Ante la Comisión de Educación y Cultura de Diputados, la dirección del colegio Punta Carretas, que despidió a una maestra por subir videos a Tik Tok, según informó El País, se reservó el motivo de la desvinculación de la funcionaria dado que entienden que de acuerdo con el derecho “positivo vigente” en el país “el despido de cualquier trabajador puede realizarse sin expresión de causa, o sea, no se requiere causa justificada para el despido de un trabajador”. “En eso nos basamos”, explicó en comisión la asesora legal del centro educativo, Jenny Oppenheimer, según consta en la versión taquigráfica de la sesión.
Los hechos, por ende, son de “carácter privado” y, por lo tanto, “la ponderación o valoración de esos hechos es de resorte interno de la institución”, detalló. En ese sentido, aseguró que el contrato de trabajo “se extinguió mediante un acuerdo transaccional” que suscribió el colegio con la trabajadora. Oppenheimer estableció que no fue sólo un video que la maestra subió, sino “decenas”, y agregó que en ellos se ven “relatados los hechos”.
Por parte de la maestra “no se manejó notoria mala conducta”, aseguró la asesora legal del centro educativo. Consultada por el representante colorado, Felipe Schipani, sobre si hay alguna política en cuanto al uso de redes sociales en el colegio por parte de los docentes, Oppenheimer declaró que ellos no tienen “ninguna preocupación por la vida privada de nadie”. “La escuela lo que hace es un discernimiento, una metodología frente a cualquier situación en la que entren en conflicto los intereses de estos cuatro colectivos [docente, niños, padres y empresa] que de algún modo funcionamos juntos. Y frente a esas situaciones, lo que planteamos es conversar, dialogar, intentar llegar a algún tipo de acuerdo; en algún momento hay que tomar decisiones, porque la educación no es neutral, tiene que avanzar en alguna dirección”, indicó.
En ese sentido se cuestionó: “¿Cuál es el alcance de una plataforma de red social? ¿Cuál es el uso que un usuario da a esa plataforma y qué pretende con ese uso? Esa charla daría para mucho, pero, evidentemente, cuando un usuario sube contenidos a una red social hace públicos esos contenidos, ¿verdad? Tienen una repercusión en los diferentes actores involucrados en una institución. Entonces, realmente, ¿dónde están los límites?”.
Oppenheimer dijo que el contrato de trabajo se “restringe al ámbito laboral”; empero, señaló que esos comportamientos “no es lo que se toma en cuenta para nada ni se valoran”. “Lo que pasa es que determinados comportamientos tienen consecuencias que la persona, en este caso, el docente, debe valorar, debe ponderar, porque la red social es pública, no integra la vida privada de ninguno de nosotros, ¿verdad? Ni de los docentes ni de ninguno de nosotros. Entonces, lo que está en tela de juicio, sin entrar en los hechos, son consecuencias del uso de una red social, porque ni siquiera es el uso de la red social, sino las consecuencias derivadas del uso por parte, en este caso, de un docente de una red social”.
La maestra despedida también fue recibida en comisión, pero los diputados votaron para que su postura no esté plasmada en la versión taquigráfica. Schipani planteó: “Todos sabemos cómo funcionan las cosas aquí. Los periodistas están permanentemente atrás de todas las versiones taquigráficas, de todo lo que pasa en las comisiones, y si llega a trascender parte de la exposición de la maestra ante la Comisión, creo que le vamos a estar causando un daño irreparable”.
Mientras tanto, el Sindicato de Profesores de la Enseñanza Privada (Sintep) también compareció ante la misma comisión en donde dejaron asentada su “visión crítica” ante el despido de esta maestra y de otra, en otro centro educativo, casi que por las mismas razones. “Era muy importante que el Parlamento tomara nota porque, a nuestro entender, hay que problematizar desde el punto legislativo el poder discrecional de las empresas”, dijo a la diaria el secretario general del Sintep, Sergio Sommaruga.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Instituciones de la Enseñanza Privada, Juan Carlos Noya, reflexionó en diálogo con la diaria: “¿Hasta dónde llega la vida privada y hasta dónde llega el poder de las instituciones? Esas dos cosas tienen que ser tomadas en cuenta, tanto el respeto a la vida privada y la libertad de expresión de las personas que trabajan, como el derecho de las instituciones a pedir determinados cuidados mínimos, dado que los docentes somos modelos a seguir por parte de nuestros estudiantes”.