Media docena de grupos cristianos ultraconservadores de Estados Unidos repartieron millones de dólares en América Latina y promovieron la desinformación sobre la pandemia y otros temas de salud y derechos, revela hoy openDemocracy. Estos grupos forman parte de un conjunto de 20 organizaciones cristianas de derecha, varias de ellas conectadas con el gobierno del presidente Donald Trump, que gastaron al menos 44 millones de dólares de “dinero opaco” en América Latina desde 2007. Ninguna de ellas revela la identidad de sus donantes ni detalla cómo gasta su dinero en la región. Muchas ni siquiera mencionan sus operaciones latinoamericanas en sus sitios web.

Al menos tres de estos grupos atacaron a la Organización Mundial de la Salud (OMS) durante la pandemia, afirmando, por ejemplo, que estaba “usando la covid-19 para propagar el aborto”. La administración de Trump anunció este año que dejaría de contribuir con el presupuesto de la OMS. Dos de ellos respaldan iniciativas contra el aborto en América Latina y han sido acusadas de emplear “engaños y manipulación” contra mujeres vulnerables. Otra organización ha financiado una controvertida app de fertilidad que echa mano de consejos “engañosos” para desalentar el uso de anticonceptivos. Uno de estos grupos calificó la pandemia de covid-19 como “el esfuerzo más monumental en ingeniería social y trasvase ideológico de la historia”.

Todas estas entidades promueven una visión estricta de la “familia tradicional”, contraria al aborto y a la igualdad LGBTI. América Latina ya tiene una de las mayores tasas mundiales de embarazo adolescente y de asesinatos de personas LGBTI; muchos defensores de derechos humanos dicen que estas organizaciones están empeorando la situación.

Alejandra Cárdenas, de la organización internacional de abogacía Centro de Derechos Reproductivos, opina que nuestros hallazgos “demuestran la manipulación que hemos visto durante años por parte de la derecha cristiana estadounidense en América Latina y África, dirigida a resquebrajar el tejido social y las protecciones de derechos humanos por las que los movimientos sociales han luchado”. Estos grupos “utilizan el sur global como laboratorios de sus campañas de desinformación, con costos incalculables en la vida y el bienestar de tantas personas”, agregó. Humberto Costa, senador del Partido de los Trabajadores de Brasil, añadió: “Se confirma que hay una red internacional detrás de acciones que están claramente orquestadas para promover la desinformación y atacar a grupos específicos, con incitación al odio”.

Confundir a las mujeres

El presidente de la organización católica y conservadora Human Life International fue uno de los que sostuvieron que la OMS estaba “usando la covid-19 para propagar el aborto”. Su grupo repartió 2,3 millones de dólares en América Latina desde 2007. Junto con otra organización antiabortista estadounidense, Heartbeat International, respalda una red de “centros de embarazos en crisis”, que openDemocracy reveló este año, y que está acusada de confundir y manipular a mujeres de la región.

Otra entidad estadounidense, la World Youth Alliance (WYA), destinó un monto más modesto a América Latina –640.000 dólares– pero está involucrada en actividades criticadas por “confundir” a las mujeres sobre su salud. WYA promueve una controvertida aplicación sobre fertilidad (la app FEMM) que busca disuadir a las usuarias de usar métodos anticonceptivos, alegando que son peligrosos.

Si una usuaria pide a la app información específica sobre anticoncepción, esta contesta que no la suministra porque los “métodos artificiales” para prevenir un embarazo “pueden ser perjudiciales para la salud de la mujer porque suprimen la función hormonal. Las hormonas son necesarias en niveles suficientes para promover una salud óptima”. “La app es claramente tendenciosa”, dijo Grazzia Rey, profesora agregada de ginecología de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República de Uruguay, “porque obvia la evidencia científica que puede encontrarse en las guías del Ministerio de Salud Pública o de la OMS sobre la eficacia y seguridad de todos los métodos anticonceptivos”.

Si la usuaria indica que busca evitar un embarazo, la app recomienda abstinencia sexual permanente o en los días fértiles. Anita Román, presidenta del Colegio de Matronas de Chile, observó que tales “métodos naturales” tienen “un alto margen de inseguridad”, mientras que la abstinencia es “antinatural”.

