Este jueves se llevó adelante la presentación del Protocolo guía para situaciones de discriminación y rechazo por motivos de discapacidad en el ámbito educativo, en la sede del Instituto Nacional de Derechos Humanos (Inddhh).

Durante la instancia participaron Gabriel Quirici, director Nacional de Educación del Ministerio de Educación y Cultura (MEC); Pablo Caggiani, presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP); Selva Pérez, subdirectora de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria; y autoridades representantes de la Inddhh y del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), que participaron en la elaboración de este protocolo.

“Contamos con un nuevo protocolo con el cual vamos a poder trabajar y, de esa manera, tratar de conducir a un mayor acceso real a la educación por parte de niños, niñas y adolescentes con una discapacidad”, señalaron autoridades del Inddhh al inicio de la presentación.

Las autoridades comunicaron que el primer protocolo se presentó en el año 2021 y en 2024 vieron la necesidad, en conjunto con actores vinculados al tema —incluyendo a la sociedad civil—, de “optimizar y mejorar” el documento, sumado a la demanda de “fortalecer las respuestas institucionales frente a las reiteradas denuncias recibidas por la Defensoría del Pueblo de la Inddhh”.

Daiana Vázquez, gerenta del área de Programas Transversales del Instituto Nacional de Discapacidad del Mides, señaló durante la presentación que en enero de este año se creó el Instituto Nacional de Discapacidad como “herramienta” para asegurar los derechos de las personas con discapacidad. A su vez, agregó que el organismo tiene “el mandato de pasar del derecho al hecho” para que “las acciones se conviertan en situaciones concretas”, y destacó la importancia de la institucionalización para abordar estas temáticas.

Este nuevo protocolo, que se desarrolló durante 2024 y 2025, toma como base el anterior y se enfoca en la aplicación de mecanismos de detección, prevención y resolución ante situaciones de discriminación. Además, comparte procesos ante situaciones de denuncia e instancias previas a las mismas, como así también permite mejorar la coordinación interinstitucional para la resolución de alguna de estas situaciones.

Esta actualización del documento implicó a varias organizaciones vinculadas a la educación y los derechos humanos, como los subsistemas educativos de la ANEP, Dirección Nacional de Educación del MEC, Dirección de Discapacidad del Mides, integrantes del Grupo de Trabajo de Educación Inclusiva, representantes de gremios docentes e integrantes de la Universidad de la República.

Por otro lado, desde la Inddhh, las áreas implicadas fueron el Consejo Asesor Honorario de la Sociedad Civil Organizada de y para Personas con Discapacidad, el Mecanismo de Vigilancia y Monitoreo de la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Defensoría del Pueblo.

En cuanto a las actualizaciones del protocolo, el nuevo documento establece, por un lado, criterios más claros para identificar casos de discriminación con el objetivo de orientar las decisiones de las instituciones educativas, estudiantes y familias, tanto en centros públicos como privados.

Por otro lado, el documento introduce un énfasis en los principios de respeto y eficiencia. El primero refiere al cumplimiento de la normativa vigente en materia de inclusión, mientras que el segundo apunta a que los procedimientos se realicen con “diligencia”, “precisión” y en los tiempos adecuados.

Otro cambio relevante del documento es que detalla las acciones u omisiones que pueden vulnerar el derecho a la educación inclusiva. Entre ellas, se señala la prohibición de negar la inscripción o la permanencia de estudiantes en un centro educativo por motivos de discapacidad, así como imponer restricciones horarias o en determinadas actividades sin una indicación médica específica o sin diálogo previo con la familia y los técnicos vinculados al caso. Estas disposiciones, como el resto del protocolo, rigen para “todas las instituciones educativas del país, tanto públicas como privadas”, y de “todos los niveles de la educación”.

A su vez, el protocolo busca garantizar la participación plena de los estudiantes en actividades académicas, lúdicas, talleres y salidas didácticas, en relación con la accesibilidad física y la adecuación de los materiales. En ese sentido, plantea la necesidad de trascender las “barreras” existentes mediante el acompañamiento a los docentes, a través de la provisión de instrumentos, información y formación específica.

Por otro lado, el documento señala que, si bien el traslado del alumno a otra institución educativa no es una medida deseable, cualquier decisión en ese sentido debe ser previamente conversada y trabajada con la familia, con el objetivo de alcanzar un acuerdo.

“El sistema educativo todavía tiene dificultades para desarrollar procesos inclusivos”, afirmó Pablo Caggiani

En cuanto a la mirada de algunas autoridades presentes, Caggiani dijo durante la presentación que una de las ideas centrales de su gestión es “recomponer el derecho a la educación”. No obstante, señaló que “el sistema educativo todavía tiene dificultades para desarrollar procesos inclusivos”.

En ese sentido, mencionó una de las resoluciones aprobadas el año pasado, que obliga a los centros educativos a aceptar las inscripciones, independientemente de cualquier discapacidad que pueda tener el estudiante. Según agregó, “primero [hay que] inscribir y después ver qué se necesita para que efectivamente pueda haber una propuesta educativa que tenga la pertinencia, calidad y los cuidados que requieren cada uno de nuestros niños”.

Por otro lado, Quirici compartió que esta instancia representa una “síntesis positiva” de un proceso que “viene ocurriendo desde hace mucho tiempo entre diferentes instituciones y colectivos, en un área que en buena medida en términos históricos es nueva”. A su vez, expresó el compromiso del MEC para el apoyo y el compromiso de la educación inclusiva.

Pérez, por su parte, partió desde la mirada docente e hizo referencia a la “discapacidad de unirnos” para generar espacios de colaboración y encuentro que ayuden a terminar con las prácticas discriminatorias y asegurar el “acceso, permanencia y un crecimiento constante” para estos estudiantes. A su vez, enfatizó, al igual que los demás expositores, que los espacios educativos se puedan “transitar, desarrollar y culminar” para todos de la misma forma.

Por otro lado, Pérez reconoció que la primera reacción de los docentes ante un estudiante “distinto” suele ser el “no sé” o el “tengo miedo”, lo que puede llevar a un miedo generalizado o justificaciones que obstaculizan la inclusión.

Respecto a lo anterior, agregó que desde ANEP se apela a que ese miedo se mire con “valentía” y se reconozcan las dificultades prácticas de los docentes para crear “nuevas potencialidades” y “otras formas de enseñar y aprender”. “Tenemos tanto para aprender, pero también tenemos tanta experiencia que tiene que estar puesta en consideración para una enseñanza media y una enseñanza de jóvenes y adultos”, culminó.

El protocolo forma parte de una herramienta pública y está disponible en el sitio web oficial de la Inddhh y de la ANEP.