La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) opinó que es “favorable” que se avance en el proyecto de ley que presentó el diputado colorado Felipe Schipani para que las instituciones públicas de educación terciaria aseguren las modalidades a distancia y semipresenciales en el dictado de los cursos de las carreras que así lo permitan.
Según la resolución del Consejo Directivo Central (Codicen) a la que tuvo acceso la diaria, la ANEP apunta que es “un hecho que la virtualidad como herramienta digital posibilitó la continuidad educativa en todos los niveles de enseñanza durante la emergencia sanitaria”, que empezó a regir en marzo de 2020 y culminó en abril de este año.
El organismo que dirige el también colorado Robert Silva sostuvo que el proyecto presentado tiene como objetivo dar a estudiantes del interior del país la posibilidad de acceder a opciones educativas que “sólo se dictan en Montevideo, así como la oportunidad de incluir y mantener en el sistema educativo a personas discapacitadas, privadas de libertad, mujeres jefas de hogar, entre otros”. Esa población, se apunta, “de no contar con este tipo de modalidades educativas se encontraría en desigualdad de condiciones”.
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En diálogo con la diaria, Schipani consideró que la opinión de la ANEP es “muy importante”, puesto que es uno de los entes de la educación en el que este proyecto tendría aplicación si se llegara a aprobar, al igual que en la Universidad de la República (Udelar). “Es una opinión favorable, en el sentido de los argumentos que nos motivaron a presentar la iniciativa de descentralización, de oportunidades, fundamentalmente para muchos estudiantes del interior”, agregó.
A su vez, destacó que la ANEP valorara que el proyecto “no es lesivo de la autonomía”. Según añadió, la independencia de la ANEP está consagrada en el artículo 202 de la Constitución, al igual que la de la Udelar. No obstante, la casa de estudios universitarios consideró que viola la autonomía e incluso cuestionó su constitucionalidad.
Rodrigo Arim, rector de la Udelar, fundamentó en noviembre del año pasado ante la Comisión de Educación y Cultura de Diputados, que es la que estudia este proyecto, que es “inconveniente” que la obligatoriedad de la enseñanza virtual “se regule por mecanismos legales con la rigidez que esto implica y sin que aún existan evaluaciones académicas convincentes en el mundo en general sobre su impacto”.
El rector indicó que en la propia ley orgánica de la Udelar, del año 1958, no se establece como obligatoria cierta modalidad de enseñanza: “De hecho, no se habla ni de presencialidad ni de virtualidad. Por tanto, en base a criterios académicos y técnicos la Udelar está en condiciones de reconocer, y lo está haciendo, a pie de igualdad, cursos en algunos casos sostenidos en plataformas digitales, otros obtenidos exclusivamente en la presencialidad, y otros sostenidos en la complementariedad de ambos instrumentos”, dijo en ese entonces.
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A su vez, señaló en su momento que las iniciativas tienen “un problema instrumental, que no es trivial”. Estableció que “hay cierta sensación” de que la virtualidad es “más barata”, cuando la evidencia demuestra que “tiene costos importantes”. “Es cierto que ahorra algunos recursos, en particular, edificios, espacios físicos, pero es absolutamente intensiva en otros recursos que son costosos, en particular la base tecnológica para asegurar” una enseñanza de calidad, sostuvo.
Schipani señaló que discrepa con la posición de la Udelar. El legislador planteó que “el principio de especialización busca salvaguardar que los entes autónomos tengan una acción independiente a la del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo”. Según agregó, ello apunta a “no afectar la acción de los entes de enseñanza, alejar la educación de los adoctrinamientos y las pretensiones político partidarias que puedan tener las autoridades políticas”. No obstante, consideró que si el Parlamento aprobara su proyecto de ley se establecería que “se debe garantizar la posibilidad de que los cursos se dicten de una forma que beneficien al interés general cuando se dan determinadas condiciones”.
Para el legislador colorado, su iniciativa no puede ser “nunca” inconstitucional, porque “no se está legislando que a partir de tal o cual fecha los cursos se harán de tal manera”, sino que se expresa que “dadas determinadas condiciones que la ley exige, las instituciones de la enseñanza deberán brindar esa opción”. “Eso no es inconstitucional, por tanto, esta opinión fundada de la ANEP es sin duda un elemento importante que tendrán en consideración los legisladores a la hora de discutir este proyecto en comisión”, consideró.
Está previsto que en junio comparezca ante la comisión el grupo “Universidad para todos”, que promueve que sea obligatorio que se den clases a distancia en la Udelar, en especial para aquellos estudiantes terciarios que viven en el interior. Para Schipani, con esta definición de la ANEP pasa a ser un tema prioritario para “aprobarlo a la mayor brevedad posible” en la comisión.
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