Proyectos de investigación de la FHCE y el ISEF lanzan el Observatorio por el Derecho a la Educación

En noviembre se concretará el lanzamiento del Observatorio por el Derecho a la Educación, integrado por varios proyectos de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FHCE) y uno del Instituto Superior de Educación Física (ISEF) de la Universidad de la República (Udelar). Según explicó a la diaria Pablo Martinis, docente de la FHCE y uno de los impulsores de la iniciativa, “desde una clave de lectura pedagógica”, el observatorio apuntará a sistematizar prácticas docentes e insumos sobre la concepción de políticas educativas y su aporte a la promoción y el desarrollo del derecho a la educación en Uruguay.

En ese sentido, en el sitio web que tendrá el observatorio se centralizarán insumos cuantitativos y cualitativos, tanto de otras instituciones como de los propios proyectos que forman parte de la iniciativa. Al respecto, Martinis explicó que si bien “los datos duros estadísticos son fundamentales”, también lo es la “mirada de los procesos educativos a nivel de instituciones, de colectivos docentes y de política educativa”. Los impulsores del espacio están abiertos a que se sumen otros proyectos tanto de la Udelar como de la educación terciaria pública y esperan que el observatorio se convierta en una referencia para quienes estén interesados en la temática.

Desde el observatorio entienden que el derecho a la educación es “universal, inalienable” y “que corresponde a cualquier integrante de la especie humana”, por lo que “no puede ser retaceado por consideraciones de ningún tipo”. Según explicó Martinis, además de tener en cuenta los aspectos jurídicos y normativos, el enfoque del proyecto cuenta con dos ejes importantes: la igualdad y la justicia.

En ese sentido, se entiende que el mencionado derecho “se apoya en una búsqueda de justicia”, y, en ese marco, en “el derecho de cada quien a recibir la transmisión cultural que le corresponde por el hecho de ser parte de la sociedad se reafirma y se reinventa frente a la singularidad de cada individuo y grupo”. Además, se entiende que “se sustenta en una noción de igualdad que parte de la base del reconocimiento de la dignidad de cada uno, de sus capacidades para ser parte de una cultura común y de su derecho para ser parte de lo común a partir de las diferencias que lo constituyen identitariamente”.

El proyecto se basa en que colocar el énfasis en la educación como derecho tiene como contracara “la responsabilidad política que acarrea su efectivización”. Desde ese punto de vista, puede existir acuerdo en que “la educación tiene que ser justa, pero precisamente nos interesa poner en debate qué implica que la educación sea justa”, indicó Martinis. Según agregó, esa “no es una discusión que se pueda dar en los encares exclusivamente cuantitativos sobre matrícula, retención de estudiantes y resultados”, ya que “es una tematización pedagógica”.