Luego de que se concretaron varios cierres de colegios, en las últimas semanas circularon declaraciones en distintos medios de prensa sobre la situación del sector educativo privado y una posible situación de “crisis”. Frente a este escenario, Pablo Abisab, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza Privada (Sintep), afirmó a la diaria que “la enseñanza privada no está en crisis”.

Quienes sostienen que el sector atraviesa una crisis señalan dos factores principales. Por un lado, la disminución de la natalidad en el país, que se traduce en una menor cantidad de inscripciones en los colegios, y por otro lado, los cambios en la movilidad demográfica, particularmente en Montevideo, donde cada vez es más frecuente el traslado de familias hacia departamentos como Canelones o Maldonado, lo que reconfigura la concentración de población, y de ingresos, en otros territorios.

Fue el arzobispo de Montevideo y cardenal Daniel Sturla quien, durante los primeros días del año, dijo a Telemundo que el cierre de colegios católicos en el último tiempo impacta especialmente en la educación de niños de los sectores más pobres y aseguró que el problema está asociado principalmente a la caída demográfica que atraviesa el país, según consignaron.

En relación con estos planteos, Abisab respondió que “así como cierran colegios, también hay nuevas habilitaciones” y explicó que, en cuanto al decrecimiento demográfico, “hay un problema que es evidentemente estructural, pero hay que enfrentarlo”. No obstante, insistió en que en los últimos cuatro años la enseñanza privada se mantuvo “estable” y que desde 2022 mantiene un promedio similar en la cantidad de estudiantes.

“Hay una disputa que obedece a la lógica del mercado”, señaló, y agregó que existen “fluctuaciones” dentro del propio sector, asociadas a factores que lo exceden, como la pandemia de covid-19, la baja de salarios o los altibajos del proceso económico que involucran al país. En ese marco, apuntó que “aquellas instituciones que están en un equilibrio frágil tienden a tener dificultades o a terminar cerrando” y sostuvo que frente a ese escenario “tiene que haber un mayor control” por parte del Estado.

En esa misma línea, agregó que “tiene que haber un mayor control respecto a cómo se manejan las instituciones educativas respecto a su contabilidad”, ya que en muchos casos se habilitan extensiones en los permisos y los colegios cierran en el mismo año, lo que genera un problema “porque no solamente es una pérdida de fuentes de trabajo”, sino que también genera “comunidades educativas que se quiebran”. Para el integrante de Sintep, sería necesario incorporar “controles aleatorios” que permitan un seguimiento más efectivo de las distintas instituciones de enseñanza privadas del país.

Convenio colectivo con aumento de salarios y mejora de derechos laborales

Por otra parte, Abisab se refirió al último convenio alcanzado por el sindicato, que implicó un aumento del salario real para los trabajadores de la enseñanza privada. En ese marco, los salarios más sumergidos registrarán un crecimiento real del 4,3% durante el período de vigencia del convenio, que se extenderá hasta 2027, mientras que los correspondientes a una segunda franja salarial tendrán un incremento real del 2%, según informó el PIT-CNT en su página web semanas atrás.

De todas formas, también señaló que aún persisten situaciones de precarización en las condiciones laborales asociadas a una lógica mercantil. “Hay instituciones que lo que hacen es contratar sistemáticamente trabajadores año a año y cuando llega fin de año les bajan su contrato y durante los meses de enero y febrero no tienen protección social ni salario garantizado”, lamentó.

“El sindicato está dispuesto a discutir todo lo que haya para discutir”

En relación con futuras discusiones sobre la regulación del sector, afirmó que “el sindicato está dispuesto a discutir todo lo que haya para discutir” y recordó que la ordenanza 14 de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), que regula a los centros educativos privados, fue actualizada por última vez en 2024, y en esa instancia se incorporó un preaviso de 90 días para el cierre de colegios, lo que tuvo un efecto “positivo”.

No obstante, señaló que esa medida “no alcanzó” y agregó que el sindicato entiende que “quienes tienen el derecho a tener la habilitación de colegios o de instituciones educativas deberían ser personas jurídicas y no físicas”.

En relación con otro planteo del cardenal Sturla referido a la necesidad de modificar el pago por antigüedad docente para que haya una menor erogación de los colegios, respondió que, si se avanzara en ese camino, “lo único que van a hacer es pauperizar las condiciones laborales de los trabajadores”. Según agregó, desde la iglesia “no están viendo el problema de fondo que tenemos”, que, según Abisab, tiene que ver con “la competencia desleal”, a la que desde el sindicato señalan como “precarización de las condiciones de trabajo”. Por otro lado, en cuanto a la situación demográfica, sostuvo que es necesario atender y analizar la situación para evaluar a qué acuerdos podrían llegar para evitar “una situación de colapso de algunas instituciones”.

¿Cuál es la situación actual de las instituciones privadas para Sintep?

Respecto a cómo es vista la situación actual de las instituciones privadas, Abisab sostuvo que para el sindicato “hay una situación de estabilidad” y agrega que “en todos los períodos, con crecimiento y sin crecimiento, hubo cierre de instituciones”.

Por otra parte, agregó: “Yo no veo una crisis, los datos claramente muestran lo contrario, muestran signos de estabilidad en los últimos años en la matrícula de la enseñanza privada”, y afirmó que incluso “hay otras [instituciones] que abrieron y que han mejorado su infraestructura”. En cuanto a las fuentes en las que se apoya para sostener esta afirmación, mencionó al Monitor Educativo y al Observatorio de la Educación.

Finalmente, el secretario general señaló que comparte la necesidad de analizar las dificultades que atraviesan las instituciones ubicadas en zonas periféricas, especialmente en Montevideo y en algunas localidades del interior, donde asisten hijos de trabajadores afectados por la pérdida de empleo o el deterioro salarial, lo que vuelve cada vez más difícil afrontar una cuota de una institución privada. En ese marco, planteó que “habría que ver si todas las instituciones de la enseñanza privada tendrían que tener las exoneraciones que tienen”, ya que sostuvo que la ubicación de las instituciones incide directamente en su realidad.