Luego de la ola de episodios de violencia vino la ola de ocupaciones. Las situaciones de violencia dentro de los liceos de Montevideo y en los alrededores no son novedad, como tampoco el reclamo de docentes y estudiantes por la falta de respuesta a la problemática. Las ocupaciones tampoco son nuevas: sin ir más lejos, la discusión sobre la reforma educativa que está aplicando la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) fue transitada incesantemente, el año pasado, junto al rechazo de las comunidades educativas manifestado mediante diversas medidas de lucha que, en muchas ocasiones, se caracterizaron por la ocupación de las instituciones.

Es que, según han esbozado estudiantes de los distintos centros educativos, la ocupación es una medida drástica y que prefieren no elegir, pero es la medida que han notado que tiene mayor repercusión para lograr, finalmente, el objetivo principal: que las autoridades de la educación escuchen sus reivindicaciones.

En diálogo con la diaria, Bruno Volpi, vocero de la Coordinadora de Gremios de Secundaria del Área Metropolitana, recordó que en agosto de 2022 la coordinadora logró una instancia de diálogo con las autoridades del Consejo Directivo Central (Codicen), pero que, justamente, “fue simplemente diálogo, [las autoridades] no se comprometieron a solucionar nada”.

Aseguró que desde entonces hasta ahora no ha habido ninguna solución ante los reclamos planteados por el estudiantado organizado y que tampoco tuvieron otra reunión que no sea, como máximo, con las inspecciones institucionales.

“Esperemos que este año eso no pase”, que haya “más instancias de diálogo y negociación” que tengan un efecto, en lugar de “tener que volver a entrar en huelga”, afirmó. En ese sentido, destacó que recientemente al Gremio Estudiantil del Miranda lo recibieron el consejero político Juan Gabito y también la inspectora de Institutos y Liceos, y que la Dirección General de Educación Secundaria tuvo la “intención” de concretar una reunión con el Gremio Estudiantil del Dámaso, aunque esta finalmente no se realizó.

La lectura de Volpi al respecto es que hay “un primer acercamiento” que desde la coordinadora se ve “como una muy buena señal”, pero que se logró a través de las medidas de lucha. “Esperemos que esto siga así y que el conflicto no siga escalando. Realmente no es para nada nuestra intención, no es a lo que queremos llegar, necesitamos descansar, estudiar de verdad. Basta, por favor, pero nos están demostrando que [ocupar los centros] es la manera de que nos escuchen”, sentenció.

Durante mayo fueron ocupados por estudiantes –incluso más de una vez– el Zorrilla, el Bauzá, el Miranda, el Dámaso. Si bien Volpi aseguró que no se trató de ocupaciones “coordinadas”, dijo que a partir de ahora desde la coordinadora “probablemente coordinemos medidas” para poder lograr, finalmente, una nueva instancia de negociación con las autoridades del Codicen.

El rechazo a la reforma educativa continúa siendo parte de los puntos generales de la plataforma, pero no se presenta como el eje principal de las reivindicaciones actuales. Las que manifiestan los estudiantes como prioritarias también datan desde tiempo atrás: Volpi especificó que “en lo macro”, la inexistencia de accesibilidad es uno de los primeros problemas, así como la ausencia de equipos multidisciplinarios, la falta de presupuesto y las condiciones edilicias.

A pesar de que la mayoría de estos puntos cargan con trayectoria al igual que las ocupaciones, a pesar de que no pasaron tantos meses desde que la huelga estudiantil y las ocupaciones masivas estaban en vigencia, los desalojos actuales tienen sus diferencias y, según analizó en diálogo con la diaria Daniel Parrilla, abogado de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) y asesor de varios de los gremios estudiantiles de la educación media, el conflicto actual se avizora “peor” que el del año pasado. Consideró que se ha “recrudecido” y que el accionar de las autoridades avanza por “el costado de la normativa”.

Yo me ocupo

Para el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, las ocupaciones actuales en los liceos, entre otras medidas de lucha, son “un poco difíciles de entender”, porque las “reivindicaciones que se hacen se podrían haber hecho hace diez años, porque no se trata de problemas que surgieron ahora”, dijo el jerarca en una rueda de prensa. En ese marco, destacó que con varios de los problemas denunciados “se convivió muchos años sin tomar ni siquiera medidas mucho más suaves” que las ocupaciones.

Aun así, admitió que las reivindicaciones son “problemas que existen, que son reales” y “que hay que solucionar”. la diaria intentó coordinar una entrevista con las autoridades de Secundaria para profundizar en el tema, pero no tuvo éxito.

Parrilla también manifestó falta de entendimiento pero, en su caso, en alusión a las medidas que han tomado las autoridades en las últimas ocupaciones. “Una de las cosas que advierto y que me molesta muchísimo es que cuando la Dirección General de Secundaria solicita el desalojo, la Policía pide la identificación de los ocupantes, y me parece que es absolutamente fuera de lugar: la Policía no tiene por qué solicitarles la identificación a los chiquilines, ni tampoco la Dirección de Secundaria tiene por qué pedirlo”, aseguró, y esgrimió que se trata del primer diferencial que puede verse en comparación con las ocupaciones del año pasado.

El abogado explicó que si bien Secundaria puede solicitarle a la Policía que desaloje porque “hay una ocupación que entiende ilegal”, el pedido de identificación de una persona se puede dar cuando se presume que cometió un delito, “con base en lo que impone la ley de urgente consideración y en el marco de un proceso que en algún momento podría llegar a ser penal, por imposición de un fiscal”.

