Reacciones, respuestas y razones sobre la creación de la UNED

El Ministerio de Educación y Cultura (MEC) presentó dos proyectos de ley en educación el 28 de julio; uno para crear la Universidad de la Educación (UNED) y otro para reinstalar los consejos con participación docente en los subsistemas de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

Ante las reacciones de algunos dirigentes políticos, es conveniente dar algunas respuestas, pero especialmente dejar planteadas las razones que permitan ver el valor de dichas iniciativas, con la intención de contribuir a un debate de ideas.

Reacciones

Las primeras reacciones surgen en clave de adjetivar las iniciativas: “retroceso” o que “los cambios van en sentido contrario”, como plantearon algunos actores de la oposición en una nota publicada en Montevideo Portal días atrás. Sí, ¿por qué no? Ante un cambio en el gobierno producto de un resultado electoral, con más luz en 2024 que en 2019, este cambio es explicable. Quienes hablan de retroceso ya habían hecho “un cambio en sentido contrario en 2020” con la ley de urgente consideración (LUC).

También se ha dicho que estos no son “los cambios que la educación necesita”; pero ¿quien y cómo establece los cambios? En primer lugar, quienes presentan estas iniciativas tienen evidencia empírica de 15 años de gobierno; también podemos identificar dos instancias en las cuales se puede considerar la legitimación de los cambios, que han exigido procesos reflexivos, sociales y previos: tres congresos nacionales de educación que debatieron y formularon una serie de propuestas, no vinculantes, pero pertinentes y afines, y los resultados electorales, que tanto legitimaron los cambios impuestos por la LUC, así como antes la aprobación de la Ley General de Educación (LGE), y ahora nuevas leyes que podrán modificar parcial o totalmente anteriores.

Acerca de una universidad pública para “la educación”

Se ha dicho que “el modelo UNED es calcado del modelo Udelar [Universidad de la República]”, una universidad pública con más de 175 años de historia, el mayor centro de investigación del país, con aportes evidentes al desarrollo económico, social, cultural, científico y político del país, además, en situaciones críticas como la pandemia de covid. Con una oferta educativa amplia y descentralizada en todo el país, entre otras virtudes, sí puede ser un modelo a tener en cuenta, no necesariamente a “calcar”.

Se reivindica el Consejo de Formación en Educación, creado en 2010 y en 2020, creado por ley; eso fue una buena decisión, pero se mantiene una dependencia del Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP, sin autonomía; la participación de un representante de los docentes y otro de los estudiantes ha resultado absorbida por las decisiones de un órgano jerárquico superior.

Se defiende “asumir que a los títulos de formación docente se les reconozca el valor universitario”, pero el valor universitario de los títulos debe ser otorgado por una institucionalidad con una dimensión y fundamentos académicos.

El reconocimiento de los títulos de docentes otorgados con anterioridad ya estaba previsto en la LGE, en su artículo 86, que refiere a la “validación de títulos anteriores a la fecha de creación del Instituto Universitario de Educación”.

El “valor universitario” lo deben otorgar las universidades y no un político secretario (de Estado) de Educación y Cultura, designado directamente por el presidente de la República.

Acerca de los consejos de educación con participación docente

“Se restaura el bloqueo de la educación” es una afirmación que requiere fundamentos, ejemplos, porque no se conocen propuestas “bloquedas” de organismos en los que los representantes docentes eran minoría; una minoría con propuestas, que promovió los debates necesarios y que construyó canales de comunicación¹ y de participación.

Es una “vuelta a los colegiados sin evaluación”, pero cabe preguntar ¿cuál fue la evaluación que se hizo para imponer los cambios a través de una LUC? Evaluar es valorar, dar valor, y es lo que se propone, habilitando la participación de los docentes.

Una participación que no es “cupular”, como se ha dicho, sino que los representantes fueron electos por el padrón aportado por la ANEP, en una elección a cargo de la Corte Electoral; cúpulas no, participación democrática. A tal punto que quienes quisieron alcanzar un lugar en la representación de los docentes se organizaron, crearon listas y participaron en las elecciones, como el caso de Robert Silva, que fue representante docente en el Codicen gracias a ese mecanismo.

No se “desplazan a los representantes de la ciudadanía”, porque la mayoría de cada Consejo es designada por el Codicen según la LGE, y tampoco se “amputa” la posibilidad de “incidir directamente en una política pública fundamental”. Correspondería interpretar “incidir”, porque no es imponer, pensando en el estilo de autoridad vertical y gerencial expuesto en la LUC. Según Saviani (1983), en educación no se trata de vencer sino de convencer, es decir, esgrimir razones, fundamentar la propuesta y debatir, escuchar otras perspectivas.

