El histórico colegio Inmaculada Concepción, conocido como “Los Vascos”, anunció su cierre total en diciembre de este año. Según informó El País, la institución educativa católica, que fue fundada en el país en 1867, cuenta en su plantilla con 65 trabajadores y tiene una matrícula de 144 estudiantes.

El colegio, ubicado en el Centro de Montevideo, anunció su cierre a través de un comunicado dirigido a las familias de los estudiantes, en el que explicó que los motivos son económicos. Según se explica, están relacionados principalmente con la caída sostenida de la matrícula de la institución, lo que viene ocasionando problemas desde hace varios años.

En concreto, en el comunicado se menciona que la institución educativa asumió una deuda de 217.000 dólares, que fue asumida directamente por la Congregación Betharramita, que también tiene presencia en otros países de la región.

El centro educativo comunicó su cierre tres meses antes, tal como plantea la ordenanza que regula la educación privada y que fue aprobada por la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) en el gobierno anterior. En el comunicado, la institución planteó que en la situación actual es imposible hacer frente a las obligaciones en 2026 y, de todas formas, mostró su compromiso de culminar el actual año lectivo y de hacerse cargo de “todas las erogaciones salariales” de los trabajadores.

En diálogo con la diaria, Sergio Sommaruga, dirigente del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación Privada (Sintep), lamentó el cierre del colegio Inmaculada Concepción, pero dijo que no tomó por sorpresa a los trabajadores. Según contó, Sintep venía en proceso de negociación colectiva con los directivos del colegio desde hace tiempo y de forma “intensa” en el último año. Sommaruga señaló que “el proceso de debilidad de Los Vascos venía desde tiempo atrás”, pero “se profundizó” en el último tiempo por problemas estructurales del sector.

Según el integrante de Sintep, si bien se hicieron intentos para la continuidad del proyecto, estos “fueron insuficientes, porque no sólo depende del esfuerzo que puedan hacer los trabajadores y los acuerdos que pueda hacer el sindicato, sino que hay factores más estructurales que tienen que ver con los problemas de liquidez y de inversión que ya se venían agotando hace mucho tiempo”.

Además de lamentar la noticia, tanto por los docentes y funcionarios que se quedarán sin su trabajo, total o parcialmente, como por los estudiantes, que perderán su comunidad educativa de referencia, Sommaruga indicó que ahora las energías del sindicato estarán en que el proceso de cierre sea ordenado y se dé dentro de “parámetros razonables”. Por ejemplo, habló de la necesidad de garantizar que el pago de erogaciones se realice para todos los trabajadores, tal como se comprometió el colegio, y que el traspaso de la matrícula a otras instituciones sea ordenado, para “darles tranquilidad” a estudiantes y familias.

En ese sentido, Sintep emitió un comunicado en el que convoca “a las instituciones educativas que salieron raudamente a ofrecer sus servicios a las familias que tienen a sus hijos e hijas en el colegio a concretar una negociación para la eventual contratación de las trabajadoras y trabajadores que perdieron su fuente de trabajo”.

Sommaruga aseguró que los cierres de las instituciones educativas privadas “no son sencillos”, porque hay que pasar en limpio el monto de las indemnizaciones por despido y ver la situación particular de cada trabajador. Al respecto, dijo que si bien está la posibilidad de ir al seguro de desempleo, no todos los trabajadores del sector pueden acceder a ese derecho. Según completó, quienes, además de ser docentes en la educación privada, se desempeñan en la educación pública no tienen acceso al seguro de paro. Si bien Sintep viene planteando que ello se revierta desde hace tiempo, hasta el momento no han tenido eco en el sistema político.

Sintep planteará a autoridades de ANEP la profundización de la revisión normativa de la educación privada aprobada el año pasado

Hace un par de años, cuando se dio el cierre de varios colegios, el sindicato había planteado la necesidad de que el Estado actualice la normativa del sector. “En Uruguay es más sencillo abrir un colegio privado que sacar una licencia para tener un taxímetro”, reiteró Sommaruga.

Si bien ANEP actualizó la ordenanza que regula la educación privada el año pasado, y el sindicato valora positivamente algunos de los cambios realizados, Sommaruga aseguró que hay otra serie de problemas estructurales que siguen sin ser atendidos. Más allá de que hay variables sociales, como la baja de la natalidad que viven Uruguay y varios países a nivel mundial, que inciden en los problemas de matrícula que se viven en el sector, el sindicalista marcó que hay otros que tienen que ver con la forma en que está regulada la actividad de los colegios en el país. Por ejemplo, Sintep ha planteado la necesidad de que existan más requisitos en cuanto a la definición de un proyecto pedagógico para abrir un colegio.

En esa línea, argumentó que, a causa de las facilidades para la apertura de institutos de enseñanza, el sector privado cuenta con “más colegios que lo que la matrícula puede soportar”. Si bien dijo que atacar ese asunto no evitará que las instituciones que tienen una mayor fragilidad económica cierren, al menos se evitarían problemas “permanentes de inestabilidad institucional”.

Sommaruga señaló que el viernes Sintep tiene una instancia bipartita con ANEP en la que trasladarán la necesidad de profundizar los cambios normativos realizados en el gobierno anterior. Además de establecer mayores requisitos para la apertura de instituciones educativas, reiterarán su planteo sobre la necesidad de mayores controles financieros a los colegios, para que, por ejemplo, deban presentar información contable de forma anual.

“Eso incorpora un instrumento de transparencia en cuanto al ingreso de activos o flujos que hace una institución. Hasta desde el punto de vista del combate al lavado [de activos] es importante, pero particularmente es una forma de monitorear de manera sistémica los problemas de estabilidad financiera de las instituciones”, concluyó.