En un “curso de entrenamiento” de la organización hermana de WYA, FEMM -creadora de la app-, una ginecóloga católica chilena sostuvo que las mujeres jóvenes toman píldoras anticonceptivas “no porque no quieran tener bebés, sino porque quieren ser hermosas”. Un estudio del Instituto Guttmacher de Estados Unidos halló que 86% de las mujeres usaban píldoras anticonceptivas primordialmente para evitar embarazos.

Conspiraciones sobre el covid-19

En febrero de este año, mientras las infecciones por coronavirus se multiplicaban, un veterano antiabortista escribió un artículo que fue reportado como “noticia falsa” por Facebook. Afirmaba que el virus fue creado en un laboratorio chino como arma biológica y luego liberado, intencionalmente o no. También Trump divulgó esta teoría.

El activista es Steven Mosher. Dirige el grupo estadounidense Population Research Institute (PRI), que publicó un libro en línea en español e inglés, donde se asegura que el desarrollo del virus por China tiene “una intención clara de modificar radicalmente el mundo conocido mediante ingeniería social”. Mosher también integra un grupo de lobby anti-China que cofundó con Steve Bannon, ex jefe de campaña de Trump. Bannon fue acusado este año de fraude en una recolección de fondos para construir un muro entre Estados Unidos y México, cargo que él niega.

PRI ha gastado más dinero en América Latina que en cualquier otro lugar del mundo, con excepción de Estados Unidos –más de un millón de dólares entre 2008 y 2017–. Si bien no está entre los principales emisores de dinero hacia la región, sí aparece entre los más activos.

Entre otras actividades, PRI asegura haber entrenado a personal de CitizenGo (el grupo conservador con sede en España que tiene nexos con varios partidos de extrema derecha en Europa) en el “uso de herramientas de estrategia política, comunicacional y análisis de escenario”. El director de PRI en América Latina, el peruano Carlos Polo Samaniego, integra el patronato de CitizenGo.

Polo es acusado por su hijo, el activista LGBTI Carlos Polo Villanueva, de haberle enseñado a manipular los resultados de una encuesta en línea sobre legalización del aborto en Perú. “Yo tenía diez o 12 años; mi padre me preguntó si quería ayudarlo con su trabajo. Me puso frente a la computadora y me dijo: ‘Vas a votar aquí en contra del aborto, luego vas a ir a cookies, vas a borrar las cookies, entras otra vez en la página web y votas de nuevo. Y así todas las veces que puedas’”, dijo el hijo de Polo a openDemocracy. También aseguró que los colegios católicos y evangélicos han obligado a sus estudiantes a concurrir a las “marchas por la vida” que su padre y otros conservadores organizan en Perú. “Yo fui a marchas contra el aborto siendo un escolar porque pasaban lista de asistencia en el colegio. En 2009 y 2010 fui obligado a marchar por mi colegio”, dijo.

Cuando openDemocracy le preguntó a Polo por las acusaciones de su hijo, no las negó. “Lo amo como hijo y lo respeto como persona, aunque no coincidimos en nuestras opiniones. PRI defiende y promueve la libertad de expresión de todas las personas”, contestó.

En abril, CitizenGo lanzó una petición en línea para desfinanciar a la OMS, alegando que es “el altavoz de la propaganda comunista china” y que con dinero público “promueve que se enseñe la masturbación a niños de cero a cuatro años” y “se fuerce a los médicos para que practiquen operaciones de ‘reasignación’ de sexo a los niños”.

Desinformación sobre la pandemia

Otro de los grupos que openDemocracy analizó es la American Society for the Defense of Tradition, Family and Property (TFP), que declaró un gasto de por lo menos 2,7 millones de dólares en América Latina desde 2007. Fundada en 1960 en Brasil como una red católica y anticomunista, su brazo estadounidense tachó la actual crisis sanitaria de “el esfuerzo más monumental en ingeniería social y trasvase ideológico de la historia”.

Uno de los grupos brasileños que hacen parte de la red TFP publicó artículos negando la existencia de casos de covid-19 en Río de Janeiro y asegurando que los números de muertes eran “inflados y manipulados” por medios y políticos para crear “miedo y desesperanza”. “Con la justificación de combatir el virus, la iglesia y los buenos son perseguidos”, dice uno de los artículos publicados en Brasil por el Instituto Plínio Corrêa de Oliveira asociado a TFP, en referencia al cierre temporal de los templos en ese país, que tiene la segunda mayor cantidad de muertes por covid-19, después de Estados Unidos.

