Este miércoles, un interno de la Unidad Penitenciaria 4, ex Comcar, agredió a una docente que había terminado una clase y esperaba a que llegara el siguiente grupo. Durante la espera, una persona encapuchada ingresó al salón –donde la profesora permanecía sola–, le puso un corte carcelario en el cuello, le robó el celular y la dejó encerrada. La situación, que fue denunciada por el núcleo sindical de educación en contextos de encierro de la filial montevideana de la Asociación de Docentes de Educación Secundaria (ADES), encendió las alarmas entre quienes trabajan en centros penitenciarios.
En diálogo con la diaria, Lucas Arismendi, vocero del núcleo sindical, señaló que se habían registrado amenazas o agresiones entre los estudiantes, pero no contra docentes. Dijo que quienes trabajan en la comunidad educativa del ex Comcar quedaron “shockeados” ante lo sucedido y valoraron la necesidad de visibilizar la situación, sin intención de estigmatizar a una población, como la privada de libertad, que de por sí está estigmatizada.
El motivo de la denuncia del núcleo de ADES Montevideo es reclamar que se tome alguna medida para que los docentes no queden expuestos a este tipo de situaciones. En este sentido, piden que se trabaje tanto en la prevención, para evitar que un interno entre un corte carcelario a la comunidad educativa, como en asegurar que se actúe rápidamente cuando se produce una agresión o amenaza.
Arismendi resumió que el rol de los docentes y educadores que trabajan en centros penitenciarios consiste en “darle al menos algo de sentido al proceso que esas personas están viviendo”. Apuntó que se trata de “acercarles conocimientos, intercambiar y propiciar discusiones que permitan entender algunas reglas morales, y de otra índole, que funcionan en la sociedad”. Sin embargo, el vocero entendió que para que eso sea posible es necesario que los profesionales de la educación tengan garantías para ejercer su trabajo, que no se da en las mismas condiciones que en un liceo.
Al respecto, planteó que es necesario que personal carcelario y policial controle qué cosas ingresan a las aulas, y que además puedan atender algún tipo de emergencias. Actualmente, durante las clases el docente está en los salones solo con sus estudiantes, cuando en teoría debería haber personal del Instituto Nacional de Rehabilitación atento a lo que ocurra en la comunidad educativa. Señaló que los funcionarios policiales son los encargados de controlar el ingreso al lugar.
“Hay unidades en las que hay un solo operador penitenciario o directamente no hay policía”, dijo, y planteó que como núcleo sindical se niegan a naturalizar las agresiones a docentes en las cárceles y que esperan que lo ocurrido el miércoles marque un hito a partir del cual comiencen a tomarse medidas de prevención y contención.
Arismendi detalló que después de enterarse de la agresión, los docentes que en la tarde del miércoles estaban en el ex Comcar se reunieron en una asamblea espontánea, en la que conversaron sobre los pasos a seguir. Lo mismo ocurrió este jueves, cuando no hubo clases, ya que en los centros de la Dirección General de Educación Secundaria se desarrolló la Asamblea Técnico Docente. Finalmente, se definió hacer un paro hasta el próximo martes en la Unidad 4, y ese día reunirse en una sala docente para discutir con toda la comunidad cómo seguir.