Integrantes de sindicatos y de la oposición señalan que retorno a la presencialidad tendrá “las mismas dificultades” que había en marzo

El lunes se habilita la vuelta a la presencialidad para unos 6.000 niños de algunas de las escuelas rurales del país, en función de lo anunciado por el gobierno nacional y las autoridades de la educación. El calendario de retorno indica que los centros rurales habilitados son los que cuentan con un único docente. En diálogo con la diaria, la integrante de la filial de Florida de la Asociación de Maestros del Uruguay (Ademu) Yanina Fleitas señaló que la postura del gremio es favorable a la presencialidad “obligatoria, plena y segura”. Esto implica que los niños concurran a clases todos los días y durante todo el horario, pero también el adecuado resguardo de la situación sanitaria para evitar contagios de covid-19.

Para Fleitas, el aumento de la pobreza en niños y el aumento del riesgo lector de 23% a 35% son dos indicadores que muestran la urgencia de su vuelta a las escuelas, donde logran estar contenidos “en el aspecto emocional, pedagógico, físico y alimentario”. Después de estar en contacto con sus estudiantes a través de plataformas virtuales durante más de un mes, la maestra entiende que se requieren instancias presenciales, a las que considera “insustituibles”.

No obstante, lamentó que el sistema está “con las mismas dificultades” que cuando las clases comenzaron, en marzo, ya que no se ha reducido la cantidad de niños por grupo y en muchos centros educativos tampoco se contrataron más auxiliares de servicio para las tareas de limpieza. En el caso de Florida, en todo el departamento hay 100 escuelas y 66 de ellas son rurales, pero 49 son unidocentes y, por lo tanto, comenzarán el lunes, según le comunicaron a Fleitas desde la inspección departamental el viernes. Por su parte, la docente mencionó que una de ellas tiene problemas en los techos e iniciará las clases sin comedor.

Condiciones del retorno

La dirigente de Ademu consideró que “es necesaria una planificación estratégica que no se ha dado” y, por ejemplo, mencionó que el gremio reclama más de 400 aulas portátiles para dividir a los grupos de más de 30 niños. En su caso, mencionó que es maestra de grupos de quinto y sexto año y en la presencialidad trabajaba en un salón en el que se “paraba en el medio de una puerta y daba clase hacia un lado y hacia el otro”, unas condiciones que no considera adecuadas.

Desde Ademu Florida están de acuerdo con que el retorno sea gradual y atienda las circunstancias de cada zona, como han anunciado las autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). No obstante, Fleitas señaló que en el caso de las escuelas rurales se debe estudiar la cantidad de casos de covid-19 en la zona, pero también si la maestra viaja o no, o si la escuela tiene auxiliar de servicio. Si bien la escuela puede estar ubicada en una zona alejada de la urbanidad y con pocos contagios, la ciudad de Florida está en riesgo rojo y muchas maestras y auxiliares viajan desde ahí, detalló la integrante de Ademu.

Respecto de los traslados, adelantó que surgirán problemas similares a los del inicio de los cursos de este año, causados por el aforo del transporte y la reducción de frecuencias. Para el transporte dentro del departamento no hay un tope de aforo, pero al iniciar las clases aumenta la cantidad de personas que se trasladan. “En la escuela tratamos de mantener las burbujas por clase, cumplir con los protocolos a rajatabla, pero las maestras viajamos desde Florida al interior [del departamento]; antes era más común que el maestro rural viviera en la escuela, pero ahora no se da tanto”, añadió.

De todas formas, el mayor problema se vincula con la situación de las maestras que se trasladan de un departamento a otro, ya que el transporte interdepartamental mantiene 50% de aforo. Como la mayoría de los ómnibus salen desde Montevideo ya con la capacidad colmada, se han presentado dificultades cuando alguien quiere subir a mitad de camino. Otro problema adicional es que muchas empresas han reducido frecuencias a causa de la pandemia, lo que hace que los docentes no siempre puedan llegar en hora. En el caso de las maestras de Florida, muchas de ellas trabajan en escuelas de Canelones, indicó Fleitas.

Asumir costos

Pablo Caggiani, director por la oposición en el Instituto Nacional de Evaluación Educativa y exconsejero de Educación Inicial y Primaria, valoró que, a diferencia de otros países, en Uruguay existe un acuerdo entre la academia, sindicatos y familias organizadas acerca de que los niños deben volver a las actividades presenciales, en particular los de mayor vulnerabilidad socioeconómica y los más pequeños.

Si bien dijo a la diaria que está de acuerdo con que las actividades se retomen en forma progresiva, consideró “raro” que no se anuncien medidas en paralelo para dividir grupos, duplicando los recursos humanos y la capacidad locativa. En la misma línea de lo que han recomendado varios organismos internacionales y organizaciones que reclaman por el cumplimiento de derechos para las infancias, para Caggiani es necesario realizar “esfuerzos presupuestales extras” en pandemia, de forma de garantizar el cumplimiento de las medidas de distanciamiento que son necesarias para evitar contagios. Por el contrario, lamentó que “la consigna del gobierno es no poner un peso y las soluciones tienen que tener costo cero”.

Por su parte, cuestionó el escaso vínculo de las autoridades de la educación con los sindicatos del sector. La semana pasada se realizaron reuniones entre la ANEP y los representantes de los sindicatos para procesar algunos cambios en los protocolos sanitarios, principalmente referidos a la flexibilización del uso de tapabocas en niños de entre cinco y ocho años. No obstante, Caggiani señaló que hay más aspectos para ver en conjunto para llenar “baches” que dejan los anuncios del gobierno, como información referida a la alimentación escolar o al cumplimiento de la obligatoriedad, aspectos en los cuales no hay parámetros claros. Por su parte, consideró que se debería seguir una ruta similar a la del año pasado, cuando se realizaron varias reuniones para definir los protocolos de retorno a la presencialidad, de los que en ese momento no había antecedentes en la región.