A raíz del paro y la marcha que realizarán los sindicatos de la enseñanza el 15 de junio, la diputada por el Partido Nacional (PN) Alexandra Inzaurralde presentó un proyecto de resolución para que se decrete la esencialidad en los comedores escolares para esa fecha, lo que generó varias críticas de la oposición y de dirigentes sindicales.

El exdirector de Primaria y exdirigente de la Federación Uruguaya de Magisterio (FUM) Héctor Florit consideró que cualquier intento de declarar la esencialidad en la alimentación escolar tiene una “contradicción fundamental” y es que es un servicio que se presta unos 180 días al año, es decir, casi la mitad. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se entienden como servicios esenciales aquellos cuya interrupción “podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona en toda o parte de la población”. Para Florit, en este caso “es obvio que no es un carácter absolutamente esencial”, ya que el servicio no se ofrece buena parte del año.

Los docentes apuntan que la alimentación escolar tiene básicamente tres dimensiones: colaborar con la ingesta diaria de las poblaciones vulnerables, crear un clima de inclusión educativa por el cual se insta a que la mayor parte de los niños puedan participar del comedor como espacio de socialización, y la tercera está vinculada a la educación para la salud. “Estos son cometidos educativos que hacen que este servicio tenga múltiples dimensiones y un decreto de esencialidad supondría tener una visión sesgada respecto a ellas”, señaló Florit, en conversación con la diaria.

El maestro sostuvo que hay que “resolver” la ingesta de los niños durante todos los días y no meramente en el año lectivo. “Hay 180 días que no se prestan, parece bastante abusivo plantear una declaración de esencialidad”, estableció. El exdirector de Primaria señaló que la FUM planteó “más de una vez” que se pueda librar un ticket de alimentación, que es un recurso que la administración utilizó en 2020, una vez que se decretó la emergencia sanitaria.

Florit aseguró que se trata de un “recurso válido” y que es efectivo. En suma, el maestro ahora jubilado expresó que la preocupación por la alimentación habría que debatir en términos “más generales”. En ese sentido, recordó que en el artículo 272 de la última Rendición de Cuentas se estableció que con lo recaudado por el Impuesto de Primaria se pueda financiar la alimentación de estudiantes de educación media. “Es absolutamente necesario que los jóvenes de la educación media puedan mantener la alimentación en caso de necesitarla. Parece raro que se reparta un impuesto que tenía un destino 100% afectado a la alimentación escolar y complementariamente al transporte de niños con discapacidad, de niños rurales, para campamentos educativos, partidas para las comisiones de fomento. Es decir, que tenían utilidades de primera necesidad; se resigna una parte de ese destino para usarlo en otro subsistema”, detalló.

Además, indicó que ante la eventualidad de que hubiese un incremento de la recaudación, el propio artículo plantea que el incremento se podrá destinar a pagar sueldos. “Incluso se prevé que ante una mejora en la recaudación, el incremento tampoco esté destinado a financiar este plus de comensales”, añadió.

Sin sorpresas

En tanto, la dirigente de la FUM Gabriela Arbeleche indicó que “no llama la atención” que cada vez que hay una actividad de movilización o paro se plantee la situación de los comedores escolares. En diálogo con la diaria, pidió tener en cuenta que cuando todo el país estaba “paralizado” por la emergencia sanitaria “fueron los maestros los que se pusieron a repartir bandejas para atender la alimentación de los niños”. Además, dijo que los paros no son habituales sino que, por el contrario, “son escasas” las veces en que se llega a este punto.

A su vez, dijo que hay “otras formas” de atender la alimentación escolar en esa fecha: “Debería preocupar a las autoridades otros días en que los niños quedan sin alimentación, como sucede cuando hay algún receso, fechas patrias, o cuando se hizo la ATD [Asamblea Técnico Docente] en las escuelas”. “Si solamente vamos a poner el ojo en el día de paro, es de gran preocupación”, señaló.

El aporte que hace la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) a las escuelas para la alimentación es de casi 32 pesos “por día y por niño”. “Habría que preguntar qué familia puede alimentar a su hijo con ese dinero. Nos preocupa mucho más el hecho de lo escasa que es esa partida, en un momento que en el que el país, los aumentos están siendo todas las semanas”, planteó la integrante de la FUM.

Asimismo, Arbeleche reclamó que “no se debe jugar” con lo establecido en la Constitución, que es el derecho que tienen los trabajadores a reclamar por sus condiciones de trabajo y de aprendizaje de los niños. “Tratar de distorsionar el motivo de esta movilización con este tipo de proyectos claramente es una jugada muy baja”, agregó.

Por su parte, la diputada del Frente Amplio Lilián Galán señaló que los comedores escolares “siempre fueron una prioridad” para los profesionales de la educación. En ese sentido, dijo que en este gobierno hubo “un cambio”, porque ahora se “selecciona” a “los niños más pobres entre los pobres, a quienes si ese día no se les da de comer, no comen”. “Eso se lo venimos diciendo desde la Rendición de Cuentas del año pasado, cuando constatamos que se devolvieron 63 millones de pesos a Rentas Generales y que no fueron para los comedores escolares”, denunció.

Según la legisladora, ello se tradujo en niños que tuvieron que comer en ollas populares porque no recibieron la alimentación financiada por la ANEP. En suma, a Galán le parece “muy oportunista” que Inzaurralde haga este planteo en el marco de un paro, máxime cuando hubo “un recorte presupuestal de 80 millones de dólares” que afectaría la alimentación de los estudiantes.

“Por supuesto que los comedores tienen que estar abiertos, pero las autoridades también tienen las medidas para hacerlo, por ejemplo, medios electrónicos”, sostuvo. Además, criticó que la legisladora nacionalista no tuvo esa “preocupación” cuando el año pasado se dijo en la Comisión de Presupuesto que “había niños que no se estaban alimentando, que pasaban hambre, que se había devuelto plata”. Eso no es por los paros docentes, sino “por el recorte del presupuesto educativo”, reclamó Galán.

Con datos de fines de marzo, hay 192.000 niños y niñas anotados para alimentarse en comedores, informó Galán. Si bien en abril hubo familias que quisieron anotar a sus niños, “no los dejaron”, denunció la legisladora. Al respecto, aseguró que de todas formas hubo directores escolares que inscribieron a los niños porque “sabían del contexto”, pero desde la Inspección de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria se les exigió que no lo hicieran más. “Los niños tienen que comer los 365 días del año y hoy sabemos que hay niños que los fines de semana van a las ollas. Seamos realistas y no hipócritas”, concluyó.