Cuatro grandes figuras uruguayas reposan en alguno de los cuadros de su despacho. Hay tres que van en línea, y así los tiene en la pared: José Artigas, prócer nacional, José Pedro Varela, a quien hoy la educación pública le debe parte de su legado, y Pedro Figari, quien además de pintor fue político y dirigió la UTU. Pero a un costado, sobre una mesa, está Antonio Grompone, el fundador del Instituto Profesores Artigas y uno de los educadores más reconocidos de Uruguay, a quien siempre suele recurrir en sus conversaciones.

Víctor Pizzichillo, de filiación colorada pero con una vasta trayectoria en la educación pública, asumió la presidencia del Consejo de Formación en Educación (CFE) a fines del año pasado, luego de que Patricia Viera dejara el cargo para asumir uno nuevo en Rivera, en el Centro Universitario Regional Noroeste de la Universidad de la República.

Pizzichillo, que ya era consejero del CFE designado por el gobierno de la educación, de algo está seguro: si se derogan los artículos sobre educación de la ley de urgente consideración (LUC) que se someterán a referéndum, la transformación educativa que impulsa la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) para la formación de educadores se va a hacer “sí o sí”. En particular, en la consulta pública del 27 de marzo se puede derogar el artículo que habilita la posibilidad de otorgar carácter universitario a las carreras de formación docente, a través de un mecanismo que depende de un consejo no vinculante con diferentes actores, pero con preponderancia del Ministerio de Educación y Cultura. Lo que continúa es un resumen de la entrevista que mantuvo días atrás con la diaria.

Cuando asumió como presidente del CFE dijo que la ANEP era “valiente” al ponerlo al frente del organismo. ¿Por qué esa valentía?

Porque si bien no me considero un profesional con la titulación de doctor en Educación, tengo una trayectoria en la educación pública y en la formación docente. Trabajo en ella desde hace 22 años y nunca he ocultado lo que pienso al respecto, siempre he sido muy honesto conmigo mismo. Implica una valentía porque soy del interior, a veces las posibilidades para las personas del interior no son las mismas para alguien que vive en Montevideo. No digo que sea mejor o peor, pero las oportunidades de estudio y las condiciones son otras. Confían en una persona, en este caso en mí, en su acierto o su error depositan la confianza y uno tiene que actuar como todo funcionario público, dentro de la norma reglamentaria y constitucional, y cumplir con los objetivos estratégicos que se ha propuesto la ANEP para esta administración. Eso implica también compartir y trabajar en función de esos principios que se plantearon como fundamentales.

¿Cómo evalúa el desarrollo de la formación docente en estos últimos años?

Hay que tener presente que no existen puntos de llegada y congelamiento, sino que lo único permanente que tienen las sociedades es el cambio. Pasé por cinco reformas curriculares en formación docente. He tenido una trayectoria funcional por diferentes modalidades que tienen sus puntos fuertes y débiles, pero siempre todas han apuntado a la mejora de la formación de los educadores.

¿Cómo se va trazando la transformación educativa? ¿Cuál va a ser la nueva política nacional docente, que el presidente del Consejo Directivo Central (Codicen), Robert Silva, dijo que hasta el momento no existía?

Estamos trabajando en nuestra transformación curricular, cumpliendo un mandato del Codicen de diciembre de 2019. Habíamos trabajado en la construcción de los nuevos planes de estudio para magisterio y profesorado, educador social, maestro técnico. En 2017 se creó el maestro técnico, pero si bien el consejo pasado aprobó nuevos planes para el resto de las carreras, el Codicen no los aprobó en diciembre de 2019 y encomendaba al CFE a continuar trabajando. Hemos atendido esa resolución del órgano rector y, enmarcados en la transformación curricular que la ANEP lleva adelante, estamos trabajando en ese sentido; siempre con las ATD [Asambleas Técnico Docentes], el sindicato, y se hicieron jornadas en los centros educativos. Todos esos aportes se recogieron y fueron procesados por la asesoría académica. Hay muchos aportes, muchas mejoras y un proceso de construcción que evidentemente se tendrá que ir consolidando, pero es cierto que nosotros traíamos muchas cosas laudadas de toda la discusión anterior. El marco competencial, por ejemplo, ya lo habíamos laudado para la propuesta que no fue aprobada por el Codicen.

¿Qué es lo que les falta hoy a los educadores y qué plantearon las ATD al respecto?

Con distintos grados de acuerdo, varios documentos que llegaron coincidían en varias cosas como, por ejemplo, en el marco competencial, en que debía ser una carrera inicial, que había que reformular la estructura de planes y programas. También en que hay que pensarlo más desde el proceso de aprendizaje del estudiante, que requería una mayor flexibilidad para los trayectos estudiantiles, valorando muy positivamente todo lo que tenemos referido a la didáctica práctica. A nivel iberoamericano, tenemos un componente didáctico-práctico muy superior al del resto de las carreras docentes a nivel de América Latina. Eso fue valorado muy positivamente por la ATD, hicieron aportes sobre cómo se deberían reestructurar las prácticas docentes en las distintas carreras. Incluso, mirando también que esas prácticas docentes deberían incorporar los aspectos relativos a la gestión de los centros y no meramente a lo que se hace en un espacio que es el aula.