El hermoso desafío de crear y poner en marcha una universidad pública para “la educación”

La creación de una universidad pública para “la educación” es una de las transformaciones “más profundas” que se puedan pensar y decidir, porque se crea una institucionalidad que permita desarrollar todas las actividades necesarias para el mejoramiento de “las educaciones” (Trilla, 1993), porque es un derecho, para todas las personas, a lo largo y ancho de la vida, en todo el territorio nacional.

Una de las actividades sustantivas, identitarias, de una universidad es la investigación; sin investigación no puede haber enseñanza, por lo menos a mediano y largo plazo. La formación requiere actualización permanente. Ambas funciones requieren la extensión, no para salir a la comunidad con una actitud extractiva, sino para dar y recibir, para escuchar y comprender, requisitos indispensables para pensar y proponer.

Una universidad que se construya con lo mejor de la tradición de la formación docente y de la Udelar, abriendo la puerta a la innovación, en función de las necesidades, intereses y problemas de la formación en educación. El hermoso desafío es construir una universidad para todas las educaciones y para todas las personas, que se reencuentre con el prestigio, confianza y respeto que supo tener la educación pública, en todos sus niveles.

Estas dimensiones de una universidad explican la necesidad de dotarla de “autonomía”, para poder generar todos los ámbitos necesarios para pensar, debatir y elaborar propuestas, siempre circunstanciales ante los cambios en la realidad. Autonomía, que no es autarquía, no para aislarse sino para poder profundizar en los diferentes aspectos de las educaciones que requieren innovación científica, especificidad y profundización.

Se propone “discutir realmente si Uruguay está preparado para separar la formación de los docentes de los niveles educativos”. No cabe duda de que es una discusión importante y necesaria, porque se refiere a una de las piedras angulares de la formación (Ferry, 1997): ¿cuál debería ser la “distancia óptima” entre la formación y la gestión institucional? Preguntarnos cuáles deberían ser las articulaciones necesarias y convenientes para ser un profesional de la educación y no un simple operador de protocolos establecidos por otros actores/decisores, en otros ámbitos institucionales. La formación no es inducción laboral.

La formación es un camino que se va ampliando, profundizando y complejizando, en base a nuevos conocimientos y experiencias, que se analizan, con reflexión, con nuevas preguntas, con perspectiva crítica y propositiva. Una cierta proximidad es importante para dar y recibir, para aportar desde las políticas universitarias de investigación, enseñanza y extensión, así como en las prácticas curriculares. Una “distancia óptima” para garantizar la capacidad de observación y análisis, comunicación y diálogo, aportar con sentido crítico, habilitado, no penalizado por la misma institución.

Esta perspectiva de la formación incluye la participación. Tal como se establece en el artículo 9 de la LGE, la participación es un medio educativo y a la vez es una finalidad de la educación; es decir que las personas adquieran autonomía en sus reflexiones y acciones, seres humanos con capacidad de pensar por sí mismos y con fundamentos. Participar en el gobierno en una universidad es altamente formativo; forma parte de la formación ciudadana y ello es fundamental, porque los profesionales universitarios se deben a la sociedad de su época para contribuir a la “pública felicidad” pretendida por Artigas.

El funcionamiento, que se adjetiva como “lento y burocrático” del cogobierno, no nos permite reconocer que el funcionamiento democrático requiere tiempo para pensar y discutir. Llama la atención que dichas críticas provengan de integrantes del Parlamento que conocen muy bien acerca de los tiempos que requieren los asuntos a resolver.

La participación de estudiantes, docentes y egresados es una convocatoria a participar democráticamente, que exige que cada actor estudie para discutir y decidir. Los egresados aportan la experiencia acumulada en el ejercicio profesional; los docentes las posibilidades y las dificultades de la enseñanza, los desafíos; y los estudiantes tienen un ámbito para pensar, escuchar, proponer y también para ejercer cierto tipo de controles. El cogobierno es sumamente formativo, porque el carácter de los “representantes” obliga a actuar en función de los “representados”.

La Udelar y la Universidad Tecnológica, las dos instituciones públicas en ese nivel, han demostrado su compromiso con el país, su población y sus instituciones. Seguramente seguirá el mismo camino una universidad pública para “la educación”.

Jorge Camors es educador, docente libre de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y coordinador de la Cátedra Unesco de Educación de Personas Jóvenes y Adultas en Uruguay de la Udelar.

Referencias

• Ferry, G (1997). Pedagogía de la formación, UBA/Novedades Educativas, Buenos Aires.
• Saviani, D (1983). Escuela y democracia, San Pablo.
• Trilla, J (1993). Otras educaciones. Animación sociocultural, formación de adultos y ciudad educativa, Anthropos y UPN de México, Barcelona.