Dentro del gen uruguayo hay dos años que se relacionan de forma directa con la palabra crisis: 1982 y 2002. En ambos casos el centro del estallido fue el sistema financiero y sus coletazos múltiples en lo económico y social. Hace cuatro décadas fue el quiebre de “la tablita” lo que generó un cataclismo y, 20 años después, la crisis llegó de la mano de una débil regulación de la actividad bancaria y de negocios poco claros por parte de banqueros privados con el Estado como garante.

Ese momento en el tiempo se asocia a varios nombres, desde Jorge Batlle hasta el Fondo Monetario Internacional (FMI), pero como trasfondo subyacen de forma anónima los verdaderos actores: los ahorristas de los bancos afectados por la crisis de confianza del sistema, que vieron alteradas las condiciones pactadas para acceder a su dinero y debieron afrontar diversos problemas en su vida cotidiana. Son las microhistorias que conforman esa gran secuencia que recordamos como la “crisis del 2002”.

Los ahorristas afectados se cuentan de a miles, si bien no existe un número exacto, y el dinero en cuestión, de a millones. Ahí dentro aparecen personas de altos ingresos que confiaban su dinero para que fuera invertido en cuentas del exterior, pero también muchísima gente de clase media, que acumuló durante sus años de trabajo un ahorro que buscó resguardar en una cuenta bancaria… pero se vio engañada.

Ningún ciudadano de a pie contaba con información al respecto, pero desde inicios de 2002, y tras el quiebre institucional en Argentina de diciembre de 2001 –sucesión de presidentes, corralito y default–, comenzó a gestarse en Uruguay una corrida bancaria, que con el paso de las semanas tomó cada vez más fuerza. En primer lugar, la filial local del banco Galicia, que operaba mayormente con clientes argentinos, empezó a perder depósitos porque llegaban desde el vecino país a retirar los ahorros, ante las restricciones del corralito.

Según consigna un libro de 2017 realizado por los 50 años de historia del Banco Central del Uruguay (BCU), la institución había perdido al 21 de febrero 940 millones de dólares de reservas –aproximadamente una cuarta parte del total que había a enero–, en su mayoría “atribuibles” a entidades financieras que recurrían a “sus colocaciones para enfrentar retiros de depósitos”.

Esos movimientos de los clientes argentinos llevaron a que los uruguayos empezaran a desconfiar de poder tener acceso a sus ahorros y también se volcaron a realizar retiros. La ola expansiva continuó y, al llegar la mitad del año, ya no había dudas: tras la corrida, estaba tambaleando el corazón del sistema financiero. Los bancos no inmovilizan el dinero de los depositantes, sino que lo utilizan para dar préstamos a otros clientes. Entonces, si hay una crisis de confianza, ante el riesgo todos quieren tener sus ahorros y van corriendo al banco, pero así este no podrá responder a las exigencias; y en agregado, esa información llegará a más clientes, incluso de otros bancos, que repetirán la acción y ya el problema será endémico.

“El proceso de corrida bancaria fue muy rápido” y encontró al BCU –regulador del sistema– “sin posibilidades de responder a lo que pasaba” por el débil esquema de controles y la caída de las reservas, contó a la diaria el dirigente de la Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU) Pablo Andrade, que trabajaba por entonces en el Banco Montevideo. De hecho, recordó que en AEBU llevaban planillas de Excel con la caída del nivel de depósitos, a partir de datos que aportaban los funcionarios de cada sucursal, y así tenían un termómetro de la situación ante la falta de información oficial.

“Los ahorristas somos víctimas del sistema financiero. Los culpables acá son los dirigentes [políticos] y los banqueros, que no supieron conducir con eficacia. Los ahorristas apostamos a lo que nos vendieron, que, supuestamente, tenía el respaldo del Estado”. Estas palabras son de un integrante de la Asociación de Ahorristas –de apellido Trota, “un comerciante común y corriente”–, colectivo que acudió al Parlamento en diciembre de 2002 para dar opinión en la discusión legislativa sobre el futuro de los bancos cerrados meses antes.

Los bancos y su contexto

Todos los bancos fueron afectados por la crisis, pero cinco quedaron por el camino tras el cimbronazo de 2002. El Galicia fue el primero en ser intervenido por el BCU y luego pasó a un comodato judicial –aún no existía la ley de concursos– que incluyó una reprogramación de depósitos con respaldo de la casa matriz argentina.

Los otros cuatro mutaron tras un complejo proceso de reestructura en una nueva entidad –el Nuevo Banco Comercial, hoy Scotiabank–, que tomó parte de la cartera de clientes de cada uno. Dentro quedaron el extinto Banco de Crédito, fundado a inicios del siglo XX y que en la dictadura fue adquirido por el grupo inversor surcoreano Moon, asociado a la Iglesia de la Unificación; el Banco Montevideo, propiedad de la familia Peirano, que lo adquirió en los 90, aunque desde inicios del siglo estuvo ligada al negocio financiero y ya tenía antecedentes de haber fundido en la década del 70 los bancos Popular y Mercantil; La Caja Obrera, fundado un siglo atrás por el Círculo Católico de Obreros, incorporado al grupo de negocios de los Peirano; y el Banco Comercial, que registra actividad desde hace un siglo y medio, llegando a escena en los 90 los hermanos Carlos y José Rohm, banqueros argentinos que asumieron la gestión, aunque la propiedad era compartida con bancos internacionales como JP Morgan y Credit Suisse.

