Falleció este martes la bebé de la niña de 12 años que fue sometida a una cesárea luego de que se le negara el acceso a un aborto legal en Jujuy, Argentina, según informó hace unas horas el Hospital Materno Infantil Dr. Héctor Quintana en el que estaba internada la recién nacida. Los servicios de salud de la provincia dilataron el proceso de aborto legal para que el feto madurara y pudiera vivir fuera del útero de la niña. En lugar de un aborto, le practicaron una cesárea el viernes pasado. La Organización Mundial de la Salud no contempla la cesárea como método de interrupción del embarazo. La bebé, de 24 semanas de gestación, falleció a menos de 96 horas de nacida, sin haber tenido contacto con la niña. Un porcentaje bajo de los nacidos prematuros sobreviven.
La niña quedó embarazada después de haber sido violada por su vecino de 58 años. Él amenazó con matarla si contaba lo que había pasado. Tuvo fuertes dolores abdominales y junto a su madre consultaron en un hospital de la provincia. La madre radicó la denuncia por violación y solicitó una Interrupción Legal del Embarazo (ILE), que en Argentina está habilitada en casos de violación sin límite en la edad gestacional.
Además de la exposición masiva que tuvo el caso, la niña de 12 años fue sometida a múltiples violaciones de sus derechos humanos. La intervención de los grupo provida, o antiderechos, derivó en que llamaran a la niña “Esperanza”, sin que fuera decisión de la niña ni de su familia. Además, un cura la bautizó también sin autorización de la familia.
El gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, generó polémica en estas horas al declarar que “una importante familia” quería adoptar a la recién nacida. Sus declaraciones fueron duramente cuestionadas, ya que el proceso de adopción requiere de una serie de requisitos legales que, en caso de cumplirse la voluntad del gobernador, hubieran sido salteados.