de la República, que habla del derecho a la sindicalización, Schipani consideró que se violó el artículo 58, que prohíbe el proselitismo en los lugares de trabajo por parte de los funcionarios públicos.