Mientras denuncia intención de autoridades de “menoscabar” su funcionamiento, ATD de Secundaria comienza a evaluar la Transformación Curricular

Este martes no hubo clases en los liceos públicos de todo el país porque se realizaron las primeras Asambleas Técnico Docentes (ATD) de centro en lo que va del año. En una nota de la Mesa Permanente de la ATD Nacional dirigida a las asambleas liceales, se señala que el órgano técnico de docentes cuenta con varias dificultades de funcionamiento, similares a las ya denunciadas en los últimos años.

En concreto, se plantea que las comisiones permanentes de la ATD Nacional, que procesan insumos y materiales para facilitar la discusión, no cuentan a la fecha con presupuesto para funcionar. Agregan que en los últimos meses se sumó un nuevo inconveniente, ya que la Dirección General de Educación Secundaria (DGES) no permite que la Mesa Permanente del organismo funcione con sus cinco integrantes. Ello se debe a que, por motivos jurídicos, el organismo negó el pase de un docente del interior para integrar dicho espacio. Según asegura la mesa de la ATD Nacional, esta decisión tiene la “clara intención de menoscabar el funcionamiento pleno” de la asamblea.

Por su parte, la Mesa Permanente señala que, a diferencia de lo que ocurre en otros subsistemas de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), en la DGES la ATD no es convocada a participar en comisiones institucionales de su competencia, por lo que no puede ejercer su rol de asesoramiento ni de propuesta para las decisiones políticas del organismo.

Según se aclara, al espacio al que la ATD sí fue invitada fue a la elaboración de programas de segundo y tercer año de bachillerato, actualmente convocada por la Dirección Ejecutiva de Políticas Educativas de la ANEP. Al respecto, la Mesa Permanente cuestiona que, igual que ocurrió con el primer tramo del diseño de la Transformación Curricular, se haya convocado primero a lo que denominan un “grupo de ‘notables’”, y lamentan que la invitación a la ATD haya llegado “una vez concebido el plan” de diseño. Por tanto, el órgano resolvió que no participará en dicho espacio, para guardar coherencia con decisiones tomadas en las últimas asambleas nacionales y los informes de las ATD liceales que de forma masiva rechazaron la forma y el contenido de la reforma.

Más allá de esta situación, la Mesa Permanente de la ATD Nacional solicitó a las asambleas liceales que comenzaran a evaluar la marcha de los cambios curriculares, que empezaron a implementarse el año pasado. Según plantean en la carta, ya están dadas las condiciones para hacer “un balance primario”, en función de algunas preguntas: “¿Cuál es la función social de la educación pública para esta reforma?” y “¿qué sujeto estamos proyectando formar?”. Respecto de esta última, se afirma que las autoridades de la ANEP mandatan a los docentes a “formar un sujeto acrítico, sumiso y empleable, en un contexto global e incierto, en donde nos afirman que los trabajos del futuro aún no existen en el presente, pero que tienen una apariencia espectral de precarización y desregulación laboral indudables”.

Por otra parte, señalan que los cambios aplicados implican para los profesores una “sobrecarga de trabajo administrativo y el desdibujamiento del rol docente”. “Nuevas figuras institucionales que pretenden gestionar la reforma han desembarcado en los centros educativos, muchas veces con dudosos pergaminos, con el objetivo específico de impulsar la orientación única y dogmática de pensar la educación dentro del modelo basado en competencias y buscando un ‘perfil de salida’ determinado y programado de antemano para el alumnado”, afirman, con relación al rol de mentores, creado por la ANEP.

Además de pedir a las asambleas liceales que comiencen a relevar las dificultades y puntos críticos de implementación de la reforma, la Mesa Permanente de la ATD Nacional también encomendó que registren otros problemas de funcionamiento de los centros educativos en el inicio del año lectivo. En concreto, se refieren a la necesidad de contar con un relevamiento a nivel nacional de las principales dificultades para garantizar el derecho a la educación de los estudiantes.