En agregado, la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Uruguay (Caycu), que en los hechos funcionaba como un banco captando depósitos y pagando sueldos, fue absorbida por la Cooperativa Nacional de Ahorro y Crédito (Cofac), aunque continuaron los problemas financieros y en 2006 pasó a manos del banco venezolano Bandes.

Si bien las historias detrás de los problemas en cada banco son muchas, podría resumirse en que tanto los Peirano como los Rohm estafaron a sus clientes. Estos últimos se calcula que fugaron unos 600 millones de dólares de depositantes uruguayos, dinero que salió hacia Panamá e Islas Vírgenes –territorios catalogados como “paraísos fiscales”– mediante triangulaciones entre empresas y testaferros. Carlos Rohm fue detenido en Argentina en enero de 2001 por asociación ilícita y lavado por sus negocios en ese país, su hermano José permaneció prófugo en Estados Unidos hasta su muerte en 2014 y la Justicia uruguaya procesó a siete ejecutivos que respondían a los empresarios argentinos.

La otra estafa, ligada al grupo argentino Velox con la pata local en los bancos Montevideo y La Caja Obrera, se calcula que implicó la fuga de al menos 800 millones de dólares de depositantes. Involucró a Jorge Peirano Facio, detenido y procesado en 2002 por la Justicia uruguaya –falleció en 2003–, así como a sus hijos Juan, Jorge, Dante y José Peirano Basso, que operaban como directores de unas 120 empresas en al menos diez países. Durante todo 2002, y con la corrida bancaria como trasfondo, los Peirano fugaron el dinero hacia paraísos fiscales.

Tres de los cuatro hijos fueron encarcelados en 2002 y recobraron la libertad cinco años después, aunque el proceso judicial continuó y en 2011 fueron excarcelados. Juan Peirano Basso se fugó a Estados Unidos y fue capturado allí en 2006, siendo procesado en 2008, aunque logró la “excarcelación por gracia” de la Suprema Corte en 2011. En 2013 los tres hermanos conocieron sus condenas, que fueron de nueve años de prisión por “insolvencia societaria fraudulenta” para Dante y José, y de tres años para Jorge. En tanto, en noviembre del año pasado, la Justicia uruguaya aprobó la extradición de José Peirano Basso a Paraguay para ser juzgado por la quiebra del Banco Alemán Paraguayo.

De depósitos e inversiones

“Había un descrédito general [hacia el sistema financiero]. La gente no llegaba a entender lo que había pasado con sus ahorros”, señaló Andrade. Allí apareció el rol de AEBU, relató, que en pos de mantener el andamiaje del negocio bancario, para evitar que “se rompiera la cadena de pagos”, apostó por “asesorar a los ahorristas para recuperar los fondos”. Esta visión no fue la reflejada por varios de los grupos de ahorristas que acudieron al Parlamento a finales de 2002, que entendían que el sindicato “jugó” para los bancos.

Uno de los promotores desde el gobierno de aquella ley que discutió y aprobó el Poder Legislativo, delineando una salida para la crisis financiera, fue el entonces presidente del BCU, Julio de Brun. Había llegado al cargo junto con Alejandro Atchugarry en julio de 2002, en pleno pico del derrumbe bancario y ante la salida del ministro Alberto Bensión y de César Rodríguez Batlle, que había presidido el banco desde el inicio del período. En diálogo con la diaria, De Brun señaló que hubo “soluciones varias, según el banco afectado”.

El exjerarca repasó que en el sector público se reprogramaron a tres años los plazos fijos en dólares del Banco República (BROU) –así como los depósitos a corto plazo del Banco Hipotecario pasaron al BROU– y el repago se terminó adelantando en el tiempo. Tanto el BROU como los demás bancos privados tuvieron un nuevo respaldo para sus depósitos, el fondo de estabilidad que se creó con un fondo de 1.500 millones de dólares, provenientes de organismos internacionales como el FMI.

Asamblea de ahorristas del Banco Galicia. (archivo 2002)

Asamblea de ahorristas del Banco Galicia. (archivo 2002)

Foto: Sandro Pereyra

“La base del plan de agosto” de 2002, que incluyó la ley de fortalecimiento del sistema financiero aprobada durante los cuatro días de feriado bancario –del 31 de julio al 4 de agosto–, fue que “los depósitos libres, o los respaldaba la banca privada con sus fondos, o los respaldaba el fondo de estabilidad del sistema financiero”, indicó De Brun. La lógica fue que, al reabrir los bancos tras el feriado, “lo que quedaba disponible para retirar”, que eran las cuentas corrientes y cajas de ahorro, tenían un respaldo de las entidades, y los depósitos en dólares y por montos elevados quedaban reprogramados. “En la medida en que fue volviendo a la normalidad el sistema bancario y se restableció la confianza, se fueron liberando. Por ejemplo, en el BROU no hubo tantos retiros y se conservaron buena parte de los depósitos”, recordó el exjerarca.