Cárdenas, del Centro de Derechos Reproductivos, planteó que “el público debe conocer quiénes están detrás de este tipo de campañas y entender con qué causas políticas se alinean. ¿Qué interés tienen en debilitar los sistemas de protección de la salud pública, como la OMS? ¿Qué provecho sacan de ello?”. “La desinformación es central para la táctica de la extrema derecha latinoamericana de desmantelar derechos en la región”, apuntó Thiago Amparo, profesor de derecho en la Fundação Getúlio Vargas de San Pablo. “Al ser financiadas transnacionalmente, esas tácticas de desinformación sirven como mecanismo disruptivo de las democracias de la región”.

“No estamos al tanto ni detrás de ninguna campaña y ciertamente negamos que busquemos debilitar o tomar alguna medida contra la salud pública”, contestó American TFP. Los artículos publicados por su “organización hermana y autónoma” en Brasil “no constituyen pronunciamientos oficiales”, agregó.

Gastos no revelados

Nuestra investigación sobre declaraciones financieras presentadas al Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos encontró que 28 grupos cristianos y derechistas de ese país repartieron al menos 280 millones de dólares para actividades desarrolladas en todo el mundo desde 2007, con Europa a la cabeza (casi 90 millones de dólares).

Estos datos, sin embargo, subestiman la influencia internacional y el dinero de la derecha cristiana estadounidense en todo el mundo. Los montos que se reparten vía iglesias, o vía grupos registrados como “filiales de iglesias”, por ejemplo, no están incluidos en este total, porque esas organizaciones no tienen obligación de declarar lo que gastan.

La Asociación Evangelística Billy Graham (BGEA) es el grupo con más dinero repartido en la región, 21 millones de dólares entre 2007 y 2014, más otros diez millones en México y Canadá. La dirige Franklin Graham, hijo del fallecido teleevangelista y abierto aliado de Trump, para quien Dios estuvo detrás de la elección de 2016. Graham ha dicho, por ejemplo, que la cancelación de sus festivales en Europa por la covid-19 constituyen una “guerra espiritual”. A partir de 2014, BGEA dejó de declarar su información financiera, pues obtuvo una reclasificación como “asociación de iglesias”.

Focus on the Family, la segunda mayor fuente de dinero hacia América Latina (6,2 millones de dólares entre 2008 y 2018), ofrece programas en línea, podcasts y consejería en español con el mensaje de que la homosexualidad “no es normal” y la identidad trans “es un síndrome que se debe tratar”.

Cárdenas, del Centro de Derechos Reproductivos, acusa a todos estos grupos de “trabajar para resquebrajar todo un sistema de protección de derechos humanos, y se cuidan de hacerlo más explícito”. Y añade: “Ojalá esta investigación sea muy diseminada, y abramos los ojos ante su agenda completa”.

En respuesta a las preguntas de openDemocracy, Polo dijo que el PRI “cumple con las leyes en Estados Unidos y en Perú” y que toda su información financiera “está en registros públicos a disposición de cualquier ciudadano, como la ley determina”.

“Cumplimos por completo la ley en Estados Unidos en cuanto a lo que declaramos o no declaramos”, dijo a openDemocracy American TFP. Sobre los derechos de las personas LGBTI añadió: “Nuestra posición es la de la iglesia católica, que considera los actos homosexuales como un pecado grave”.

BGEA dijo a openDemocracy que fue reclasificada como asociación de iglesias porque llevaba operando como tal “muchos años, pues todo lo que hace BGEA es en cooperación con iglesias”, y porque tal clasificación le ofrece más protección ante la interferencia del gobierno.

Focus on the Family se limitó a señalar: “Creemos en el valor y la importancia inherentes a cada individuo, y por eso apoyamos con tanta pasión las políticas diseñadas para fortalecer a las familias en todo el mundo”.

HLI, WYA y CitizenGo no respondieron nuestras consultas.

Esta es una versión editada de un artículo publicado originalmente por el proyecto Tracking the Backlash de openDemocracy.