Que “se asegure de la existencia de un equilibrio razonable entre la obligación de neutralidad política de los docentes públicos en el ámbito educativo” y “el derecho de las organizaciones de docentes a expresar sus opiniones sobre cuestiones económicas y sociales que puedan afectar a sus miembros y a poder difundir las mismas en el lugar de trabajo”, fue una de las recomendaciones al Estado uruguayo que en junio de este año emitió el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La manifestación del organismo se debió a la denuncia que la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) le hizo llegar, en la que afirmaron que existía una “arremetida antisindical” llevada adelante por la Dirección General de Educación Secundaria (DGES) contra los 14 profesores que posaron con un cartel con la leyenda “No a la reforma”, en alusión a la campaña de reforma constitucional que promovía en 2019 el nacionalista Jorge Larrañaga.
Para tratar el informe emitido por la OIT, este miércoles Fenapes concurrió a la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Representantes. En rueda de prensa, José Olivera explicó que se puso a los legisladores en “conocimiento” del dictamen de la OIT y los reclamos del sindicato, que se deben a “un conjunto de temas que implicaban violaciones a algunos derechos y libertades sindicales”.
Hicieron énfasis, aun así, en los seis docentes del liceo 1 de San José que fueron sancionados y que, según aseguró Olivera, cuatro de ellos tendrán que volver a concursar. Para el presidente de Fenapes, la medida tomada por Secundaria, que implicó la retención total del sueldo y separación del cargo de los seis docentes por 180 días, no tuvo “razonabilidad y respeto al derecho a poder expresar opiniones en términos económicos y sociales dentro del lugar de trabajo”.
Por esa razón, Olivera manifestó que el Estado uruguayo “debe corregir esta situación”. En concreto, desde Fenapes esperan que Secundaria modifique la sanción definida y que “el Estado en su conjunto asuma un pleno cumplimiento de las libertades sindicales, libertades de expresión, como estaba planteado en este informe, que en este caso no se respetó”.
Por otro lado, manifestó que en la comisión parlamentaria “hay un profundo desconocimiento del papel y lo que implican los organismos de contralor y sus pronunciamientos en el marco de la OIT”. En ese contexto, afirmó que aspiran a que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social también tenga “algún papel importante a jugar”, debido a que la DGES “hoy está fuertemente cuestionada por este dictamen de libertad sindical”.
Emiliano Mandasen, Daniel Parrilla y José Olivera, el 2 de agosto, durante la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Representantes, en el edificio anexo al Palacio Legislativo.
Foto: Mara Quintero
Cuestionamientos
El “desconocimiento” del que habló Olivera se debe, según esbozó, a que “algunos legisladores entienden que no hay un dictamen” por parte de la OIT. Justamente, la diputada colorada María Eugenia Roselló se refirió a ello. En diálogo con la prensa, dijo que en la instancia se “generó un debate” y se “cuestionó” que, “en realidad, el informe de la OIT es un informe y no un dictámen, porque no hay ninguna condena, infracción, ni violación a ningún derecho fundamental como la libertad sindical ni la libertad de expresión”.
Específicamente, la diputada señaló que la OIT hizo “una descripción con base en el relato de hechos por las partes involucradas”. Consultada sobre si, a pesar de ello, considera que el gobierno violó la libertad sindical, Roselló respondió que “por supuesto que no” y que la OIT tampoco lo afirma. Para la diputada, se desconoció el artículo 58 de la Constitución de la República, en el que se prohíbe “realizar actividades proselitistas dentro del lugar del trabajo y en las horas de trabajo, y claramente por más de que no hayan estudiantes en el centro educativo, no deja de ser el lugar de trabajo”.
Roselló tampoco considera que el Estado uruguayo deba emitir una contestación, como lo plantea Fenapes. Contrariamente, opinó que es el sindicato de profesores el que debe responder. “Recordemos que hay una denuncia penal que está en la Justicia, en plena investigación, que seguramente en los próximos meses dará su curso”, apuntó la diputada, con referencia a las presuntas licencias irregulares de dirigentes de Fenapes.
Para Olivera, la postura de los legisladores, como la de Roselló, “es medio contradictoria”: “Muchas veces escuchamos a legisladores del oficialismo decir que había un dictamen de la OIT, que había que modificar la Ley de Negociación Colectiva, pero lo que resulta cuando ese dictamen dice que fue el gobierno, o la administración, o parte de ella la que violó derechos a los trabajadores, no es dictamen”. En resumen, según el dirigente sindical, “esa doble vara tiene una lectura política partidaria y no se ajusta a derecho, mucho menos a las normas que consagran derechos en el marco de la OIT”.