Para los bancos Comercial, Montevideo, La Caja Obrera y de Crédito, se realizó “un análisis de factibilidad” sobre la continuidad de la operativa y una “valuación de toda la cartera de clientes”; así se delineó “cuál podía ser el tamaño de un nuevo banco” que lograra garantizar su operativa, indicó De Brun. “Ninguno [de los cuatro bancos] era viable por sí solo y, en cualquier caso, el Banco de Crédito restaba”, por lo que se decidió una fusión de los otros tres, dijo. Para eso, se diagramó una estructura jurídica para ordenar el cierre de las tres sociedades anónimas y se determinó que sus activos, así como el dinero que había garantizado el Estado, fueran destinados a “constituir el capital del nuevo banco, cumpliendo así la normativa en materia de encajes [porcentaje de los depósitos que deben tener como reserva]”.

Respecto del Banco de Crédito, que “no se integró a la solución porque tenía una cartera [de clientes] muy mala”, De Brun detalló que se efectuó, mediante lo establecido en un artículo de la ley de diciembre de 2002, “un acuerdo entre el Estado y una mayoría especial de los depositantes”, que fijó la fórmula de liquidación de la entidad y de cobro de los acreedores, entre ellos, los ahorristas, que pasaron a ser tenedores de títulos de deuda pública.

La porción “más grande” de los depositantes logró cobrar “en valor nominal” el dinero que tenía en el banco al momento del quiebre del sistema, resumió De Brun. Pero lo relatado corresponde a una parte de los ahorristas, ya que otro grupo de personas que tenían dinero invertido a través de estos bancos en el exterior sufrieron una pérdida total, debiendo iniciar reclamos judiciales contra los Rohm y los Peirano, que resultaron infructuosos.

Al respecto, Andrade explicó que el Banco Montevideo y el Banco Comercial tenían “una fuerte operativa con productos offshore”, es decir que captaban dinero de clientes uruguayos y lo invertían en el exterior, aprovechando la “baja regulación” existente. Las personas tenían nula información sobre el destino de su dinero, que era invertido “en fondos de inversión propiedad de esos grupos económicos, los Rohm y los Peirano”. Todo terminaba en inversiones de alto riesgo y, cuando se desató la crisis en Argentina, “la calesita financiera que sostenía el pago de altas tasas de interés se comenzó a desarmar”, sostuvo.

AEBU advirtió a los presidenciables en 1999 sobre el riesgo de esta operativa creciente, dijo Andrade, y también el gremio cuestionó la compra de los Peirano de La Caja Obrera, lo “que les permitió tomar posesión de más recursos y amplificar la venta de productos financieros”.

Para el dirigente sindical, si bien AEBU tuvo reparos con parte de las soluciones que planteó el gobierno y propuso alternativas, “viendo la situación que había en 2002 o 2003”, los resultados fueron buenos. Igualmente, recordó “con dolor y tristeza” la situación que atravesaron miles de uruguayos, entre ellos, los clientes que “perdieron gran parte de sus ahorros” por estafas con inversiones lideradas por las dos familias de banqueros.

Adiós a los plazos fijos

Toda crisis tiene sus cicatrices y, en el caso de Uruguay en 2002, se cuentan de a miles las consecuencias. En diciembre de aquel año, el grupo de ahorristas contaba ante el Parlamento que “ya ocurrieron dos suicidios” de personas afectadas por la situación, y también planteaban el caso de los padres de “un niño que está muriéndose de leucemia” y no pueden acceder al dinero ahorrado para el tratamiento.

Desde el plano más mundano, el especialista en administración financiera Nelson Chicurel comentó a la diaria que la consecuencia más tangible de la crisis de 2002 en el sector bancario fue que los uruguayos abandonaron los plazos fijos. Es decir que aquellos depósitos que brindaban un interés a cambio de permanecer inamovibles por un período de tiempo perdieron vigencia, entre otras cuestiones, porque sufrieron reprogramaciones dentro de la fórmula aprobada en agosto. “La corrida financiera en 2002 fue brutal, se fue cerca de 50% de la plata [depositada en el sistema bancario]. La vuelta a la normalidad costó bastante y ocurrió que los ahorros pasaron a ser a la vista [que pueden retirarse en cualquier momento], ya no están en plazos fijos”, analizó Chicurel.

La salida a la que se llegó en medio de la crisis bancaria dejó a ahorristas más o menos damnificados según el caso, aunque cumplió con el objetivo de las autoridades de mantener de pie al sistema financiero. El 2002 fue el año en que los uruguayos dejaron de creer en los bancos, aunque también pasaron cosas que revirtieron la situación y no se cumplió la advertencia que hizo uno de los ahorristas ante el Parlamento en diciembre: “Si nos quitan un solo peso o dólar, se perderá la confianza, nadie más volverá a depositar y, como consecuencia, el sistema financiero quebrará”.