La autodesignación de Jenifer Cherro como inspectora interina de Literatura a lo largo de su gestión como titular de la Dirección General de Educación Secundaria (DGES) fue objeto de fuertes críticas en el Frente Amplio (FA) y en la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes). Incluso el senador del FA Sebastián Sabini pidió la renuncia de la jerarca, ante lo que consideró un accionar “ilegal e inmoral” de Cherro, en el marco de una gestión a la que evaluó como “un desastre” en los cinco años que estuvo al frente del organismo.
Si bien algunos referentes en educación de la Coalición Republicana reconocieron que la jerarca no debió haber firmado una resolución que la implicaba, también hubo quienes comenzaron a buscar antecedentes sobre el tema. El senador colorado Robert Silva, quien designó a Cherro en la DGES en su paso como presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), posteó en la red social X dos resoluciones de Secundaria del pasado gobierno.
En ambos casos las resoluciones están firmadas por Ana Olivera, quien estuvo a cargo de la dirección general del organismo entre 2018 y 2020, y en ellas se resuelven las designaciones del cuerpo de inspectores para el siguiente año lectivo. En los dos documentos se define la designación de Olivera como inspectora interina de la región norte del país, cargo que la exjerarca desempeñaba antes de asumir la dirección general y al que volvió después de desempeñarse como directora de Secundaria.
En su posteo, Silva cuestionó a Sabini, al ministro de Educación y Cultura designado, José Carlos Mahía, y a “sus amigos de Fenapes” por condenar ahora “lo que antes hicieron y callaron”. “Como tantas veces, condenan severamente lo que antes ellos mismos hicieron. Ahora se rasgan las vestiduras, en el pasado miraron para el costado ante idéntico proceder. Lo que está mal está mal, siempre, y con independencia de quien lo haga y de cuando se haga”, publicó el expresidente de la ANEP.
En la misma red social, rápidamente se hizo eco del planteo la senadora nacionalista Graciela Bianchi, quien, además, defendió la gestión de Cherro. En referencia a la jerarca, su posteo señaló que “no puede ser ‘gratis’ decir cualquier cosa de personas que no lo merecen”. “La soberbia y el creer que ganar las elecciones dan ‘patente de corso’ para llevarse puesto a personas o instituciones”, completó.
En su posteo adjunta una imagen comparativa de la gestión de Cherro y la de Celsa Puente, titular de Secundaria entre 2014 y 2018. En la imagen se menciona que Cherro acumula 108 días de licencia, pero “no salió a contarlo en la TV”, en alusión a dichos de Puente cuando renunció a Secundaria, que había manifestado que contaba con 56 días de licencia no gozada. Como otro de los puntos que se destacan de la gestión de Cherro está el “quinquenio sin déficit” presupuestal en el organismo y la efectivización de más de 6.000 docentes y no docentes. Pese a que el procedimiento administrativo fue cuestionado por el FA, Fenapes y por la defensa del docente, también se indica que en el actual gobierno se le realizó un sumario al exdirector del IAVA Leonardo Ruidíaz “con las garantías del debido proceso”, a diferencia de otros casos en el gobierno anterior.
Ana Olivera señaló que fue designada por el Codicen con la firma del propio Silva
El posteo de Silva recibió la respuesta de Sabini, quien le retrucó que “si estaba mal antes, está mal ahora”. “Lo que no tiene remedio es defender a una jerarca que después de mentirle al Parlamento siguió en su cargo, ni los pésimos resultados educativos de tu gestión donde los más vulnerables aprendieron menos”, completó.
Desde la cuenta en X de Fenapes también le respondieron al senador colorado y le marcaron que su posteo fue una “torpe defensa” de Cherro. Las conclusiones que extrae el sindicato del posteo de Silva son que “confirma el mal proceder de Jenifer Cherro” y que “repite una vez más” una práctica que caracterizó al actual gobierno: “No hacerse cargo y justificar todo con lo que pasó antes”. Además, afirman que las palabras de Silva también confirman el “odio a los trabajadores organizados que caracterizó a su administración”.
Acerca de la resolución difundida por Silva, la diaria consultó a Ana Olivera, quien aseguró que su caso presenta varias diferencias con el de Cherro. En primer lugar, marcó que, cuando asumió la dirección general, se le realizó un pase en funciones desde su cargo de inspección. Eso implicó que no cobró el sueldo de directora general ni tampoco ninguna compensación en relación con los haberes que percibía como inspectora, detalló. Según completó, en aquel momento fue asesorada legalmente por Reyna Torres, en ese entonces secretaria general de Secundaria, y por Bautista Duhagon, actual secretario general de la DGES y en aquel momento asesor de la dirección.
Olivera dijo que, por tratarse de una inspección regional, la situación es diferente de la de la inspección de asignaturas. En este último caso, cuando queda una vacante esta se cubre con otro docente, pero en el caso de la inspección regional no fue necesario designar a alguien más, ya que otro inspector en funciones pasó a cubrir la zona a cargo de Olivera. Además, la exjerarca compartió una resolución del Consejo Directivo Central de la ANEP del 27 de abril de 2020 que está firmada por Robert Silva, mediante la cual se la designa inspectora regional, por lo que no fue ella quien hizo la designación final, según argumentó.
Por su parte, Reyna Torres consideró que a la hora de comparar las resoluciones de antes de 2020 y las del actual gobierno debe tenerse en cuenta el cambio en la forma de gobierno de Secundaria, que pasó de ser un consejo de tres integrantes a una dirección general unipersonal. Según explicó a la diaria, mientras existía el consejo los proyectos de resolución de cada punto eran distribuidos a los consejeros y si se aprobaban era porque existía un acuerdo colectivo sobre cada punto. En el caso de la designación de inspectores realizada durante la gestión de Olivera, Torres consideró que la jerarca firmó todos los puntos de la sesión, “pero no ante sí”, sino “como jerarca de un consejo de tres que aprobaron el tema”. Según completó, en el sistema anterior había determinados “controles” que no existen con las direcciones generales.
En esa misma línea argumenta una nota redactada por Olivera en respuesta al posteo de Silva, en la que la exjerarca afirma que durante su gestión las “resoluciones se decidían y firmaban en sesión del Consejo con la presencia de la prosecretaria general, la secretaria general y dos consejeros, uno de los cuales era el representante del colectivo docente”. Además, afirma que “las sesiones se preparaban con antelación y se contaba con la opinión de diversos profesionales entre las cuales era relevante la asesoría jurídica del entonces CES [Consejo de Educación Secundaria]”.