El primer día de Juan Gabito como presidente designado de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) ente inició con una reunión pautada desde diciembre con la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay (CSEU).

Durante más de una hora, representantes de los sindicatos se reunieron con Gabito y los tres consejeros restantes, dos de ellos representantes de los docentes, para plantearles diversos puntos de cara al inicio de clases en menos de un mes.

En diálogo con la diaria, el presidente de la CSEU, José Olivera, especificó que la instancia tuvo un “tema central”: “La discusión de la reforma del capítulo XIV del Estatuto del Funcionario Docente, que tiene que ver con los docentes de formación en educación”.

En el Estatuto, el artículo plantea que “los docentes efectivos adquirirán el derecho a elegir cargos de su o de sus subescalafones y especialidad en establecimientos educacionales de la circunscripción en que se encuentran escalafonados”. Asimismo, establece que “cada Consejo y Dirección General de Educación propondrá las normas reglamentarias que regulen esas elecciones en el marco de este Estatuto, las que deberán ser elevadas al Consejo Directivo Central para su aprobación”.

Sin embargo, de acuerdo a Olivera, el presidente del Consejo de Formación en Educación, Víctor Pizzichillo, ha hecho “un planteo anacrónico” sobre el artículo, “que no toma en cuenta o pretende introducir cambios en condiciones de trabajo con categorías de elementos académicos para una realidad institucional que no existe, porque el CFE hoy no es una universidad de la educación”. Según había explicado Pizzichillo a la diaria meses atrás, el cambio propuesto no prevé la creación de un sistema de cargos, sino que apunta a que la efectividad tenga una mayor permanencia y que el pasaje al siguiente grado no sea por antigüedad, sino a través de la realización de “instancias de formación permanente que el CFE determinará”.

Al respecto, el presidente de la Coordinadora señaló que Gabito hizo “atinadamente” un planteo que “puede allanar el camino de dar un cierto grado de seriedad y de criterio a lo que hay que resolver”.

Por otra parte, esgrimió que también se intercambió sobre la situación actual de UTU: “Las denuncias públicas, las dificultades que hay en el proceso de elección de horas en la educación técnico-profesional y cómo esto puede impactar de forma negativa en el inicio de cursos”.

A su vez, dijo que “se dio un cierre al ciclo del tema salarial”. Olivera explicó que este año tuvieron “el último ajuste que preveía el convenio que permitió no solamente mantener el poder de compra de los salarios, con pérdida en el proceso de compra real, pero con un mantenimiento del poder de salario a finales de quinquenio, incluso superando en un 0,8% el salario en términos reales con respecto al 2020”.

Asimismo, destacó que de cara al inicio de las clases, se está trabajando de manera bipartita entre el sindicato y la administración en un protocolo para abordar las situaciones de violencia en los centros educativos, y resaltó que “es importante poder terminarlo pronto”, antes de que comience el año lectivo.

Las respuestas de la ANEP

“Hay muchas respuestas que no están dadas”, aseguró Olivera, ante lo planteado por el sindicato en la instancia bipartita. De acuerdo al sindicalista, esto se debe al “desconcierto institucional” ante la salida inesperada de la expresidenta del Codicen, Virginia Cáceres.

“Estos cambios que se han dado lleva a que las actuales autoridades tengan que asumir temas que hasta el día de ayer no los tenían en sus manos, porque otra de las características que el Partido Colorado (PC) le imprimió a la gestión fue que sea de carácter unipersonal”, esgrimió.

A su vez, subrayó que en enero el Codicen no sesionó “ante denuncias graves” de irregularidades en UTU. “Nos parecía que habilitaba una intervención urgente del Codicen ya en el propio mes de enero, pero lo que tenemos es una decisión unipersonal de la expresidenta de encargar una investigación administrativa sin separar de cargo a los que podrían llegar a estar implicados, rechazando u omitiendo asumir responsabilidad como Consejo Directivo Central sobre el organismo desconcentrado, en este caso, la Educación Técnica Profesional”, esgrimió.

A partir de ahora y hasta el inicio de las clases, Olivera contó que no habrá otra reunión bipartita sino que tendrán “instancias más de carácter particular a nivel de cada Dirección General o Consejo”. Particularmente sobre el protocolo para los casos de violencia, dijo que habrá una instancia específica en el ámbito de salud laboral, para poder terminar de trabajarlo.

“Aspiramos a que las autoridades en los desconcentrados tengan la voluntad de generar los espacios de diálogo para generar las mejores condiciones tanto para estudiantes, familias como trabajadores”, finalizó.

La salida de Cáceres

La candidatura a la Intendencia de Montevideo (IM) por el PC de la reciente expresidenta del Codicen, Virginia Cáceres, trajo varias repercusiones que cuestionan su salida, principalmente por la utilización de la Administración Nacional de Educación Pública como “trampolín político” partidario.

Al respecto también habló Olivera, quien criticó que el PC haya utilizado a la ANEP como “botín electoral”. “Tenemos una enorme preocupación y tiene que ver con la lógica que le ha imprimido el PC, en términos de utilizar a la ANEP como un trampolín político electoral” y aseguró que “no hay registro” de una situación similar.

Para el sindicalista, la situación se trata de “una falta de respeto hacia la institucionalidad”, no sólo por la salida de Cáceres, sino también por la de su antecesor, Robert Silva, y la de la exdirectora de Planeamiento Educativo, Adriana Aristimuño.

Una de las críticas manifestadas ante dicho contexto fue la del exconsejero del Codicen Héctor Florit, quien en su cuenta de X propuso que se aplique para la ANEP el mismo sistema que para el Banco de Previsión Social, que prohíbe a sus directores postularse a cargos electivos durante cinco años, de forma que no se use al organismo como “plataforma política”.

Consultado sobre esta propuesta, Olivera consideró que “el sistema político en su conjunto debe asumir una autocrítica importante con esto que ha ocurrido en este período” y que existen “distintos mecanismos” para ello: desde la CSEU, aseguró que están “convencidos de que la autonomía y el cogobierno son los elementos que alejaría, como diría José Pedro Varela, el uso de la institucionalidad pública para fines electorales”.

Aún así, manifestó que si más allá de este planteamiento “el sistema político tiene niveles de acuerdo intermedios como esta medida —la que plantea Florit—, nos parece también sano y adecuado que se aplique”. Pero apuntó: “Acá hay un problema de que se considera a la educación como una especie de botín electoral, en manos prácticamente y exclusivamente de los partidos políticos”.