“¿Por qué tiene que haber una identificación? Si yo voy a un ámbito de negociación colectiva, yo me voy a comunicar en representación de los estudiantes con las autoridades; en ese caso obviamente tenés que identificarte como representante de un colectivo, pero no en el marco de un desalojo”, subrayó.

Parrilla afirmó que, hilvanado con este punto, hay otro: a partir del diálogo con diversos directores de los liceos, señaló que “la Inspección les está pidiendo a las direcciones que vayan a la comisaría a hacer la denuncia penal”, luego de que se produjo el desalojo de los estudiantes. En opinión del abogado, lo que las inspecciones, entonces, “están buscando es generar un encuadre penal de la situación”.

La solicitud de datos de cada estudiante que participa en las ocupaciones cobra sentido si se piensa en la intención de efectuar una denuncia penal: se trata de “una coordinación lógica”, sostuvo. Y, justamente, ese es su “temor”: que “las inspecciones estén empezando a presionar a las direcciones para generar un escenario diferente”, “más agresivo”.

“Lo jurídicamente incorrecto es que la Policía pida la identificación, más aún que después la dirección vaya a denunciar. ¿Qué están denunciando? ¿El ejercicio de un derecho fundamental?”, reiteró.

Asimismo, Parrilla afirmó que existe una “tercera pata” de lo que podría llamarse una “nueva política de recrudecimiento de las autoridades”. Se preguntó, en tanto, si lo que buscan es “provocar” y generar “temor”. En esa línea, hizo referencia a que en los desalojos de los liceos durante mayo, los operativos se han caracterizado por un alto despliegue de policías y de la Guardia Republicana, como al alpiste de un “eventual nivel de represión para el desalojo”.

A este punto también se refirió Volpi, quien consideró que se trata de “una estrategia de intimidación”, de “trabajar desde el miedo”. “Antes llegaban dos o tres patrulleros con una camioneta pick up que traían a cuatro personas de fuerza de choque. Ahora llega directamente el camión blindado de la Guardia Republicana, y te arman el operativo frente a la puerta. ¿Cuál es la necesidad, si en ambas situaciones salimos igual con la intimación?”, esgrimió el vocero de la coordinadora.

La llegada de la intimación es, además, sin presencia alguna de autoridades o cualquier referente que no sea la Policía. Según Parrilla, hay un “problema de fondo” que hace que “todo el proceso sea por el costado del marco jurídico”. En ese sentido, dijo que los desalojos deberían efectuarse con una orden judicial, sobre todo si se tiene en cuenta que se trata de niños y adolescentes y que, según el Pacto de Nueva York, los estados tienen “la obligación de buscar ámbitos de negociación” y reconocer que los niños y adolescentes “son titulares de derechos y obligaciones”.

En este contexto, el abogado prevé hacer una denuncia ante la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, y evaluó que es necesario “reivindicar permanentemente que en realidad lo que están haciendo [los estudiantes] es ejercer un derecho”, mientras que a las autoridades “no les interesa el diálogo”, sino que “les interesa disciplinar”.

La violencia diagonal

En el Dámaso, en el Bauzá, en el Zorrilla, en el 41, en el 65: los liceos en los que han trascendido situaciones de violencia desde que comenzó el año lectivo hasta ahora han sido muchos, aunque días antes de que se desataran las ocupaciones, aconteció una seguidilla de hechos. Poco antes de mediados de mayo, distintos gremios estudiantiles de secundaria se movilizaron y marcharon hasta la ANEP en reclamo de medidas para que haya mayor seguridad en los centros educativos, mientras que familiares de estudiantes buscan organizarse por el mismo motivo y docentes se declararon en conflicto solicitando “respuesta inmediata y global de las autoridades”.

Dadas las circunstancias, el consejero docente en el Codicen, Julián Mazzoni, recorrió algunos de los liceos en los que hubo problemas, como es el caso del liceo 41. Según contó a la diaria, en ese centro educativo hubo “agresiones desde fuera del liceo, pero también desde adentro, que pusieron a los funcionarios, principalmente a los docentes, en situaciones de altísima violencia”. El consejero narró que el contexto es de “mucho miedo” y que una de las necesidades principales que manifestaron desde el liceo como posibles medidas de prevención es la presencia de equipos multidisciplinarios.

En el Bauzá también fue recibido y tanto el estudiantado como los docentes y la dirección esbozaron que urge contar con un equipo multidisciplinario y más porteros. Este último pedido se vincula con la situación de violencia que tuvo lugar en el centro, en la que “un grupo de muchachos que no eran estudiantes entraron y golpearon”.

Algo similar ocurrió en el Dámaso, donde un grupo de personas golpeó a un estudiante y empujó al director del centro, además de romper vidrios. En este caso, también se le mencionó a Mazzoni la necesidad de un equipo multidisciplinario.

Un “panorama de complejidad y angustia” fueron las palabras que usó el consejero docente para definir la situación general de la educación media. En ese marco, afirmó que hay que “enfrentar los problemas generados muchas veces afuera, pero que son agravados por la falta de presupuesto y la falta de funcionarios profesionales”, quienes, según considera Mazzoni, podrían contribuir desde los ámbitos educativos “a generar que cuando los alumnos concurran al centro, tengan la contención que en otros lados no tienen”.