La LUC establece un consejo no vinculante para dar títulos universitarios a carreras de formación docente que está compuesto por diferentes actores, entre ellos el MEC, y algunos actores señalan que hay “injerencia” del Poder Ejecutivo. ¿Qué reflexión le merece?

Cada organismo tiene establecida su competencia constitucional, que es el primer ámbito de garantías de un gobierno democrático, por lo tanto, está claro cuál es la competencia de la ANEP y cuál es la que tiene el MEC. Hemos pasado por diferentes instancias en las que se ha pretendido que el CFE sea una universidad autónoma y cogobernada, lo que no depende de nosotros. Es una discusión que se tiene que dar en el ámbito parlamentario, que es donde se aprueban las leyes. Una de las ventajas de la LUC es que el CFE pasa a ser un consejo creado por ley y no por un acto administrativo, lo que fortalece la institucionalidad de la formación de educadores en la ANEP. Eso no significa que seamos un consejo autónomo, la que tiene autonomía es la ANEP. Si bien el CFE es el principal protagonista del proceso de reconocimiento universitario, el proceso de presentación ante el ministerio lo realiza la ANEP, cuya competencia institucional incluye habilitar los títulos para el ejercicio de la docencia.

Por el otro camino [el de la creación de una Universidad de Educación] no llegamos, se trabajará para llegar por este camino. Yo sé que puede no generar consensos, como es lógico, como el otro camino que tampoco los generaba, pero es el que tenemos y por el cual se va a trabajar. Reitero: nada es estático en las estructuras, después las dinámicas van generando diferentes construcciones en la sociedad.

Quizás la diferencia entre un camino y otro es que cuando se debatió la Universidad de la Educación hubo tiempo para discutirlo y una LUC está tres meses en el Parlamento y el Poder Ejecutivo puede decretarla. ¿Cree que se debería haber dado otra discusión?

Entiendo que la ley tiene un procedimiento que establece la Constitución, no lo inventa el gobierno. Las propuestas sobre educación fueron aspectos que estuvieron presentes con posterioridad a la propuesta de la LUC, porque estuvieron en la discusión electoral. No soy juez para decir si está bien o no el tema de los días [para tratar la ley], digo que es el marco constitucional que se ha utilizado. Y entiendo que ha existido una discusión previa que capaz no fue parlamentaria, pero sí un proceso de discusión ciudadano amplio que se venía dando desde el debate electoral, cuando los partidos presentaron sus propuestas.

Si este artículo se deroga el 27 de marzo, ¿cambian los planes del CFE?

La transformación curricular del CFE hay que llevarla adelante sí o sí, formar mejor a sus educadores es una necesidad del país. Eso no depende de la ley, la política de formación permanente para los docentes va más allá.

Algunos actores de la coalición de gobierno dicen que si se derogan estos artículos la reforma de la ANEP caería por sí.

Cada uno tiene sus opiniones. Se pasa a un mecanismo de gobernanza distinto, eso sí es cierto. El CFE perdería ciertas competencias que hoy tiene, hay cambios, sí. Es innegable que los cambios están. No se puede negar.

Es curioso que se hayan eliminado los consejos de Primaria, Secundaria y de UTU. ¿Por qué no se decidió lo mismo para el CFE? ¿Está de acuerdo con que haya representación docente?

No voy a opinar por los otros consejos. Somos un consejo porque vamos hacia un carácter universitario, en el CFE hay un delegado electo por los docentes y otro por los estudiantes, vamos en ese marco de construcción. Por eso seguimos siendo un órgano colegiado, no estamos hablando de la enseñanza obligatoria, es una enseñanza terciaria que va a alcanzar el carácter universitario. Su mecanismo de gobierno es otro, aunque existen distintos modelos de gobierno universitario a nivel de América Latina y el mundo. Sí creo que la formación docente es el corazón del sistema educativo. Todo el mundo en una sociedad ha pasado por una escuela u otro centro educativo. Eso le da una impronta mucho mayor a la acción docente, es el corazón porque es donde se forman los recursos humanos para toda la educación.

Los promotores del referéndum hablan que con la LUC se debilita lo público. ¿Qué reflexión le merece?

Felizmente vivimos en una sociedad democrática y sus integrantes pueden expresar libremente lo que piensan. Considero que no se debilita lo público, en este momento la educación pública uruguaya es un patrimonio y no estamos en un proceso de desmantelamiento de la educación pública, menos de la formación docente. Estamos trabajando para la mejora de la formación en el ámbito público y en aquellos ámbitos privados que forman con el plan de formación que habilita la ANEP. En este momento ninguna de las instituciones privadas habilitadas por la ANEP lo hace con planes propios. No comparto que digan que se socavan las bases de la educación pública.